Para revertir la exclusión es necesario impulsar alternativas educativas incluyentes, así como capacitar al personal educativo para que pueda manejar este retorno a las clases e identificar riesgo, consideró José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CIDH).
Comentó que durante la pandemia se han agudizado las contraindicaciones sociales y la desigualdad en todo el mundo, incrementándose la pobreza, y los derechos humanos de la mayoría de la población se han visto severamente afectados, como ocurre con el derecho a la educación de millones de estudiantes que han sido excluidos ante las medidas de cierre de escuelas y la imposibilidad de acceder a las nuevas tecnologías de la información para tomar clases a distancia.
Consideró que defender el derecho humano a la educación en medio de la pandemia implica cuestionar a fondo el sistema capitalista que utiliza los sistemas educativos para imponer la ideología dominante y trata de rediseñar la escuela acorde a los modelos privatizadores del neoliberalismo, por lo que consideró necesario recuperar y profundizar las propuestas pedagógicas críticas y liberadoras que tanto han aportado a las luchas sociales.
José Martínez indicó que la pandemia ha acelerado y profundizado tendencias peligrosas, brechas sociales y fenómenos multidimensionales que se venían observando desde hace décadas.
Indicó que de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la aparición de la pandemia y el consiguiente cierre de las escuelas ha provocado que cerca del 40 por ciento de los países de bajos ingresos y medios-bajos no apoyasen a los alumnos desfavorecidos.
En el contexto de pandemia, las desigualdades económicas han sido claves, si bien el 55 por ciento de los países de bajos ingreso han optado por la enseñanza en línea en educación primaria y secundaria, solo el 12 por ciento de los hogares de algunos países tiene acceso a internet en casa.
Destacó que en México de 114 millones de habitantes, 74 millones están entre los 15 y 64 años, de estos 74 millones, 31.9 por ciento se encuentra en rezago educativo.
Consideró que ante la emergencia sanitaria que las instituciones educativas y los gobiernos deben estar conscientes de que el uso de las tecnologías necesita convertirse en componentes fundamentales de los programas de formación y de profesionalización en educación para los docentes y de los recursos disponibles para estudiantes, combatiendo desde los movimientos sociales los efectos perversos de las políticas privatizadores que el neoliberalismo ha generalizado.
Martínez Cruz indicó que el regreso a clases presenciales debe de garantizar la salud de todo el personal y el alumnado para evitar daños irreversibles que laceran la dignidad humana.
“Es necesario brindar una gran información a las familias sobre la manera cómo se va a llevar la educación presencial, los riesgos que existen y el modo en cómo se van enfrentar. Capacitar al personal educativo para que puedan manejar el retorno masivo a clases y establecer una vigilancia y acompañamiento permanente para identificar los riesgos, cerrar la escuela, de tal manera que se revisen y solucionen problemas”, dijo.
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