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Presente en todo el mundo, el impuesto predial alcanza a toda familia mexicana una vez al año, recurrencia con la que los ciudadanos deben cumplir con una obligación que ha estado presente en el país desde el siglo XIX, y que a la fecha genera debates (muchos ciudadanos siguen cuestionando la validez del gravamen y, desde luego, se niegan a pagarlo), análisis y denuncias, cuando las autoridades municipales, responsables de su recaudación, manejan los recursos de manera sospechosa, como ocurrió durante la última administración municipal de Cuernavaca.
En 2022, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a cargo de José Luis Urióstegui Salgado, presentó una denuncia contra el gobierno que le precedió, al mando de Antonio Villalobos Adán, por utilizar recursos generados durante las campañas de pago anticipado del impuesto para hacer frente a los últimos gastos del ejercicio fiscal de 2021, cuando no debía hacerlo, según da cuenta Roberto Salinas, del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas.
La implementación de campañas de pago anticipado, en que los ayuntamientos aplican atractivos descuentos a los contribuyentes, genera el escenario ideal para que los gobiernos incurran en prácticas como la que se denunció en Cuernavaca.
“Es muy probable que se esté haciendo en la mayoría de los municipios, y eso se debe también a que no hay una práctica de rendición de cuentas y transparencia de los ayuntamientos. Cuando ves que no quieren transparentar, ya entran dudas de cómo se está utilizando el recurso, que podría estarse desviando, o no hay un orden de una programación presupuestal”, explica Salinas, quien ve en estas prácticas un posible intento de los gobiernos locales por hacer frente a los gastos administrativos de fin de año, como el pago de los aguinaldos.
“Debe usarse para el mantenimiento de la propia ciudad, pero como no hay ese orden en las administraciones, el recurso termina yéndose a otros gastos, la nómina o los aguinaldos, que a veces es complicado de pagar para los municipios”.
Impera la falta de transparencia
Durante una década, a partir de 2010, este centro de investigación intentó hacer un estudio pormenorizado sobre el cobro y uso de los recursos del impuesto predial en todos los municipios de Morelos, encontrándose con un factor común que dificultó lograr la exhaustividad que se pretendía: la falta de transparencia de los ayuntamientos.
“Para nosotros ha sido muy complicado darle seguimiento a este tema en los municipios. Ahora lo estamos haciendo en Cuernavaca y sí hay intercambio de información, pero en el resto de municipios hace unos tres años intentamos tener información, pero se niegan rotundamente a transparentar, ese es un problema”, agrega Roberto Salinas.
En efecto: los resultados de aquellos años de investigación fueron plasmados en una gráfica que se detuvo en 2019. El documento señalaba en color rojo aquellos municipios cuyas oficinas se negaron a proporcionar información de la recaudación del impuesto predial, y es el color que predominaba en la mayoría de los ayuntamientos. Sin embargo, Huitzilac, Tetela del Volcán, Miacatlán y Axochiapan destacaron por encima del resto, porque mientras algunos sí llegaron a facilitar la información requerida, especialmente en los años más recientes, estas cuatro localidades jamás lo hicieron.
¿Cuánto pagan los morelenses?
El escenario de una recaudación pobre explica las campañas de cobro anticipado del impuesto con atractivos descuentos, una medida con la que los municipios buscan atraer al mayor número de contribuyentes y con ello tener mayores ingresos para el ejercicio fiscal entrante. En la región oriente del estado, Ayala, que en 2014 recaudó más de ocho millones de pesos en impuesto predial, ha llegado al límite de sortear automóviles con tal de alentar a la ciudadanía a cumplir con su obligación fiscal.
En Cuautla, el ayuntamiento busca recaudar 50 millones de pesos al final de 2023, un incremento en la proyección fijada el año pasado, que fue de 37 millones 330 mil pesos, pero apenas el 6.06 por ciento de todos los ingresos proyectados para el municipio: 610 millones 247 mil pesos, según la Ley de Ingresos.
