Ordenan reponer 16 árboles talados afuera de la primaria Plan de Ayala

El abogado Morales Labariega refirió que el no acatar esta orden podría derivar en la destitución 

Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuautla

  · miércoles 23 de diciembre de 2020

Gude Servín | El Sol de Cuautla

A dos años de la tala de 16 árboles al exterior de la primaria Plan de Ayala, en la colonia Emiliano Zapata, por parte del Ayuntamiento de Cuautla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió finalmente el amparo al abogado cuautlense Carlos Rubén Morales Labariega, quien inició un procedimiento legal contra dicha acción, lo que hoy obliga a las autoridades municipales a restituir los árboles talados e iniciar la reforestación de al menos 320 árboles más en el municipio.

En 2018, durante la administración municipal pasada, el ciudadano promovió un juicio de amparo antes de que las autoridades concretaran la tala de los árboles, a pesar de la oposición de vecinos y grupos ambientalistas. Sin embargo, la notificación de la suspensión provisional llegó una hora después de que se realizaran dichos trabajos.

En el amparo en revisión 289/2020 de la Segunda Sala de la SCJN, se describe así al acto reclamado:

“La inconstitucional orden y/o licencia y/o autorización y/o permiso emitida por las autoridades responsables que ordena la tala y derribo de los árboles (árboles denominados ficus) que se encuentran en la avenida Francisco I. Madero y en calle Sufragio Efectivo de la Colonia Emiliano Zapata de la ciudad de Cuautla, Morelos”.

En palabras del abogado, el amparo buscaba proteger el derecho ciudadano al medio ambiente, “a una vida sana y adecuada, como propone el artículo cuarto constitucional”.

Fue así como la noche de este martes, el abogado recibió la notificación electrónica de los resultados del proceso, que establecen un plazo de 30 días a partir de que el Ayuntamiento sea notificado para que los árboles sean restituidos y para la reforestación de 320 árboles en el municipio.

“El incumplimiento de una ejecutoria de amparo es un delito y su incumplimiento lleva como consecuencia la destitución e inhabilitación del cargo, en este caso del superior jurídico, que sería el presidente municipal”, anticipó.