“Lupita” como la conocían sus vecinos, es una mujer con discapacidad motriz resultado de que su hermano mayor se perdió en una feria cuando su mamá estaba embarazada, la crisis nerviosa por la pasó evitó que Guadalupe cursara por una gestación completa, contaba su mamá a sus amistades cada que se le preguntaba.
Con el paso de los años Lupita creció al lado de su madre, jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue víctima de agresiones sexuales por parte de “vecinos, taxistas y otros transportistas que le daban ray cada que ella se escapada de la casa de su mamá, aunque ella contaban que lo hacía por voluntad no lo creo así porque ella era una persona incompleta intelectualmente, nos decía que cuando regresaba su mamá le daba a tomar unas pastillas para que no se embarazara, pero su mamá nunca denunció”, cuenta Mari una de sus vecinas.
Al morir su madre ella se quedó bajo el resguardo de su hermano mayor que era de oficio músico, luego el al ser su albacea cobraba la pensión que su madre le dejó a Lupita para luego llevársela de la colonia “una vez vino y nos platicó que su hermano no la dejaba salir, que la maltrataba, de eso ya debe tener como 2 años y todo este tiempo no hemos vuelto a saber de ella”.
La historia de Lupita es una de las tantas que quedan en el anonimato, además de ser invisibles por ser discapacitadas, también lo son por ser víctimas de violencia y no lo saben al ser doblemente “excluidas” y “discriminadas”, tal como lo señalan en el reporte “Niñas y mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista”, del Instituto de la Mujer Vasco.
En México los últimos estudios proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), en la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), refieren que la mayoría de la violencia contra mujeres se da en las zonas urbanas con un “65.2 por ciento, y en las (65.2%), de edades entre 35 y 44 años (68.6%), con nivel de escolaridad superior (73.3%) o bien no pertenecen a un hogar indígena (64.9 por ciento). En las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (41.0%) y la violación (40.5 por ciento)”, dice en un comunicado de prensa.
Salvo estos datos de hace 4 años, ninguna institución consultada tiene cifras o lleva un reporte de mujeres con discapacidad que hayan sido víctimas de violencia, ni el Instituto Nacional de Salud Pública, ni el propio Instituto de la Mujer quien señala que durante la pandemia más de 800 mujeres han sido atendidas tras ser víctimas de alguna agresión.
Algunas organizaciones civiles consultadas señalan que han detectado al menos unos tres casos en todo el estado, pero se carece de un seguimiento de las víctimas por parte de las autoridades, siendo éste el principal reto al no haber programas específicos para quienes además de padecer de alguna discapacidad, sufren violencia por su condición de mujer.