Opacidad, discrecionalidad y negativa a proporcionar información son las constantes que se encuentran cuando se solicita información sobre el gasto público. En Morelos desde que fueron autorizadas las transferencias económicas a discreción del Ejecutivo en turno, no se sabe cómo se gasta el dinero del pueblo, solamente prevalece el discurso de que se gasta, pero nadie conoce el destino porque en la realidad no se ve, no se nota y tampoco se siente. Algunos de los actores políticos y no gubernamentales que han tratado de indagar hacia dónde va todo este dinero público se han encontrado con una pared infranqueable de negativas y de ocultamientos de información.
Para el director de la agrupación Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas, desde 2016 el Gobierno de Morelos y el Congreso incrementaron el rango para realizar adquisiciones de obras bienes y servicios.
De esta manera se permite a las instituciones reducir el número de licitaciones o concursos para adquirir bienes (papelería, medicamento, material de limpieza y mantenimiento, uniformes, vehículos) y servicios (mantenimiento, arrendamiento de vehículos, fotocopiado, sistemas, capacitación) o la contratación de obra pública (caminos, agua, alumbrado, escuelas, hospitales).
Sin embargo, eso ha dado pie, y lo dice sin dudarlo, a la discrecionalidad total; se presume que se gasta, que no hay dinero, pero la gente no lo ve y tampoco lo nota; desde ese tiempo a la fecha Morelos es el 4° estado con las tablas más altas
“Las licitaciones públicas permiten que se realicen concursos con mayores mecanismos de transparencia y competencia, aumentando la calidad de la compras y reducción de costos que beneficiarían las finanzas. El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas propone al Congreso de Morelos disminuir los rangos de tablas para las adquisiciones de obras, bienes y servicios para incrementar el número de licitaciones públicas, la competencia y transparencia. Derivado de ello se realizan compras y contratos de obras con menor competencia”.
En la actualidad se ha tratado a través de solicitudes y revisión de las cuentas públicas, y ha sido muy complicado para dar un seguimiento que permitan pensar desde la sociedad civil conocer muy bien lo que se hace, pero estos procedimientos no son nada amigables ni sencillos, sobre todo, “es muy complicado tener esta información y realizar con ellos cálculos y operaciones dado que no están en formatos, que permitan hacer una adecuada revisión de los recursos, y una manera detallada. Generalmente los gastos se ponen de manera global no por partidas específicas, sino genéricas y en ocasiones gasta por capítulos de gasto, que es mucho más global”.
Roberto Salinas, recordó que la dependencia que más ha sido resistente a cumplir con las solicitudes de información y que no ha sido posible hacerlo en más de dos años, son los Servicios de Salud, y recientemente su comité de transparencia ha estado clasificando todo lo que se le pide que tiene que ver en materia de contratos, adjudicaciones so gastos de compra de medicamentos, obra pública y mantenimiento de hospitales, especialmente en el periodo 2019 y 2020, con el pretexto de la Covid-19; “toda la información la ha clasificado algo que es totalmente absurdo, si bien, en esta contingencia sanitaria se permitió que las instituciones pudieran adquirir de forma directa evitando incluso procesos de licitación, eso no implicaba que ocultarán la información o que la negarán, incluso a nivel federal y estados que continúan haciendo compras a través de licitaciones, pero en este caso los servicios de salud han estado cerrados rotundamente a transparentar y ha sido una de las instituciones que más recursos ha ejercido después del IEBEM”.
En un orden por asignación de recursos, evaluó que la tan solo en el 2020, fue el IEBEM que más recursos recibió, aunque no se especifica por qué; es decir, de un total de 29 mil 516 millones de pesos que el Ejecutivo ejerció en ese año, el instituto obtuvo hasta 8 mil 551 millones de pesos, seguido por las participaciones a los municipios, con 5 mil millones 390 mil pesos, le siguen los servicios de salud, con 4 mil millones 248 mil pesos; después la UAEM, con 2 mil millones 101 mil pesos; los llamados servicios personales (sueldos), con mil millones 360 mil pesos; las pensiones y jubilaciones, con 790 millones, fiscalía, deuda pública y Poder Judicial, que recibieron poco más de 600 millones de pesos, todo esto según información de la Secretaria de Hacienda, de acuerdo con el análisis de Morelos Rinde Cuentas.
Para el exencargado en materia anticorrupción en el actual sexenio, Gerardo Becerra Chávez de Ita, el tema de las transferencias que se autorizaron desde hace varios años por parte de los diputados al poder Ejecutivo, “son una inmoralidad, y es una inmoralidad por una razón: ¿de qué sirve que el Congreso apruebe un presupuesto de egresos de acuerdo con distintos rubros, si al final el Poder Ejecutivo va a hacer lo que le venga en gana, y va a utilizar el dinero como mejor le convenga?”, cuestionó.
Luego de haber renunciado a la administración estatal, Gerardo Becerra cuestiona que más que las transferencias tiene que ver el sobreejercicio que salta a la vista por parte del Poder Ejecutivo, es decir, “hay un presupuesto entre 26 y 27 mil millones de pesos al año pero finalmente el Ejecutivo en turno siempre gasta más; estamos hablando inclusive de cantidades, según recuerdo, y tal vez me equivoque, que llegaron a los 33 mil millones de pesos en algunos sexenios como en el de Graco Ramírez”.
Mencionó que principalmente se eroga a Comunicación Social; el gobierno que no está obrando bien siempre trata de tener aliados, eso es una realidad y no es exclusivo de un gobernador en especial. Y, por otro lado, aseveró que existen gastos que habría que revisar de alguna manera de transferencias como tal en el área de obras públicas, y en otras que tienen que ver con los gastos directos de la oficina del gobernador, y no solo de Cuauhtémoc Blanco, sino de otros que ya pasaron.
Por lo tanto, no vaciló en destacar que es momento de que la ciudadanía y los diputados ya deberían estar empujando una reforma muy clara para que el gobernador del estado no pueda transferir dinero de un rubro a otro sin la observación y aval del congreso, “insisto es inmoral que se haga así, de que sirve que tengamos a los diputados y de que sirve que se apruebe un presupuesto de egresos si finalmente el gobernador puede hacer lo que le venga en gana en cuanto a la cuestión de los gastos”.
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