Las ex funcionarias Martha Patricia Bandera Flores y Karina Arteaga, quienes laboraron para la pasada Legislatura, solicitaron la protección de la justicia laboral para evitar perder las "pensiones doradas" que les autorizaron los ex diputados; su inconformidad se debe por las acciones de los integrantes de la LIV Legislatura para arrebatarles el beneficio.

A la lista de quienes en Morelos se niegan a perder la "pensión dorada", ahora se agrega Martha Patricia Bandera Flores, gente de Rodrigo Gayosso Cepeda; quien era secretaria de administración en la pasada Legislatura.

Cabe recordar que cuando el pleno del Congreso avaló su pensión, causó sorpresa porque se le aprobaron casi 43 mil pesos al mes por 27 años de servicio a sus 42 años, lo que significa 82 por ciento de su último salario; de acuerdo con los datos de su perfil, comenzó a trabajar en el servicio público a los 18 años.

Por eso, el Juzgado Primero mediante el acuerdo 19/10/2018, aceptó su reclamo en contra de los actos del Congreso;"se tienen por enunciadas las pruebas que ofrece, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva el juicio en que se actúa", refiere el acuerdo.

A su vez, Karina Arteaga Gutiérrez, quien fue directora de Recursos Humanos, fue jubilada con 90 por ciento de su último salario, entres los 30 y 40 mil pesos con 45 años de edad y 27 años de servicio, lo que implicaría que comenzó a trabajar en el servicio público a los 16 años; logró el beneficio como gente de Jaime Álvarez.

Según el acuerdo, 18/10/2018, la beneficiada con la pensión dorada, pide que no se suspenda su salario en caso de una acción legal del Congreso; "se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que de encontrarse suspendidos los pagos de la pensión por jubilación a la parte quejosa, se levante dicha suspensión y se realicen los pagos correspondientes a la referida pensión por jubilación; lo anterior, hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables el auto que declare ejecutoriada la sentencia definitiva", precisa.

La parte quejosa, refirió la autoridad, solicitó la suspensión del acto reclamado a efecto de que no se le deje de pagar el pago de su pensión, por lo que se emitirá pronunciamiento de ello.

Incluso puso como prueba una cuenta Banorte para exhibir al Congreso por sus pagos, y es que "en atención a que la pensión por jubilación que le fue otorgada mediante decreto publicado el 8 de agosto de 2008, la que bien o mal otorgada, constituye un derecho adquirido", se expone en el acuerdo.