Después de transcurrir 10 meses con 20 días solo un 30 por ciento de los 36 ayuntamientos cumplen con la disposición de sancionar a quienes violan la Ley Sobre el Uso de Plástico del Estado de Morelos, aprobada desde hace casi dos años por la pasada Legislatura local, dio a conocer el secretario de Desarrollo Sustentable, José Luis Galindo Cortez.
Lo anterior, agregó que tiene como fundamento el desconocimiento legal de algunos Cabildos o bien trabajan sobre el Reglamento respectivo con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, para evitar violar atribuciones del Poder Ejecutivo estatal o del federal.
En entrevista, reconoció que hay retrasos porque también había inconsistencias en el marco legal propuesto por un grupo de activistas, a través de la entonces diputada Dalia Morales Sandoval, mismas que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo estatal corrigió con base a sus atribuciones legales.
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De tal manera, recordó que además para el conocimiento y asesoría de los comerciantes hubo un año de gracia en la aplicación de las sanciones, hacia aquellos establecimientos que inculpa con la Ley sobre el Uso de Plástico en la entidad.
¿A cuánto ascienden las multas que serán aplicadas?, se le preguntó.
“Como dicen en mi pueblo: según el sapo la pedrada y no podemos tasar de la misma manera una tienda departamental o de conveniencia con un microcomercio”, indicó.
Hay confianza en que antes de concluir el año los 36 municipios cuenten con su reglamento, para que a partir del próximo año -agregó- puedan iniciar los operativos en cumplimiento a dejar de dar bolsas de plástico y otros productos prohibidos.
Con ello, señaló que apoyarán a incrementar los ingresos propios de los ayuntamientos, quienes deberán presentar al Congreso local su propuesta de multas, dentro de su Ley de Ingresos correspondiente al año venidero.
Galindo Cortez urgió a los ayuntamientos pendientes en generar su reglamento sobre el marco legal en comento presentarlo y sea aplicado en el año 2023, de lo contrario incurren en actos de omisión que son sancionados dentro de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Morelos.
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