“Los científicos estamos en contraataque, estamos dando la batalla”, afirma la doctora Brenda Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNAM.

Y es que a decir de los intelectuales fue el propio gobierno de la cuatroté, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien les declaró la guerra con la Ley de Humanidades, Ciencia, Innovación y Tecnología.

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En Morelos son 43 centros de investigación que están en riesgo de convertirse en “elefantes blancos”, ya que no se tendrán fondos económicos para que ahí se cocinen nuevos proyectos como vacunas, tratamientos y medicamentos que puedan salvar vidas humanas frente a las enfermedades que cada día surgen a nivel mundial y en el país.

En 2013, Morelos, según el Sistema Nacional de Investigadores (SIN), tenía una tasa de participación del 4.57 por ciento de investigadores en este Sistema, era el cuarto estado a nivel país después de la Ciudad de México (36%), Estado de México (5.62%) y Jalisco (5.08%). Todo esto, con el apoyo constante por parte del Consejo que distribuía los fondos de acuerdo a lo que dictaba la Conferencia Nacional, la cual desaparece con la nueva ley.

Violenta la soberanía del estado

La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) califica la desaparición de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología como una de las más graves “repercusiones” a la ciencia en los estados, la cual existía desde el año 2002. Ésta se reunía cada año con los secretarios de los estados del país para debatir y presentar los nuevos proyectos que se tenían.

“Los estados no tienen forma de transmitir sus necesidades ni posicionar sus prioridades. La Conferencia dejó de operar desde 2019 debido a que no se tiene la intención de escuchar otras voces, el que no sesionará era obligatorio de la Ley, pero ya con esta Ley de Humanidades ya no hay forma de existir, ahora si quieren ponernos atención, nos ponen, y si no, no”.

Al desaparecer se rompe el Pacto Federal que marca una república y da pie a una especie de “reinado” en donde las decisiones se toman de manera unilateral. Desconoce la soberanía de los estados tratandolos como subordinados, violando flagrantemente la Constitución.

Los Fondos Mixtos en donde la federación ponía una parte de los recursos para la investigación y los estados otras; Fondos Regionales, en donde dos o más estados podrían juntar sus recursos y destinarlos en proyectos regionales, entre otros, como los Institucionales, eran parte del debate de dicho órgano que ahora no existirá. “Los recursos gestionados dependían de lo que pusiera el Estado, si ponía 100 millones de pesos, Conacyt ponía otros 100 millones de pesos; no había límites”.

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Con el Fondo Regional se construyó en el pasado el edifico del Instituto de Matemáticas de la UNAM en Cuernavaca, la instalación de cuatro laboratorios en distintas unidades como la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Universidad Pedagógica del Estado de Morelos (Upemor); la mejora de al menos 12 instalaciones de unidades de posgrados, capacitación de ocho mil niños y jóvenes en temas de formación de talentos, recuerda Valderrama Blanco.

Asimismo, refiere que con la Ley de Humanidades, las decisiones sobre los recursos que se aplicarán en Morelos para ciencia y tecnología recaerán en el Consejo, que estará integrado por secretarios de despacho a nivel nacional, incluida la Sedena y la Semar “y ocho personas que no conocemos y que quizá nunca conoceremos, porque serán designadas por la directora del Conacyt; nos quedamos sin representación”.

Señaló que son cinco líneas de acción jurídicas las que han emprendido investigadores con la Ley de Humanidades tanto en el estado de Morelos, como a nivel país. Acciones de inconstitucional que harán los legisladores federales; quejas por violaciones graves a los derechos humanos, que se presentarán ante las comisiones de Derechos Humanos; amparos individuales, amparos colectivos y controversias institucionales que deberán abanderar los gobernadores.

Valderrama Blanco explica que los centros de investigación operan con fondos de secretarías, como la de Economía, en el orden local, pero estos recursos asignados solo sirven para el mantenimiento de los mismos, pagar gastos corrientes como agua, energía eléctrica, por lo que no habría riesgo de que desaparezcan, pero no habrá proyectos confeccionándose. “Ahora sí van a ser elefantes blancos, los están llevando a la destrucción”.

Salen a manifestarse

El pasado 2 de mayo investigadores de la UNAM y la UAEM protestaron por medio de paros laborales intermitentes, también salieron a las explanadas para manifestar su inconformidad. Exhortaron a la sociedad y estudiantes a sumarse, pues el Senado de la República habría decidido de manera inusual aprobar la Ley un viernes 28 de abril.

“Con albazos, rompiendo los principios legislativos; habrá acciones legales porque para que una Ley sea respetada tiene que ser legítima en su construcción, si no criticamos lo que ocurre y dejamos que avance, después sentiremos los efectos sobre nuestra ciencia, no hay escapatoria”, dijo David Romero Camarena, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.

Otro duro golpe

Esta no es la primera vez que la ciencia se ve perjudicada. En el 2018, Alejandro Vera Jiménez (hoy prófugo de la justicia por un presunto desvío millonario a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos), fue designado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo como director de Ciencia y Tecnología del estado.

Durante su gestión, el también exrector de la UAEM se autodesignó cuatro millones de pesos de los ocho que recibía el Consejo de Ciencia y Tecnología de Estado de Morelos (CCyTEM) para la realización de un Programa de Estudios de la Violencia, del cual no se tuvieron resultados, al menos de forma pública.

En su momento, Vera intentó explicar que él presentó al CCyTEM dos propuestas de proyectos a financiar y que fue la directiva la que avaló el programa de estudios de violencia, propuesto por él mismo.

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Dicho recurso, provino de las multas electorales a partidos políticos impuestas por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac),y que ciertamente se destinan a centros de ciencia para el desarrollo de investigación, sin embargo en ese caso no sé conoció sobre el ejercicio de los cuatro millones de pesos.

En julio del 2019, Vera Jiménez comentó que ya estaba en ejecución dicho programa y se realizaría un encuentro de especialistas, del cual tampoco se supo.

Tres meses después, es decir en octubre del 2019, se informó que en un documento dirigido al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, Alejandro Vera presentó su renuncia con carácter de irrevocable como director general del Consejo de Ciencia y Tecnología por convenir así a sus intereses.

Fue entonces que ya no se supo del destino de los cuatro millones que debieron ser ejercidos para proyectos científicos.

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