En conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) abrió el debate respecto “el derecho al olvido” que podría permitir a cualquier persona solicitar que se “borre” de internet información suya que le genere una “afectación”.

A través de la emisión semanal del programa IMIPE T.V, el comisionado presidente del instituto, Marco Antonio Alvear Sánchez, confirmó que en conjunto con la CDHM ya se trabaja en una iniciativa de reforma sobre el derecho al olvido en el estado. Actualmente se encuentran en la fase de análisis de las leyes que tendrían que ser modificadas.

También conocido como “derecho a ser olvidado”, permitiría a las personas físicas que así lo requieren que la información que se haya publicado sobre ella en Internet sea removida de la web bajo ciertas condiciones y por los mismos medios por los que fue incorporada, protegiendo así sus derechos a la intimidad, al honor y a la dignidad.

Para el presidente de la CDHM, Raúl Israel Hernández Cruz, quien participó en el programa, lo más trascendente del tema es proteger el derecho al prestigio, a la privacidad, el buen nombre, el honor de las personas y el concepto que se forman las personas “de una persona”.

Ejemplificó que hoy en día muchas personas que acuden a solicitar un trabajo deben acreditar que no tienen antecedentes penales o bien si desean ingresar al servicio público demostrar que no han sido inhabilitados, pero si fuera el caso de que sí lo estuvieron, pero el periodo de sanción ya fue cumplido, es ahí donde se plantea que esa información debía tener una temporalidad en la red para evitar dañar el buen nombre de esa persona.

“Hoy en las relaciones humanas estamos muy expuestos como individuos a las redes sociales y al almacenamiento de nuestra información en distintas plataformas, y cuando colocas el nombre de una persona en un motor de búsqueda generalmente te arroja información negativa, por eso es que planteamos que se pueda acceder al derecho al olvido o se pueda rectificar inclusive esa información”.

El comisionado presidente del IMIPE dijo que aún cuando México llega tarde “a la cita con la historia”, desde el instituto se impulsará la tutela del derecho al olvido.

A nivel internacional, el derecho al olvido en Internet tiene como referencia obligada la sentencia del 13 de mayo de 2014 emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En 2010, un ciudadano español solicitó la protección de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para remover de una página web datos que lo señalaban como deudor del sistema de Seguridad Social, el asunto fue resuelto más de 10 años atrás, pero al ingresar el nombre de la persona afectada en un buscador de Internet, era el primer resultado que aparecía, lo que a su juicio dañaba su imagen y reputación.

La AEPD determinó que la publicación en la página era legítima y que el buscador Google debía remover los enlaces de sus resultados de búsqueda e imposibilitar el acceso a los mismos en el futuro. Tanto Google Spain como Google Inc. presentaron recursos para solicitar que se anulara la resolución.

Sin embargo, el 15 de diciembre de 2015 se aprobó la reforma de ley en materia de protección de datos en la Unión Europea, que incluye un Reglamento General de Protección de Datos donde se reconoce formalmente el derecho al olvido.

En México, en diciembre de 2019 el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para “ampliar el ámbito del derecho a la cancelación” con el fin dotar a los usuarios de más y mejores herramientas jurídicas para la protección de sus datos personales en las plataformas digitales.

La iniciativa del senador morenista afirma que en el mundo globalizado e interconectado actual, el uso de las redes sociales, las plataformas, los medios de comunicación y las demás herramientas virtuales se ha vuelto indispensable. La revolución tecnológica, detalla, tiene un alto impacto en el escenario gubernamental, social y especialmente personal.

El proyecto en cuestión ha generado opiniones encontradas, pues hay quienes consideran que la reforma en realidad le abre la puerta a la censura al considerar que la información puede dejar de ser relevante o tener caducidad, situación sin precedentes en el sistema de justicia interamericano y mexicano. Permitir que los particulares tengan la facultad de suprimir definitivamente información en línea no solo es inconstitucional sino que representaría una violación a la libertad de expresión y acceso a la información con implicaciones globales.

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