En los últimos seis años, en Morelos, 89 mujeres de diferentes edades fueron detenidas y procesadas por haber incurrido en la interrupción de su embarazo, aunque no se sabe cuántas de ellas fueron absueltas y cuántas sentenciadas, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene los expedientes, pero no cuenta con una cifra sobre el tema.
En 2015 se contabilizaron 12 casos, en 2016 fueron 16, en 2017 se alcanzó el número más alto con 22, mientras que en 2018 se obtuvo la cifra menor de solo 4. Para 2019 otra vez se reportaron 12 casos, en 2020 llegaron a 13 y el año pasado, 2021, se reportaron 10.
En 2020 dos casos no pudieron llegar a proceso penal gracias a las protestas que hicieron grupos feministas en Cuautla y Temixco, donde los Servicios de Salud del Estado pretendió entregarlas al Ministerio Público (MP) al haber sido descubiertas en desarrollo de interrupción del embarazo.
“También otras compañeras que trabajaron en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad (CEMPLA) conocieron a una menor detenida por el delito de aborto, aunque los cargos que enfrentaban eran por atentar contra homicidio en grado de parentesco”, dijo Tania Osiris, integrante del colectivo por los derechos sexuales de las mujeres “Divulvadoras”.
Mencionó que la resistencia del Estado es tal que en 2015, personal del hospital general de Cuernavaca le negó el derecho a interrumpir su embarazo a una niña de 15 años que fue víctima de violación y sufrió un embarazo no deseado. El caso llegó hasta manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quienes resolvieron que los trabajadores de los Servicios de Salud de Morelos incurrieron en una violación a los derechos de la joven y emitieron una orden de reparación de daño.
Sin embargo, el caso no fue atendido y Marimar “N” junto a su madre presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) de Morelos que también resolvió que hubo violaciones a sus garantías.
“Sigue una resistencia, sobre todo porque también en el Congreso del Estado la diputada Andrea Gordillo, panista, quien preside la Comisión de Salud, está abiertamente en contra de la despenalización entonces los Servicios de Salud no están recibiendo ningún tipo de presión para que ofrezcan una interrupción”, dijo Tania.
Agregó que como sucede desde hace ya varios, años, las mujeres que buscan abortar siguen acudiendo a la Ciudad de México, en donde la interrupción es legal, entonces, solamente gastan más dinero para ejercer su derecho.
Pero por otra parte continúan también existiendo casos donde las jóvenes recurren a sitios clandestinos poniendo en riesgo su vida.
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