La protesta violenta en Jonacatepec y la molestia de la gente por no ser escuchada respecto a la inseguridad pudiera repetirse en otros municipios, alertó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz, y es que advirtió molesto, el tema y la gran violencia en la entidad ni siquiera fueron considerados en la reunión del XLIII Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Ayer el ombudsman acudió a la sesión del consejo estatal de seguridad, al salir lamentó que los responsables de la seguridad y el ejecutivo asistente, cuando tienen la oportunidad de abordar los asuntos de enorme interés para la sociedad, estos son relegados.

En el encuentro privado, confió solamente se dio cuenta del trabajo que se pretende hacer contra los vehículos que transitan en el estado con permisos del estado de Guerrero, además de las sanciones que se harían acreedores y reactivar el Repuve.

Pero se dejó de lado lo que en la comisión que encabeza ha hecho énfasis de la preocupación ciudadana como son los índices de violencia o la situación de inseguridad que vive de manera precaria la sociedad morelense, "especialmente en el índice de homicidios, feminicidios, y tanta violencia que hay y que estos espacios donde acuden tantas autoridades debería ser para eso pero no se dijo nada de eso".

Además de la omisión al tema de la alerta de viaje de Estados Unidos para Morelos, tampoco se habló sobre la queja de la gente de Jonacatepec que ante la falta de respuesta de las autoridades se ven orillados a recurrir a la protesta violenta en reclamo de mejores condiciones para ejercer sus derechos y libertades, y el estado en este momento no lo está garantizando.

"Y tenemos nosotros la preocupación de que la protesta de la gente con bloqueos pudiera replicarse en otros municipios de la entidad, que se sume al estado de crisis en la materia de seguridad en todas las regiones de Morelos".

Por esta acción de la gente, dijo el organismo de inmediato envió al gobierno estatal una serie de recomendaciones para que se tomen medidas y garanticen la seguridad de las personas en esa región, y no escale la violencia que originó esta manifestación.

Asimismo la CDHM inició la queja de oficio 083/2019 por los hechos acontecidos en Jonacatepec, solicitando se informe sobre los hechos a la secretaría de Gobierno, a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), al edil de Jonacatepec y al titular de Seguridad Pública en dicho municipio.

Como parte de la queja, tendrán un lapso de 10 días hábiles para dar contestación en el ámbito de su competencia y de sus obligaciones, y se dé cuenta de lo que pasó y sobre todo informen sobre que se está haciendo para evitar estas situaciones y se garanticen las condiciones de seguridad.

Asimismo, a la Fiscalía Regional también se les estará solicitando un informó, derivado de las denuncias que hicieron por extorsión.

Por su parte, Jesús Contreras Trinidad, ayudante municipal de San Gabriel de Jonacatepec señaló que después del cierre carretero, ayer acudieron a la Fiscalía de la Región Oriente para denunciar los hechos de extorsión de los que han sido víctima, además de que anunciaron que no permitirán el acceso a personas ajenas a la comunidad.

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El ayudante municipal acusó que desde hace ya algunos días han sido víctimas de extorsión, tanto comercios como, transportistas, por lo que señalaron que al ver que las autoridades no les han escuchado llevaron a cabo los bloqueos, logrando ser canalizados a la Fiscalía de la Región Oriente para llevar a cabo las denuncias correspondientes.

Señaló que tras registrarse esta situación, se le informó al edil se le había notificado de esta situación, sin embargo, acusaron que el alcalde minimizó la situación al señalar que las extorsiones se realizaban del interior de algún penal, pero los manifestantes aseguraron que esto es gente que esta fuera, por lo que pedían la intervención de las autoridades.

“Ellos ya nos mandaron avisos y advertencias, por eso creemos que no están en penales, por pedimos que llegue la Guardia Nacional a nuestra comunidad, porque hay temor, por lo que nosotros ya dimos un ultimátum que gente ajena a la comunidad no va a entrar a menos que se identifiquen, para así evitar que seamos víctimas de algún delito”, precisó el ayudante municipal.

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Con la denuncia que presentaron por extorsión, los habitantes señalaron que esperan las autoridades puedan dar con los responsables de realizar las extorsiones en contra de la comunidad, y así hagan justicia por quienes han tenido que cerrar sus negocios debido al temor que tienen.

Con información de Dulce Gaviña y Ofelia Espinoza