Miembros de la sociedad civil y abogados presentaron este miércoles un juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por violar la paridad de género en su gabinete y ante la ingobernabilidad que persiste en la entidad desde su toma de protesta.
El 1 de octubre de 2018 Cuauhtémoc Blanco Bravo tomó protesta como mandatario estatal bajo la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT), utilizando como sus promesas de campaña mejorar la seguridad, transparencia y erradicar la corrupción, entre otras cosas; sin embargo, cerca de dos años de gobierno las denuncias y quejas en su contra no han cesado, en especial ante la emergencia sanitaria de Covid-19.
Este último punto trajo consigo que el Poder Legislativo recibiera el día de ayer 15 de julio la primera denuncia de juicio político como mandatario estatal “por los actos y omisiones que constituyen violaciones graves al marco constitucional vigente y a las responsabilidades que afectaron y afectan la legalidad, lealtad y eficiencia que debió observar en el desempeño de sus funciones”.
El ciudadano Christian Nava Sánchez, entregó la solicitud respaldado por el Jurídico “Perguz y Asociados”, quien subrayó muchos morelenses están hartos de la ingobernabilidad que persiste en el Estado, misma que se vio fortalecida por la pandemia de covid-19, que Blanco Bravo no supo manejar, posicionando a Morelos como el primer lugar per capita en el mal manejo del nuevo virus.
Además de este hecho el juicio político es por la falta de paridad en el gabinete estatal al contar con un gabinete donde sólo fueron incluidas cinco mujeres , entre ellas su esposa, Natalia Rezende Moreira, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en tanto que el resto de sus colaboradores son varones.
De acuerdo con la Constitución Política del estado de Morelos en sus artículos 19 y 70 fracciones VI y XIX, el mandatario estatal está obligado legalmente a nombrar a su gabinete con el 50 por ciento de hombres y el 50 por ciento de mujeres, de no hacerlo representaría una violación grave y directa a la Constitución local que se sanciona con juicio político.
Asimismo, Nava Sánchez indicó que dentro de la solicitud se establece que el gabinete estatal no cumple con tres años de residencia en el Estado para poder ser funcionarios públicos, señalando como un claro ejemplo al actual secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, que en 2017 pretendía ser diputado plurinominal en el Estado de México y en 2018 ya se encontraba dentro de la nómina morelense.
“El juicio político es por las omisiones de diferentes tipos ante la ley que eso ocasiona responsabilidades que se les debe fincar mediante el Congreso y todos los recursos jurídicos, políticos y sociales están plasmado en la demanda de juicio”, subrayó.
La demanda de juicio político fue entregada a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso de Morelos.