Necesaria la unión de organizaciones civiles para juntas buscar que leyes como “3 de 3” contra la violencia, sean posibles, esto luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promoviera una acción de inconstitucionalidad al considerar que se violan los derechos humanos de los deudores alimentarios.
Guadalupe Isela Chávez Cardozo presidenta de la asociación civil, Mujer Nunca Permitas, manifestó que no está de acuerdo que la CNDH haya presentado este recurso de inconstitucionalidad, considerando que se trasgreden los derechos de las mujeres y de las infancias.
Añadió que con esta acción la CNDH no vela por el interés superior del menor y además recordó que ha sido un avance progresivo en los derechos humanos de las mujeres, por lo que es de no creerse la acción hecha realizada por dicho organismo.
La intención de la ley “3 de 3” es que ningún agresor pueda llegar a ningún puesto de poder y que ningún deudor de pensión alimenticia esté representándonos dentro de los espacios públicos, porque desde su lugar o cargo puede llegar a ejercer otro tipo de violencia.
Señaló que el llamado sería que todas las asociaciones, colectivos de mujeres y agrupaciones afines puedan unirse, levantar la voz y crear conciencia sobre la importancia de que estas reformas sean una realidad o en su análisis se resuelva con congruencia y con principios de progresividad de los estados.
Fue el pasado mes de agosto cuando la titular de la CNDH presentó la impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la cual busca desactivar la reforma aprobada en el Congreso de Yucatán que castiga la violencia que enfrentan mujeres por parte del deudor económico.
La CNDH argumenta que la ley trasgrede el derecho de igualdad y no discriminación, además de atentar contra la libertad de trabajo y acceso a un empleo en el servicio público.
El 21 de noviembre del año pasado, la legisladora local Tania Valentina Rodríguez presentó la iniciativa "3 de 3" contra la violencia política de género, buscando evitar se encuentren en el poder público violentadores de la seguridad física, económica, psicológica, política y jurídica contra las mujeres.
La iniciativa propone reformar la Constitución Política del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Morelos, para que ningún agresor llegue al poder.
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