La información generada en torno a las consecuencias de los sismos es insuficiente y, en algunos casos, imprecisa, lo cual se traduce en la incapacidad por parte de los diferentes órdenes de gobierno para diseñar e implementar programas de reconstrucción acordes a las necesidades de los afectados, así como para formular una política de prevención que parta del reconocimiento de las amenazas naturales a las que está expuesto el territorio constantemente, concluye una nota estratégica del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.
En ella se menciona que después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 las cifras en torno al recuento de los daños no dejaron de fluir ni de modificarse: desde el número total de personas fallecidas hasta el número de inmuebles afectados, son solo algunas de las cifras que inundaron los noticieros y los periódicos del país, pero más allá del ejercicio de informar sobre el acontecer, para las autoridades y los tomadores de decisiones era indispensable tener un panorama claro, detallado y certero sobre las afectaciones ocurridas en los estados del sureste y centro del país, con el propósito de implementar mejores y más efectivas estrategias de atención y reconstrucción.
El documento hace un recuento de los datos y estadísticas elaboradas por agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el sector académico.
Extensión territorial de la tragedia
La noche del 7 de septiembre, a las 23:49 horas, un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, azotó el sur del país, resultando sumamente afectados los estados de Chiapas y Oaxaca.
Doce días después, a las 13:14 horas del 19 de septiembre, a 32 años del terremoto de 1985, un sismo de magnitud 7.1 sacudió al centro del país con epicentro en los límites de Morelos y Puebla.
Esta vez sus efectos se hicieron presentes en siete entidades más:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guerrero
- Puebla
- Morelos
- Tlaxcala
- Veracruz
De acuerdo con la última estimación de la Presidencia de la República, las afectaciones sobre viviendas, edificios y espacios públicos de los sismos alcanzarán los 48 mil millones de pesos. Esta cantidad, si bien es considerable, es menor a los costos asociados a la reconstrucción de otros desastres ocurridos en, por ejemplo, 2010 y 2013.
Para enfrentar dichos costos, así como para subsanar las necesidades inmediatas de la población, las entidades federativas emiten declaratorias de desastre y de emergencia extraordinaria que permiten, entre otras cosas, acceder a fondos estatales y federales.
Como resultado de los fenómenos geológicos del mes de septiembre, la Secretaría de Gobernación emitió declaratorias de desastre para 687 municipios de ocho entidades federativas y declaratorias de emergencia extraordinaria para 325 municipios de seis estados.
Censo de daños en viviendas
Tras los sismos de septiembre, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) levantó el “Censo de viviendas y acciones para la reconstrucción: transparencia y rendición de cuentas”, pero respecto al censo de daños para el estado de Morelos, fue el Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación quien informó el 14 de octubre que de las 15 mil 704 viviendas con reportes de daños, 2 mil 716 presentan daño total.
Además de los reportes de daños emitidos por diferentes funcionarios públicos en las entidades afectadas por los sismos, el presidente Enrique Peña Nieto, en un encuentro con medios de comunicación, dio a conocer el 17 de octubre un balance actualizado de los trabajos de atención y reconstrucción de daños. En dicho informe se reportaron 180 mil 731 casas afectadas en ocho entidades federativas, de las cuales el 28 por ciento presentaba daño total.
Saltan a la vista algunas discrepancias entre los reportes de daños estatales y los citados por Presidencia, lo cual pone de manifiesto:
- Por un lado, la falta de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para informar de manera oportuna y veraz a la ciudadanía sobre la magnitud de las afectaciones y sobre los avances en su atención
- Pone en evidencia la demora en las tareas de censado de daños, las cuales, a un año de la tragedia, continúan en marcha en algunas entidades, por lo que sólo pueden ofrecerse informes preliminares con cifras aún no verificadas
Esta situación, más allá de convertirse en un simple problema de comunicación, se traduce en la incapacidad por parte del gobierno federal y de los gobiernos locales para diseñar e implementar programas de reconstrucción adecuados a las necesidades de los habitantes de sus demarcaciones. El hecho de que no exista información oficial pública y detallada de los daños, limita el que grupos de expertos en temas de prevención de riesgos y reconstrucción puedan coadyuvar en el diseño de tales programas.
A la fecha son relativamente pocos los trabajos académicos y científicos que analizan los recientes sismos que afectaron al país, mismos que resultan indispensables para la definición de los planes de reconstrucción, y para el diseño de una política de prevención que parta del reconocimiento de la amenaza natural y que contemple medidas preventivas tales como:
- Reglamentos de construcción sismo-resistentes
- Sistema nacional de alerta temprana
- Educación de la sociedad civil
- Protocolos oficiales de protección civil
- Planeación y ordenamiento territorial integral para la gestión del riesgo
Daños en infraestructura educativa, de salud y cultural
De acuerdo con las cifras de daños en infraestructura educativa proporcionadas por la Presidencia, se tiene registro de 16 mil 136 planteles educativos dañados en 10 entidades federativas, de los cuales 276 presentan daño total. Es importante notar que, pese a que se habían dado por concluidos los censos en las escuelas, la cifra de daños se incrementó en todos los estados. El secretario de Educación Pública informó que cerca de medio millón de alumnos serían reubicados a través de dos estrategias:
- 300 mil a escuelas cercanas
- 165 mil a aulas temporales
En cuanto a las afectaciones en el sector salud, el secretario José Narro informó que se tenían reportados daños en 53 unidades médicas y señaló que el 98 por ciento de las unidades operaban con normalidad. No obstante, de acuerdo con información del portal de “Transparencia Presupuestaria – Fuerza México”, se tenía registro de 83 unidades médicas con daños totales en el sector salud, el ISSSTE y el IMSS, concentradas principalmente en Puebla y Morelos.
Finalmente, respecto al patrimonio cultural, la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, informó del registro de mil 821 edificaciones culturales dañadas, de las cuales 242 tenían daños severos.
Las víctimas de los sismos
La información insuficiente y desigual alcanzó al número de víctimas. Para la Ciudad de México existen datos que permiten distinguir a los fallecidos por género y grupo etario, sin embargo, para el resto de los estados, únicamente se cuenta con cifras agregadas.
Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, confirmó que al 5 de octubre el número de fallecidos a causa del sismo del 19 de septiembre era de 369.
- La Ciudad de México reportó 228 decesos
- Morelos 74
- Puebla 45
- El Estado de México 15
- Guerrero 6
- Oaxaca 1
A diferencia del resto de los estados afectados, la información para la Ciudad de México es más completa y permite generar estadísticos básicos, así como inferir algunas hipótesis sobre las tendencias que muestran los datos.
Es importante reconocer el esfuerzo ciudadano para recopilar y verificar la información generada a partir del sismo, y que originalmente tenía como objetivo el solventar y gestionar las necesidades de la ciudad en los momentos posteriores a la tragedia; por el otro, se debe hacer hincapié en la falta de información oficial de calidad durante la contingencia y, sobre todo, en los días y semanas inmediatas.
La tarea de análisis de la información sería más certera si la disposición de datos no fuera tan restringida. Aún no se cuenta con un informe oficial, federal o por entidad federativa, que contenga la información específica sobre los derrumbes, las víctimas, las afectaciones a la propiedad pública y privada, o el número de damnificados.
Además, siguen en operación albergues. Las cifras oficiales sobre albergues o refugios temporales desglosadas por estado presentan distintas fechas de actualización y no coinciden con la información agregada proporcionada por Presidencia.
En cuanto a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre, no existen cifras oficiales, preliminares o finales, de tipo estatal. El 17 de octubre Reuters publicó que, de acuerdo a la última estimación de Presidencia, más de 12 millones de personas resultaron afectadas por los sismos.
Comentarios finales
La información en torno a las consecuencias de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados se considera insuficiente y, en algunos casos, imprecisa. Lo anterior es particularmente preocupante pues, aún no se cuenta con datos y estimaciones oficiales, públicas y detalladas, que permitan tener certeza de que los planes de reconstrucción que se han echado a andar en algunas entidades federativas, respondan efectivamente a las necesidades de las personas afectadas.
Preocupan las discrepancias identificadas al interior de las dependencias, en donde la magnitud de los daños estimados cambia de un día a otro, a favor o en contra, prendiendo focos rojos en cuanto a la veracidad y precisión de los datos, llevando a preguntar si la evaluación de las afectaciones permitirá algún día implementar políticas de recuperación y prevención efectivas.
También preocupan las discrepancias entre dependencias y órdenes de gobierno, pues una vez más pareciera que la falta de coordinación se ha convertido en un lastre que impide lograr lo que pareciera evidente: ayudar y atender lo antes posible a las personas que más lo necesitan.
Se considera deseable que las autoridades competentes puedan estar en verdaderas posibilidades de diseñar e implementar planes de recuperación y reconstrucción de corto, mediano y largo plazo, que respondan inequívocamente a las necesidades de los afectados y que partan del reconocimiento de la amenaza natural a la que está expuesto nuestro territorio de manera constante.
