La criminalización del aborto no ha sido un inhibidor real para evitar su práctica. Por el contrario, sólo consigue convertirlo en un hecho clandestino y, en potencia, inseguro el cual cobra la vida de muchas mujeres no sólo en Morelos, sino en todo el mundo, siendo en consecuencia, un problema de salud pública dada la cantidad de mujeres a las que afecta, por la permanencia de este problema en el tiempo, y por la implicación que tiene en la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres.
Esta es parte de la radiografía que expone el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz y que da sustento a la iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Morelos, con la finalidad de garantizar la interrupción legal del embarazo en Morelos, presentada al Congreso desde el 28 de septiembre del año 2020, sin que hasta ahora registre un avance en su análisis.
Actualmente, el artículo 119 del Código Penal del Estado de Morelos prevé diversas excepciones por las cuales el aborto a pesar de ser considerado un delito, no producen sanción alguna:
I.- Cuando sea resultado de una acción notoriamente culposa de la mujer embarazada;
II.- Cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación;
III.- Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste último el dictamen de otro médico, siempre que ello fuere posible y no sea peligrosa la demora;
IV.- Cuando a juicio de un médico especialista se diagnostiquen alteraciones congénitas o genéticas del producto de la concepción que den como resultado daños físicos o mentales graves, siempre que la mujer embarazada lo consienta; y
V.- Cuando el embarazo sea resultado de la inseminación artificial realizada sin el consentimiento de la mujer.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2015 a la fecha, en Morelos se registraron 89 denuncias por el delito de aborto. De ellas, 2 fueron reportadas en enero de 2022; 10, en el 2021; 13, en el 2020; 12 en el 2019; en el 2018, 4; en el 2017, 22; 16, en el 2016; y 12, en el 2015.
El Sol de Cuernavaca consultó a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para conocer el número exacto de cuántas mujeres han sido procesadas por abortar y la información proporcionada detalla una sola vinculación a proceso en contra de una mujer por agredir a su sobrina en estado de gravidez de alto riesgo.
La imputación y vinculación a proceso fue por los delitos de aborto y violencia familiar.
La víctima de nombre Ada Elba relató que su tía Cuca llegó hasta su vivienda en la Colonia Amador Salazar de Tlaltizapán y le reclamó la pertenencia de ese inmueble, y al no estar en condiciones de discutir debido a su estado de gravidez, empezó a recibir ofensas e inmediatamente agresiones con las manos y una pala metálica con la que en reiteradas ocasiones veces la golpeó en el vientre.
Ada Elba tuvo que acudir al Hospital, en donde le practicaron un legrado uterino como consecuencia de las lesiones.
En la audiencia de vinculación, el juez de la causa reiteró para la mujer imputada la medida cautelar de prisión preventiva. Este caso es de apenas el mes de octubre del año 2021. La imputada aún no recibe sentencia.
En el caso de Ada Elba, todo se presume que el aborto derivó de los golpes que recibió, lo cierto es que no hay estadísticas claras que nos muestren con exactitud la cifra negra de los abortos clandestinos en Morelos.
El Instituto de la Mujer del municipio de Cuernavaca informó que carece de información, e incluso ha establecido contacto con el INEGI en su búsqueda por conseguir datos precisos sobre este problema de salud pública.
Para el presidente de la CDHM, “cada vez existen más pruebas de que en los lugares donde el aborto es legal por amplias razones socioeconómicas y a solicitud de la mujer y donde los servicios seguros son accesibles, tanto el aborto inseguro como la morbilidad y mortalidad relacionadas con el aborto son reducidos”.
Es por eso que la propuesta que empuja Hernández Cruz propone regular en Morelos la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación sin responsabilidad penal, por considerar que resulta acorde con la protección del derecho a la salud y la obligación que se impone al Estado para proveer los medios necesarios para que las mujeres que decidan terminar con su embarazo lo puedan hacer bajo condiciones adecuadas, seguras y dignas.
“Además, es obligación del estado de Morelos brindar especial asistencia y protección a la mujer durante el embarazo, así como en el caso de su interrupción ya sea por cuestiones médicas, personales o como medio de atención en caso de haber sido víctima de algún delito sexual, para garantizar la integridad física de la mujer”, resalta el presidente de la CDHM.
En la iniciativa se deja patente que la objeción de conciencia que cada legislador pueda tener como ser humano, no puede ni debe ser obstáculo para que como servidores públicos dificulte, impida o nieguen las reformas que permitan el reconocimiento de los derechos para bienestar y el desarrollo de una vida libre de violencia de las mujeres en el estado de Morelos.
En entrevista, la diputada local de Morena, Edi Margarita Soriano promotora también de una reforma al Código Penal del Estado que recoge el reciente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no criminalizar a las mujeres que decidan abortar, lamentó que los conflictos actuales en la LV legislatura, impidan avanzar en la consumación de la reforma, y con ello Morelos se rezague en atender lo mandatado por el máximo tribunal del País.
Lo único cierto por ahora es que ambas iniciativas siguen en la congeladora legislativa y no hay fecha próxima para su aprobación.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2015 a la fecha, en Morelos se registraron 89 denuncias por el delito de aborto.
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