El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo acusó nuevamente este miércoles la falta de resultados en materia de procuración de justicia del fiscal general, Uriel Carmona Gándara, en el marco de desafuero del servidor público desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero desde 2018 el Poder Ejecutivo ha intentado removerlo.

La Carta Magna, en su artículo 79-B señala que el fiscal general durará en su encargo nueve años, pero el gobernador podrá solicitar al Congreso del Estado la remoción del mismo por las causas graves que establezca la ley. La remoción deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros de la legislatura local; de no pronunciarse el Congreso dentro de los 10 días hábiles seguidos a la presentación de la solicitud, se entenderá como rechazada y el fiscal general seguirá desempeñando el cargo en los términos de su nombramiento.

El fiscal general puede ser destituido por: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.

Sí bien la actual Legislatura ha intentado fundamentar dicha petición no ha logrado concretarla. En diciembre de 2018 el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo solicitó al Congreso local, la remoción del fiscal general por considerar que no reunía los requisitos legales para mantenerse en el cargo, toda vez que el entonces integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, evidenció que no había aprobado los exámenes de control y confianza que exige la norma para ocupar el puesto. Sin embargo, de acuerdo con el mismo legislador la falta de voluntad política por parte de sus homólogos evito que la solicitud pudiera proceder; además de que el proceso se encuentra suspendido actualmente por órdenes de un juez federal, esta denuncia ha sido retomada por el Congreso de la Unión por lo cual intentan desaforarlo.

La diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, secretaria de la Junta Política y de Gobierno, aclaró que actualmente no tienen la intención de llamarlo a comparecer, por lo menos desde lo que tiene conocimiento, aunque dependerá de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia.

La tarde del jueves, el fiscal habría ofrecido una conferencia de prensa virtual para aclarar que la fiscalía a su cargo ha dado resultados. Destacó que la Fiscalía a su cargo ha realizado la detención de 10 mil 938 personas por diferentes delitos, ha obtenido cuatro mil 579 vinculaciones a proceso, ha recuperado tres mil 324 vehículos y ha obtenido 76 sentencias condenatorias por robo de vehículos.

"La Fiscalía de Morelos logró la detención de los hijos del “Carrete” así como de su sobrino apodado “El Charro”, se realizó la detención de “La Kika” por Feminicidio y como generador de violencia en la zona sur y colaborador del “Carrete” así como la aprehensión de “El Beto”, se sujetó a proceso a “El Crispín” líder de grupo delictivo”, leyó el fiscal. Sin embargo, dejó claro que en materia de prevención del delito es responsabilidad del Ejecutivo.

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