La pasada legislatura morelense quedó mucho a deber en materia de una agenda municipalista, no solo porque otorgó un apoyo considerado “insuficiente” en materia de laudos, sino también al no aprobar, en dos años consecutivos, sus leyes de ingresos, dejándolos a algunos con presupuesto de 2018 y 2019.
Al estar integrada la LV Legislatura por cuatro exediles, entre ellos quien es el nuevo presidente de la Mesa Directiva, se espera mucho en cuento al apoyo hacia los ayuntamientos, ya que han prometido desde campaña ayudarlos y fortalecerlos en materia financiera y legislativa, formando parte hasta de sus posicionamientos de apertura del periodo legislativo.
Desde finales del 2019, tras la extinción del impuesto adicional considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -que representaba el 25 por ciento de la recaudación-, los entonces alcaldes y alcaldesas de Morelos solicitaron a la LIV legislatura modificar la Ley de Coordinación Hacendaria, a fin de que les regresaran las participaciones por el impuesto del cinco por ciento que el gobierno de Graco Ramírez retuvo desde 2012 por el convenio de Mando Único.
Esta petición congeló la aprobación de sus leyes de ingresos 2020, puesto que un grupo de siete diputados locales aseguró que trataban de incrementar los derechos municipales, los munícipes rechazaron en todo momento que se tratara de ello, pero no fue suficiente para que los legisladores autorizaran sus presupuestos.
El 15 de diciembre de 2019, 25 alcaldes se manifestaron al exterior del recinto legislativo exigiendo la aprobación de sus leyes de ingresos; frente a la negativa de los parlamentarios a inicios de febrero de 2020 se manifestaron en Plaza de Armas con sus trabajadores y los integrantes de sus cabildos, pidiendo la intervención del Ejecutivo estatal ante el Congreso local.
Finalmente, los diputados rechazaron los dictámenes de leyes de ingresos de 32 de los 36 municipios de la entidad, situación que se repitió este año tras cuatro meses de mantener en la congeladora los dictámenes y de dejar a los ayuntamientos sin presupuestos actualizado, esto provocó que algunos ayuntamientos estén trabajando con las leyes de ingresos municipales de 2019 y 2018.
De igual forma, para el tema de laudos, los parlamentarios etiquetaron 20 y 10 millones de pesos en 2020 y 2021, respectivamente, para el Fondo de Aportaciones Estatales Concursables para el Pago de Laudos y Sentencias Ejecutorias, monto que los ediles consideraron como “escasos” cuando la deuda por este tema es por más de 600 millones de pesos; además de que criticaron los lineamientos de operación establecidos, ya que a pesar de cumplir con los requisitos es el gobierno estatal quien decide a quien otorgarle el apoyo.
A diferencia de la actual Legislatura, los hoy diputados han manifestado, como prioridad, trabajar una agenda municipalista, escuchando y apoyando a los 36 municipios del estado, no solo en temas económicos, sino también normativos para su correcta operatividad, toda vez que la LV legislatura esta conformada por tres exediles, Luz Dary Quevedo (Tetecala), Agustín Alonso Gutiérrez (Yautepec), Alberto Sánchez Ortega (Xochitepec), y Francisco Erik Sánchez Zavala (Yecapixtla), éste último es el presidente de la Mesa Directiva.
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