La presidente de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) en el Congreso Local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó que aprobarán un paquete económico 2019 donde no incluirá la concesión del destino final de la basura al Gobierno del Estado por hasta 30 años ni el reemplacamiento, medida que pretendían iniciar en febrero.
Aseveró que también en el proyecto creado por los diputados no incluirá el endeudamiento que quería efectuar el Poder Ejecutivo a los municipios por tres administraciones, así como buscarán respaldar tanto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) respetando el porcentaje que deben recibir conforme a la ley, 4.7 por ciento, 3.5 por ciento y 2.5 por ciento respectivamente de subsidio estatal.
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Priorizarán diputados gasto social y agrario
Diputados plantean otorgar un presupuesto de aproximadamente 25 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019 del Poder Ejecutivo redistribuyendo los montos en diferentes conceptos como es el campo, desarrollo social y seguridad pública, al cual pretenden otorgarles mil 400 millones de pesos entre gasto de inversión y gasto corriente, informó Marcos Zapotitla Becerro, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (GPMorena).
Señaló de igual manera analizan el rubro de salud donde en varias áreas se presentó una disminución de recursos, así como en la educación básica y el presupuesto asignado para el Poder Judicial en cuanto a las pensiones, ya que algunas se encuentran en ejecutorias de sentencia.
Asimismo, enfatizó plantean reducir el presupuesto al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) de 177 millones 738 mil pesos y al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) de 28 millones 025 mil pesos en este año al considerar grave el aumento extraordinario plasmado en el proyecto del Gobierno del Estado.
Indicó que el gasto operativo del órgano electoral local en números redondos está en 15 millones de pesos, pero lo que estaban planteando eran unos 90; además de que su equipo de asesores les informaron venía duplicado en dos anexos, “no es año electoral y dentro de lo importante, lo urgente y con urgencia necesitamos atender salud, seguridad pública y desarrollo social”.