En Morelos, el respeto al Estado de Derecho existió apenas en el discurso oficial, de acuerdo con el reporte Índice de Estado de Derecho en México 2018, preparado por el World Justice Project, cuyos resultados ubican a la entidad en el lugar 26 de los 32 estados de la República en la sujeción de todas las personas al cumplimiento de la ley, aplicada de forma equitativa, justa y eficiente, y con respeto a los derechos humanos.
Al término del sexenio de Graco Ramírez Garrido Abreu como gobernador del estado, Morelos obtiene apenas 37 por ciento en materia de respeto al Estado de Derecho.
Uno de los índices más bajos está en la categoría de orden y seguridad, 23 por ciento, penúltimo en la República; en coincidencia con la Encuesta Nacional de Victimización, que para 1997 calculó el número de víctimas de delitos en Morelos en 31 mil 842 por cada 100 mil habitantes. En los últimos meses en Morelos ha habido un linchamiento y por lo menos tres intentos de ajusticiamiento de presuntos criminales en manos de turbas fastidiadas por las condiciones de inseguridad que privan en la entidad. Los feminicidios siguen en aumento, alcanzando casi 40 en el primer semestre del año. En materia de homicidios, el estado tuvo en 2017 un total de 626, y aunque ya no se encuentran cuerpos colgados de los puentes, como presumía el ya ex gobernador, Graco Ramírez, lo cierto es que las cifras de robos, asaltos violentos, y homicidios, avalan la percepción de inseguridad que padecen los morelenses.
En materia de cumplimiento regulatorio, donde el estado tiene 27 por ciento de la calificación posible para ubicarse en el lugar 31 de 32. En el estado, de acuerdo con México, Cómo Vamos, 62.4 por ciento de la economía se ubica en la informalidad. Sólo en Cuernavaca, el Ayuntamiento reconoce la existencia de mil 500 comerciantes informales censados en el Centro Histórico de la ciudad, pero también admite que hay por lo menos 400 más que se instalan sin estar censados ni protegidos por ninguna de las dos grandes agrupaciones que los toleran y fomentan, el Nuevo Grupo Sindical (NGS) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Ambas centrales presionan constantemente al municipio para mantener su invasión de calles y plazas. Otro problema regulatorio en la entidad se da en los giros negros. Cuernavaca tiene alrededor de 700 antros que funcionan con licencias, pero que constantemente exceden los horarios de atención, carecen de medidas de seguridad o permiten la entrada de menores de edad; pero adicionalmente, el Ayuntamiento ha detectado alrededor de 400 antros que funcionarían de manera clandestina.
En materia de justicia civil, la evaluación ubica a Morelos en el lugar 26 de 32 estados. El desconocimiento de los derechos ciudadanos, la corrupción en el sistema judicial, la baja calidad y lentitud en los procesos civiles, entre otras, son los rubros más bajos en la evaluación que, en general, alcanza apenas 33 por ciento.
En materia de ausencia de corrupción, el Gobierno de Morelos alcanza 36 por ciento, con una medición de muy alta corrupción en los poderes Legislativo y Ejecutivo, y alta corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, y en el poder Judicial. Esta percepción se refuerza con las denuncias públicas de desfalco en el Congreso local y en algunas secretarías de estado, que la LIV Legislatura y el nuevo Ejecutivo estatal han hecho de las que se desprenderían investigaciones para detectar el destino de por lo menos tres mil 600 millones de pesos, una tercera parte de ellos del Congreso local y el resto del Ejecutivo estatal; que estarían próximas a judicializarse antes de 45 días.
Con una calificación de apenas 38 por ciento, el Gobierno abierto tampoco parece exitoso en Morelos, la falta de participación ciudadana y apenas una calificación regular en el cumplimiento del derecho a la información pública, son evidentes en una entidad en que el Congreso del Estado durante dos legislaturas, la LII y la LIII se enredó en la cancelación de figuras de participación ciudadana y en la integración del consejo que regularía la ley en la materia. La tarea de implementar los mecanismos de participación ciudadana finalmente se dejó al Organismo Público Local Electoral apenas a unos días de que iniciara el proceso electoral 2017-2018, ocasionando una premura que, junto a la falta de recursos, provocó que ninguna figura de participación ciudadana se incluyera en el proceso electoral del 1 de julio pasado.
Además, el estudio revela que en términos de límites al poder gubernamental, no se percibe un Congreso como contrapeso eficaz del Ejecutivo; un tema que fue recurrente en las dos pasadas legislaturas cuya identificación con el Gobierno de Graco Ramírez era notoria. Tampoco se percibe como contrapeso eficaz a los organismos de control, de hecho, la secretaria de la Contraloría del Gobierno de Graco Ramírez, Adriana Flores Garza, colaboró en el mismo gabinete como secretaria de Hacienda; y el Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar, fue previamente Consejero Jurídico del Gobierno estatal lo que hacía ver sospechosos los nombramientos; mucho más cuando los cuatro casos más importantes que Salazar Núñez judicializó, resultaron en la exoneración de los imputados que a la postre se dijeron perseguidos políticos.
De acuerdo con el World Justice Project, para elaborar el índice “utiliza tres tipos de fuentes de información: i) una encuesta a población general, ii) encuestas especializadas a expertos y abogados que ejercen en cada uno de los 32 estados, y iii) estadísticas oficiales y bases de datos recopiladas por otras instituciones (o fuentes terciarias). El uso de tres fuentes de información permite medir el Estado de Derecho desde distintas perspectivas complementarias, emplear una gran cantidad de preguntas, y utilizar las mejores fuentes para medir los distintos conceptos, lo cual reduce el sesgo que podría surgir si solamente se utilizara un método de recolección de información”.
