Desde hace algunos años, los Ayuntamientos de Morelos se han visto envueltos en graves problemas financieros, en especial ante la mala administración y gestión de sus antecesores, lo cual ha provocado al día de hoy con un gobierno en su mayoría de izquierda, enfrenten una importante crisis e indefensión para salir adelante no sólo en materia de pago de nómina y laudos laborales, adeudos con prestadores de servicios, sino también para dotar de infraestructura y servicios municipales.
La iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2020 que remitió el presidente de la República a la Cámara de Diputados contiene importantes recortes a los recursos presupuestales que se destinan para los municipios de México, entre ellos la disminución del 0.5 por ciento en el gasto federalizado.
La falta de presupuesto pone en riesgo de un colapso a los municipios que difícilmente podrían salir, situación que se ha registrado también a nivel nacional, lo que ha dado paso a diferentes manifestaciones tanto en el Congreso de la Unión como en Palacio Nacional exigiendo que en el Presupuesto de Egresos 2020 se etiqueten los mismos recursos para seguridad, la creación de un nuevo fondo para infraestructura y salud, así como revivir el llamado Fondo Minero.
A nivel estatal, el pago de laudos laborales es uno de los mayores problemas a enfrentar. Al mes de agosto, el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal para el Estado de Morelos (Idefomm) informó que suman ya 24 municipios con una deuda en laudos que asciende a los 590 millones de pesos, entre los cuales se encuentra Puente de Ixtla, uno de los más afectados por esta situación y el cual en el mes de septiembre fue destitución e inhabilitado por seis años los integrantes del Cabildo.
En entrevista, el alcalde Mario Ocampo Ocampo, refirió que entre los cobros a solventar se encuentran 15 millones de pesos a elementos policíacos, así como alrededor de 60 millones de pesos por 400 sentencias a trabajadores, que vienen acarreando desde el 2003.
Este tipo de dificultades los ha dejado limitados para operar en sus responsabilidades como administración; además de que la gran mayoría de los Ayuntamientos han tenido que enfrentar las múltiples protestas ciudadanas por los inoperantes Sistemas Operadores de Agua Potable.
Hacia diciembre del año pasado, la deuda de los sistemas operadores de agua con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ascendía a más de 80 millones de pesos, con un 90 por ciento por parte del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), el más importante del estado.
Añadiendo que al cambio de cada administración municipal se denuncia como la "caja chica" del municipio pero sigue padeciendo los mismo problemas financieros ante la poca recaudación y la malversación de recursos que ocasionan no tenga la suficiencia presupuestal para cumplir con su labor.
De acuerdo al Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", SAPAC se encuentra en riesgo de un colapso operativo y financiero, debido a que datos como el desempeño y las finanzas de la institución se deterioran a gran velocidad, la gobernabilidad interna se debilita y la inconformidad ciudadana incrementa.
De igual modo, las jubilaciones y pensiones generarán una crisis importante en Morelos, la cual actualmente afecta a los municipios, como ejemplo Cuernavaca, donde la comuna destina el 10 por ciento de su presupuesto total para el pago de estos derechos, lo que equivale a 177 millones de pesos, confirmó el regidor y presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Martínez Dorantes, advirtiendo es una situación que la comuna arrastra desde las últimas tres administraciones.
Mientras que en Cuautla tienen cerca de 150 jubilaciones pendientes por dictaminar ante la negativa de pasadas administraciones para desahogarlas, por lo que están analizando las cuentas a solventar, así como verificar si cumplen con los requisitos de ley.
"Es un porcentaje grande pero todavía no representa más del 50 por ciento del presupuesto pero sí cada día crecen más y cada día tenemos más gente que está por jubilarse en seis meses o un año, entonces seguirá creciendo porque hay petición desde el 2017", precisó el secretario municipal de Cuautla, Alfredo Escalona Arias.
Añadiendo a este tipo de situaciones, actualmente los municipios deben afrontar la cancelación del cobro del llamado impuesto adicional en sus Leyes de Ingresos 2020, luego que fuera determinado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto dio paso a una reunión entre los legisladores locales y un grupo de munícipes, quienes exigen ajustar a la alza una parte a derechos, de tal forma que se pagará lo mismo que el año pasado pero no afectará las finanzas de las arcas municipales.
Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla, aseguró que el hecho de no obtener el 25 por ciento de la recaudación (lo que representa el impuesto adicional) los dejará en una gran indefensión para la entrega de servicios municipales; especialmente al municipio de la zona sur que en este 2019 a registrado una recaudación de aproximadamente 26 millones de pesos, recurso que es utilizado para otorgar ciertos servicios públicos como obra pública, de limpia, agua, entre otros más.
Por lo anterior, este viernes cerca de 26 presidentes municipales se reunieron de manera formal con los diputados locales, encabezados por el presidente del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, con el objetivo de llegar a acuerdo respecto a la eliminación del impuesto adicional en sus respectivas leyes de ingresos, una reforma a la Ley General de Hacienda Estatal y gestiones en obra pública.
Al término de la reunión, los ediles se comprometieron a entregar a más tardar el próximo martes una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal y a la Ley General de Hacienda para la obtención del 25 por ciento que representaba el impuesto adicional.
Además, solicitaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública un adelanto de recursos para la ejecución y entrega de servicios como es obra pública, aunque la diputada presidenta del órgano legislativo, Rosalina Mazari Espín, aseveró no habrá un incremento en impuestos y derechos.
"No van a subir los costos de los impuestos y derechos que pagan los constribuyentes porque este Congreso ante todo tiene la obligación moral y el compromiso con los ciudadanos de no aumentar impuestos y lacerar la economía de los ciudadanos", recalcó la legisladora priista.
En representación de los alcaldes, Sergio Livera Chavarría, presidente de la Junta de Gobierno del Idefomm, confirmó que apenas comenzarán la elaboración de la propuesta, por lo cual se negaron a informar más al respecto.
Desde la Máxima Tribuna del Estado, la diputada Dalila Morales Sandoval, del Partido Acción Nacional (PAN), exhortó a los legisladores del Congreso Federal, establecer en el presupuesto de egresos 2020 para los municipios del país, recursos adicionales etiquetados para infraestructura urbana, cultura, turismo y seguridad pública, así como el incremento en al menos 10 por ciento de las participaciones en los ramos 28 y 33 destinadas para los municipios.
Lo que estará en juego durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2020, es el futuro de las familias de México que requieren para su pleno desarrollo de importantes obras de infraestructura municipal, que se les garantice un entorno sano con obras de agua potable y alcantarillado, mantenimiento de avenidas y pavimentación de calles, entre muchas otras carencias derivadas del crecimiento de la población.
Como un mecanismo para auxiliar a los Ayuntamientos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la LIV Legislatura local, planteó la creación de un "Fondo de Estabilización Laboral de los Municipios", con un presupuesto de 50 millones de pesos, redireccionando 25 millones del presupuesto del Congreso y de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal, respectivamente.
Igualmente, presentarán en el Pleno una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado para que del total de los recursos que recibe el Estado de la Federación, en el llamado "Fondo General de Participaciones", en lugar de que el Poder Ejecutivo entregue un 20 por ciento, se incremente hasta el 25 por ciento, recibiendo el próximo ejercicio fiscal 425 millones 959 mil pesos adicionales.
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