En agosto de 2012, el ayuntamiento de Cuautla selló su futuro por la próxima década: fue entonces cuando el gobierno municipal, encabezado por el exalcalde Luis Felipe Güemes Ríos, autorizó la concesión del servicio de estacionamiento en la vía pública controlado por parquímetros a la empresa Iberparking S.A. de C.V., decisión que encontró inmediatamente el rechazo ciudadano, se convirtió en un problema sin solución, hasta ahora, y transmutó en una deuda para el municipio, que hoy asciende a los 124 millones de pesos, que es lo reclama la empresa como indemnización por no haber entrado en operaciones.

De acuerdo con el acta de cabildo de la sesión extraordinaria 89 de aquella administración, la implementación de un sistema de estacionamiento en la vía pública controlado por parquímetros en Cuautla buscaba “resolver en gran medida un serio y sentido problema para la autoridad municipal y la población en general por el creciente y desmedido número de vehículos automotores, como ocurre en el resto de las poblaciones urbanas del país”, según se lee en el documento firmado el 22 de agosto. Sin embargo, los comerciantes del primer cuadro de la ciudad encontraron un abuso al que no quisieron estar sujetos.

“Lo que se ha buscado es que no se instalen ese tipo de parquímetros en la ciudad porque la calle es pública, es de todos, no tiene un dueño, y el hecho poner un parquímetro en cierta zona afecta a los comerciantes, porque estaría presionando a los clientes a comprar y retirarse rápido. Con el tiempo, dejarían de comprar en el centro y todos se irían a la plaza de Tetelcingo, donde tienen la ventaja de que el estacionamiento incluye seguro para sus vehículos”, explica Alejandro Zaragoza Miranda, representante legal del grupo ciudadano que se opone a la operación de los dispositivos.

La deuda

En la conferencia de prensa ofrecida por el gobierno de Cuautla este 26 de abril, donde se rindió un informe general sobre la situación financiera del Ayuntamiento, el titular de la contraloría municipal, Iván González Peralta, explicó que la deuda que el municipio tiene con la empresa es de 124 millones de pesos, mientras que, jurídicamente, se han emprendido acciones para detener la demanda promovida por la empresa.

“No estamos de brazos cruzados, ya se tomaron las acciones legales correspondientes. Se presentó un amparo, una suspensión para efectos de la ejecución de esa sanción, ese requerimiento por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, y es parte de lo que decimos: las omisiones que costaron millones de pesos al municipio de Cuautla y la ciudadanía”, dijo el funcionario.

Durante el gobierno del exalcalde Jesús Corona Damián la pérdida económica del Ayuntamiento por incumplir con la operación de los parquímetros equivalía a 30 mil pesos diarios. En la conferencia, González Peralta declaró que el exalcalde realizó un pago de 40 millones de pesos a favor de la deuda, sin que este abono redujera el monto final, por lo que cuestionó el destino de esos recursos: “De acuerdo con la documentación firmada, esa deuda no bajó”, dijo.

Actualmente, la no operación de los parquímetros se sustenta en la obtención de una suspensión definitiva para su instalación y el pago de la deuda ante juzgados federales, pero está supeditada a la revisión del proceso legal que inició la empresa contra el Ayuntamiento, según explicó el contralor.

Una empresa, tres nombres

En 2020, luego de que la empresa, ahora presentada como Park In, anunciara el inicio de operaciones de sus dispositivos, el grupo ciudadano en contra de los parquímetros exigió la intervención de la Fiscalía Anticorrupción del estado ante una posible serie de irregularidades en el contrato entre el ente privado y el gobierno municipal, entre las que destacaban los dos cambios de razón social que había sufrido la compañía desde la firma del convenio, inicialmente pactado con Iberparking S.A. de C.V. Posteriormente, la empresa se presentó en Cuautla como Parking Spot y, finalmente, como Park In.

“Ya no es la empresa que ganó la concesión, eso lo hemos sostenido: hay una falta de personalidad y vamos a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción para que se haga una investigación a fondo de cómo viene operando la empresa”, dijo entonces Zaragoza Miranda.

El abogado se ofreció entonces a promover los amparos de quienes se negaran a pagar el estacionamiento por parquímetro. En total, el litigante recibió 69 amparos, algunos de los cuales fueron rechazados, según reconoció el mismo: “Unos han tenido respuesta y la resolución obviamente se ha negado, porque la ley maneja que, como ciudadano, puedes solicitar una tarjeta en la cual te exentan del cobro”, explicó.

De acuerdo con un comunicado publicado por la propia empresa en enero pasado, ésta tuvo que continuar con el proceso legal contra el Ayuntamiento cuando la administración pasada omitió publicar el reglamento correspondiente, “mismo que fue aprobado por el cabildo y este instruyó a la secretaría general, el publicarlo en el periódico ‘Tierra y libertad”, según argumentó.

Hasta enero, Park In confiaba en solucionar el conflicto con el presidente Rodrigo Arredondo López, reconociendo que éste se había convertido en una amenaza para las finanzas públicas municipales.

“Estamos seguros que pronto daremos un paso firme que le dará la oportunidad al gobierno municipal, pero sobre todo a los ciudadanos de Cuautla y sus visitantes, de entrar en una nueva fase de ordenamiento en una zona importante de la ciudad”, se lee en el comunicado.

¿Benefician a la ciudad?

En el acta de cabildo con la que se otorgó la licitación a Iberparking S.A. de C.V., el Ayuntamiento defendió la implementación de este sistema de estacionamiento en la vía pública argumentando que ayudaría a resolver varios de los problemas que persisten en la ciudad en términos de ordenamiento vial:

“El problema añejo que ha padecido la población en la zona centro de la ciudad, por la falta de orden en la vía pública, la inadecuada utilización de los espacios y áreas restringidas para uso de personas con discapacidad, de unidades de emergencia, vehículos estacionados en doble fila afuera de escuelas, áreas de carga y descarga, por mencionar algunos ejemplos, ocasionan un problema que se logrará reducir y resolver considerablemente”, se lee en la tercera consideración del acta.

Además de atender los problemas viales, la regulación del estacionamiento en las calles y la aplicación de sanciones contribuiría, según el Ayuntamiento, a generar “una recaudación efectiva de ingresos por concepto de derechos en beneficio del municipio y la comunidad”: en el último acuerdo con la empresa, la distribución de las ganancias se estableció de tal forma que el 60% sería para el ayuntamiento, en tanto que el 40% sería para la empresa.

De acuerdo con la plataforma Parkum, una de las ventajas principales de los parquímetros es la recuperación de espacios públicos para el peatón, así como un estacionamiento en la vía pública más estructurado y seguro. Además, la empresa destaca que este sistema incentiva el uso de transporte público y otras formas de movilidad, como las bicicletas.Una década de conflictos

Una década de conflicto

2011: El ayuntamiento abre convocatoria para licitar el servicio de estacionamiento en la vía pública por parquímetros

2012: El cabildo otorga la licitación a Iberparking S.A. de C.V.

2013 – 2015: Durante el gobierno de Jesús González Otero, ciudadanos se oponen a que parquímetros se instalen en el primer cuadro de la ciudad, que además está catalogada como Zona de Monumentos Históricos. Se promueven amparos para el retiro de los dispositivos en el polígono. La empresa demanda al ayuntamiento

2015: Retira empresa parquímetros instalados en la Zona de Monumentos Históricos

2016 – 2018: El alcalde Raúl Tadeo Nava presenta recursos y pruebas para evitar el pago de multas y la reinstalación de los dispositivos

2019: Resurge acuerdo para la operación de parquímetros con el gobierno del alcalde Jesús Corona Damián

2020: La empresa anuncia el inicio de operaciones de los dispositivos instalados, pero el ayuntamiento omite publicar el reglamento, lo que reanuda el conflicto legal

2022: La deuda del ayuntamiento con la empresa asciende a 124 millones de pesos

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