A un año de su presentación, está en puerta la aprobación de la Ley de Videovigilancia en el Congreso del Estado que busca prevenir y combatir ilícitos mediante la colocación de videocámaras en espacios públicos y privados.
Este miércoles en Comisiones unidas de Seguridad Pública y Protección Civil, así como Puntos Constitucionales y Legislación, diputados locales aprobaron el dictamen en sentido positivo por mayoría, confirmó la diputada del Dalila Morales Sandoval, del Partido Acción Nacional (PAN), quien garantizó que se respetarán los derechos humanos y la transparencia, además de generar mejores condiciones en cuanto a los procesos de investigación.
Dentro de la propuesta entregada desde el 22 de mayo de 2019 por parte del Ejecutivo estatal pretenden que la Comisión Estatal de Seguridad Pública pueda generar un convenio con particulares para el intercambio de información en la investigación de los delitos, que, aseguró Morales Sandoval, generará mejores condiciones en el combate a la inseguridad.
La propuesta se encuentra incluida dentro del paquete de iniciativas en materia de seguridad promovidas por el gobierno estatal, la cual han señalado permitirá regular las cámaras que ya se encuentra en funcionamiento y tener un marco legal para la creación y consolidación de un Sistema Estatal de Videovigilancia que ayude en las tareas que coordinadamente pueden desplegarse en Morelos.
Hace un año, el diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, turnó la propuesta de ley ante el Pleno bajo el argumento de que incrementa la capacidad de operación al estar vigilantes las 24 horas, los 365 días del año; además de que sus efectos pueden catalogarse como un disuasor de delitos y coadyuvante en la investigación policíaca, pero no fue aprobada por los parlamentarios al requerir consensuarla con los diferentes establecimientos en la entidad.
Asimismo, fue autorizada también la iniciativa que busca evitar la violencia simbólica y mediática generada por la publicación, la difusión, así como la instalación y colocación de anuncios en vías, espacios, y transporte público, en los que se muestren imágenes y mensajes que generen cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.
