Juicio político al “fiscal carnal”, piden abogados y empresarios

El Consejo Estatal de Abogados y diversas agrupaciones de juristas repudian la ratificación de Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción, ya que consideran que es un “fiscal carnal” y aseguraron que su desempeño deja mucho que desear, por lo que llamaron a los diputados electos a que sigan un juicio político cuando entren en funciones.

Ricardo Popoca González, director general del Consejo Estatal de Abogados, informó que junto con el Colegio de Abogados Fiscalistas del Estado de Morelos, Grupo Amigos de Cuauhnáhuac, Colegio de Abogados de México y el Colegio de Abogados de Morelos rechazan la designación que hizo el fiscal general, Uriel Carmona, de ratificar en un nuevo periodo a Juan Salazar como fiscal anticorrupción.

Los abogados expusieron que Salazar Núñez dio muestras de su ineficiencia, ineptitud y servilismo al gobernador Graco Ramírez, “por lo que es inexplicable que se le designe para un nuevo periodo”, aseguraron.

Asimismo, puntualizaron que en la gestión de Juan Jesús Salazar la Fiscalía Anticorrupción fue utilizada como instrumento de venganza del actual gobernador. “Persiguió y encarceló al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, sólo por rivalidades políticas, sin que jurídicamente se acreditaran los actos delictivos que se le imputaban, por lo que el académico obtuvo su libertad”, agregaron.

También cuestionaron a Uriel Carmona respecto a la revisión del desempeño de Juan Salazar al frente de la Fiscalía Anticorrupción.

Además, expresaron a Cuauhtémoc Blanco Bravo y a los diputados electos que la comunidad jurídica los reconoce y les muestran su respaldo total en su propuesta para combatir la corrupción y nepotismo.

Llamaron a la nueva Legislatura a que cuando entren en funciones continúe el juicio político al fiscal anticorrupción. Uriel Guadarrama Carreño, presidente del Colegio de Mediadores Profesionales de Morelos, explicó que se puede revertir esta decisión a través de un juicio político por parte de los diputados locales o a través remoción del cargo por falta de competencia profesional.