Siguen vigentes 14 amparos contra la termoeléctrica de Huexca

El proceso para frenar la obra y sus operaciones podría extenderse dos años más, pues se trata de un conflicto político, más que legal

Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuautla

  · miércoles 8 de febrero de 2023

El acceso a las instalaciones está prohibido para los representantes del movimiento, así como, a especialistas que coinciden con la negativa a la operación de la central. / Archivo | El Sol de Cuautla

A más de una década de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciara la construcción de la planta termoeléctrica de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, aún existen 14 amparos vigentes contra los elementos del Proyecto Integral Morelos (PIM).

De acuerdo con el representante legal del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), Juan Carlos Flores Solís, los trámites pueden desahogarse este año y el próximo.

Desde 2012, la CFE puso los cimientos de la central de ciclo combinado en Yecapixtla, y varias comunidades iniciaron los procesos legales pertinentes para frenar la obra y sus operaciones. A la fecha, los amparos promovidos siguen vigentes, pero el representante legal del movimiento reconoce que se trata de un conflicto político, más que legal.

"Legalmente, sí hay elementos para replantearse el proyecto en su conjunto y retirarse de diversas zonas. Sobre todo, el tema del agua, que es una cuestión de reparación, por todo lo que están robando y todo el tiempo de esta lucha", dijo el abogado.

A fines de 2021, la Subgerencia de Selección de Sitios de la CFE aseguró que la central entró en operaciones al 100 por ciento de su capacidad, versión que los habitantes de Huexca y los integrantes del FPDTA-MPT siguen rechazando.

Flores Solís manifestó que, el proceso legal podría extenderse dos años más, pues se aceleró la presentación de peritos especializados en vulcanología, psicología social e hidrografía para la realización de las pruebas faltantes.

Acusó, que la CFE bloqueó el acceso a las instalaciones de los representantes del movimiento, así como a especialistas que coinciden con la negativa a la operación de la central energética.

"A mí no se me permite hablar en lo absoluto en estas diligencias, ni hablar con mi perito, cuando es un derecho en el código civil, incluso preguntarles a las personas para esclarecer cómo está todo, hasta por acuerdo judicial, se me prohíbe eso", concluyó.



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