La actividad minera es de suma importancia para la sociedad actual, tanto a nivel internacional y nacional se requiere de los aportes de la minería para el correcto funcionamiento de la sociedad.

Desde la construcción de casas, edificios, la fabricación de aviones, automóviles, celulares, pantallas, medicamentos, equipos médicos, computadoras, y una infinidad de productos requieren de los insumos proporcionados por la minería y de esa manera acceder a los beneficios y la comodidad que nos ofrecen estos productos.

En el caso del sector agropecuario, requiere de los aportes de la minería para cubrir la producción de alimentos que demanda la sociedad.

Prácticamente todos los sectores productivos, ya sea de transformación, producción, comercio, servicios, investigación, necesitan de la minería.

En el rubro económico, según datos proporcionados por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) al cierre de octubre del 2019, la minería en México generó 385 mil trabajos directos, y se estima que la minería contribuye en la creación de 2 millones de empleos indirectos.

Hay que mencionar, que distintos estudios económicos confirman que los salarios de la industria minera son 30% superiores al promedio de los salarios que se ofrecen a nivel nacional.

Por su parte, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal reporta que el sector minero-metalúrgico en el 2018 representó el 8.2% del PIB Industrial y el 2.4% del PIB nacional.

Como se puede apreciar, la minería resulta fundamental para el desarrollo social y económico, por tal motivo en el contexto de la emergencia de la pandemia del Covid-19 el gobierno de México reconoció a la minería como una actividad esencial.

Para su correcto desempeño, la minería tiene que cumplir con un robusto marco jurídico de leyes ambientales y fiscales. A partir de este marco legal, la actual administración pública federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha establecido un conjunto de políticas públicas para garantizar que la minería contribuya al desarrollo de las comunidades y al respeto del medio ambiente.

Es decir, estamos hablando que la minería es una actividad altamente regulada por el gobierno federal, que para su funcionamiento se tiene que alinear a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, así como al programa sectorial de economía y al programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales, estos programas fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en los meses de junio y julio respectivamente.

No esta de sobra mencionar, que el sector minero en México también tiene que cumplir con regulaciones internacionales en el tema de los derechos humanos, aspectos del medio ambientales, seguridad, y cuestiones técnicas.

A nivel nacional, en México existen 212 municipios en donde se desarrollan actividades mineras, estos municipios han logrado articularse con los proyectos mineros mediante el establecimiento de acuerdos entre las empresas y las comunidades para definir e implementar proyectos de desarrollo comunitario. Lo que permite hacer participe a los habitantes de estas comunidades de los beneficios que genera la minería.

En la relación de los proyectos mineros y las comunidades anfitrionas de estos proyectos, el desarrollo comunitario ha permitido poner en marcha acciones de colaboración que contribuyen de manera directa al beneficio de las comunidades.

En el caso de Morelos, el Proyecto minero Esperanza de la empresa Esperanza Silver de México, que busca establecerse en la comunidad de San Agustín Tetlama del municipio de Temixco, ofrece este novedoso modelo de ganar-ganar.

La inversión que tiene prevista realizar la empresa Esperanza Silver de México para sacar adelante este proyecto minero se estima que sea de alrededor de 450 millones de dólares distribuidos en 10 años, con el potencial de abrir 1,500 empleos directos y 6,000 empleos indirectos, aproximadamente. Aunado al establecimiento de una red de proveedores locales

San Agustín Tetlama y Temixco, tienen a su favor que el Proyecto Esperanza se encuentra diseñado en función de un Nuevo Modelo de Minería Social y Ambientalmente Responsable, el cual incorpora todos los aspectos sociales y ambientales que exigen las políticas públicas que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Este Nuevo Modelo de Minería tiene la novedad de que se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

Esta alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es resultado de que el Proyecto minero Esperanza retoma las propuestas establecidas en el documento “Cartografía de la minería en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un atlas” el cual es un libro blanco elaborado en conjunto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia, la Red de Soluciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Foro Económico Mundial.

Este libro blanco tiene como propósito ofrecer a los gobiernos, a la sociedad civil y a los proyectos mineros, una plataforma de conocimiento, entendimiento y ejemplos de buenas prácticas de cómo la minería puede ajustar sus procesos de cara al cumplimiento de lo Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y de esta manera ampliar las oportunidades de desarrollo y bienestar para las comunidades. Este documento que demuestra la viabilidad de la actividad minera y el desarrollo sostenible se puede consultar en el siguiente link: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/Extractives/Mapping_Mining_SDGs_An_Atlas_SP.pdf

Con lo anteriormente mencionado, se aprecia con claridad que la minería del siglo XXI tiene el sello del desarrollo sostenible, mediante la prevención y mitigación de los impactos ambientales, con miras al desarrollo económico y social de las comunidades.