Lucía Meza Guzmán, excandidata a la gubernatura del estado, dijo que promovió diversas impugnaciones y un juicio de protección a sus derechos políticos electorales “ante las graves irregularidades cometidas en las elecciones del 2 de junio”.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) dijo que su equipo jurídico promovió distintas impugnaciones en contra de los resultados de la pasada jornada electoral, así como en contra de la elección a la gubernatura y la constancia de mayoría entregada el pasado domingo 9 de junio.

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Sostuvo que se presentaron pruebas documentales y argumentos jurídicos con lo que se fundamentan las violaciones sustantivas a principios constitucionales, como la imparcialidad, la transparencia, la certeza jurídica y la legalidad del sufragio libre y secreto.

Lo decimos fuerte y claro, hubo fraude electoral en las elecciones para la gubernatura en Morelos. Por ello, aseguramos que, de acuerdo a la Constitución del Estado de Morelos, a la Constitución Federal y a las Leyes en materia electoral, deben anularse los resultados de la elección de gobernadora.

Argumentó que durante el proceso se cometieron “graves violaciones a la cadena de custodia del 45 por ciento de las casillas instaladas. Se realizó cambio ilegal de ubicación de varias casillas electorales y se detectaron preocupantes irregularidades en las actas de escrutinio y cómputo de la elección de gobernadora”.

Sostuvo que se detectaron más votos extraídos de las urnas que votantes en la casilla, o más votos registrados en el acta, que los extraídos de la urna, o más boletas sobrantes, que las que deberían haber sobrado después de la jornada.

“Estas irregularidades cometidas en por lo menos el 43 por ciento de los paquetes electorales resultaron trascendentes en el resultado de la votación, por lo que es inevitable declarar anulada la elección de gobernadora en Morelos”, comentó.

Insistió que el pasado 2 de junio se enfrentó “a una elección de Estado, ante la intervención del gobierno federal y estatal, a través de distintas instituciones públicas, que influyeron de manera inexcusable en las elecciones del estado de Morelos.

“Esta lucha jurídica que hemos emprendido no sólo busca limpiar el proceso electoral y anular la elección de gobernadora, sino también defender nuestra democracia, el voto de miles de morelenses que fueron defraudados y asegurar que la voz de las y los morelenses sea respetada”.

Se dijo confiada en que la justicia electoral observará con imparcialidad, transparencia, objetividad y certeza jurídica cada una de las irregularidades documentadas en este juicio de impugnación promovido, que busca anular la elección de gobernadora.