A partir de este miércoles en Morelos entró en vigor el rango constitucional de los programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población, es decir, los morelenses podrán acceder sin excusas al acceso de becas, pensiones, medicamentos gratuitos y atención médica otorgado tanto por la federación como el Estado en materia de bienestar.

Este 3 de junio se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el decreto por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con la reforma, cada año se deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el financiamiento para estos programas, garantizando el Estado la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente, adultos mayores y becas para estudiantes, en los términos que fije la ley.

Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

Además, señala que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley, mientras que en el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad.

La minuta informa que de acuerdo con el informe anual sobre la pobreza y rezago social 2020 , emitido por la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, en Morelos 50.8 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, contra la media nacional que es de 41.9 por ciento, de estos, 7.4 por ciento de los morelenses se encuentran en pobreza extrema, 5.7 por ciento de la población es vulnerable por ingresos y 29.4 por ciento es vulnerable por carencias.

Por ello, la reforma constitucional indica que el Estado establecerá un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a los pertenecientes a familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

Los legisladores concluyeron que la iniciativa tendría un impacto potencial de hasta 95 mil 730 millones 508 mil 349 pesos. No obstante, para solventarlos la entidad podría celebrar acuerdos de coordinación los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con los cuales liquidaría los recursos adicionales que se estiman serían necesarios para atender las propuestas.