A pesar de representar el mayor problema de salud pública en México, la diabetes mellitus continúa creciendo por un débil diseño de la política de salud que permite omisiones, maquillajes, y que pese al gasto enorme en el tratamiento, 2.25 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2013, se permitan problemas como el desabasto parcial en medicamentos como Glibenclamida y Metformina en todo el país, y casi total en los tres tipos de insulina rápida, glargina y NPH que requieren los pacientes, aunque se adquieren comúnmente con sobreprecios de hasta tres veces su valor, de acuerdo con los hallazgos del estudio Salud Deteriorada, realizado por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

En el estudio, MCCI expone que la diabetes es una de las mayores cargas de enfermedad y discapacidad en México. Actualmente, 6.4 millones de adultos mayores de 20 años están en tratamiento contra la diabetes y anualmente ocurren alrededor de 20 mil amputaciones asociadas con la progresión de la enfermedad. A la fecha más de 80 mil personas han perdido la función renal y dependen de terapias de remplazo para poder sobrevivir.

En términos de morbilidad, una de cada tres muertes que ocurren en el país en mayores de 35 años está relacionada con las complicaciones de la diabetes mellitus. Tan solo en 2016, fallecieron prematuramente 105 mil 574 personas por diabetes, a una edad promedio de 66.7 años. Lo que conlleva un gasto social en la enfermedad y sus comorbilidades de 362 mil 859 millones de pesos en 2013, lo que entonces era equivalente a 2.25 por ciento del PIB.

Pese a la seriedad del problema, las estrategias de prevención de la diabetes han sido insuficientes para abatir su crecimiento, advierte el estudio que atribuye las fallas a un mal diseño de fines y objetivos, y también la incapacidad de las instituciones del sector salud en general para tener “registros nominales sobre el número de personas en seguimiento médico y, de manera más importante, señalan que no es posible medir ni la calidad de la atención que reciben los afiliados a estos subsistemas, ni los resultados logrados a través de sus intervenciones. Así, ni la SS y ni el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), entidad a la que le corresponde vigilar y coordinar las acciones de la Estrategia Nacional para la prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD), disponen de información sistematizada sobre la prevención y control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en la población derechohabiente de los diferentes subsistemas y desconocen si el resto de las dependencias del sector adoptaron los 21 indicadores para medir el avance en la prevención y control de la estrategia”.

El estudio revela que si bien las campañas de comunicación de alcance masivo podrían tener un alcance positivo en materia de prevención; “las entidades fiscalizadoras concluyen que no es posible evaluar si éstas han logrado cambios en el comportamiento de la población mediante estas actividades, debido a la carencia de mecanismos que determinen la efectividad de los mensajes y la penetración y fijación de éstos en la población”.

El estudio detectó que existen también conflictos de intereses en los miembros del Observatorio Mexicano de Enfermedades Transmisibles, uno de los rectores en la estrategia contra la diabetes:

Cerca de 50 por ciento de los miembros no gubernamentales de su Consejo Asesor tienen conflictos de intereses evidentes. En este contexto, su participación en la determinación y evaluación de las políticas de prevención de diabetes mellitus podría estar comprometida. No obstante, la Secretaría de Salud no ha implementado mecanismos para prevenir o controlar esta posible influencia negativa.

El documento afirma que en el OMENT predominan los intereses de la industria y no hay mecanismos para prevenir los evidentes conflictos de intereses.

En sus conclusiones, el estudio encontró un diseño débil de la política de prevención y tratamiento dado que la ENPCSOD tiene problemas de diseño, la población objetivo no está definida y los indicadores de desempeño están mal definidos.

Además se detectó omisión a atribuciones normativas y “maquillajes” de cifras en reportes de desempeño; tampoco hay seguimiento a la política y difieren su responsabilidad normativa al nivel estatal; igualmente que la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado incongruencias en el reporte de pruebas de tamizaje: solo comprobable el 32 por ciento de las reportadas.

También se presentó opacidad en el financiamiento y falta de transparencia en acceso a información dado que la Secretaría de Salud negó a MCCI el acceso a bases de datos y a informar sobre el financiamiento del OMENT.

Al mismo tiempo se encontró “colusión” entre autoridades estatales y federales que debilita el primer nivel de atención. Esto porque el financiador estatal no exige resultados en salud y se permite discrecionalidad en los indicadores de evaluación, y también debido a la falta de información sectorial que oriente la toma de decisiones y al pobre desempeño en el control de la diabetes en el primer nivel de atención.

También se encontró que la duplicidad en sistemas de información, construidos con indicadores no fidedignos dan como resultado información contradictoria y no creíble, que obstaculiza la toma de decisiones de manera científica.

Del mismo modo, la dificultad de dar seguimiento al gasto en medicamentos e insumos en diabetes, favorece errores en compras reportadas hasta de mil millones de pesos en seis años. Adicionalmente la ausencia de una política nacional de procuración de medicamentos lleva a perder el poder de negociación y se abre espacio para la influencia de la industria. Esto provoca que, por ejemplo, el Seguro Popular compre el tipo de insulinas más costosas, lo que resulta en una diferencia de precio por vial de insulina de tres veces el precio IMSS ($170 vs 54.5); lo que significaría un ahorro potencial de 358 millones de pesos tan solo en 2016.

También se encontró mala calidad de la atención evidenciada entre otros elementos en que solo uno de cada 25 pacientes recibió una prueba de microalbuminuria en el último año.

Frente a esta evidencia, MCCI recomienda priorizar la diabetes al más alto nivel impulsando un plan nacional con verdadera participación sectorial; lograr la procuración y uso racional de medicamentos e insumos mediante acuerdos jurídicamente vinculatorios sobre metas específicas con los proveedores de servicios. También emitir lineamientos para prevenir conflictos de intereses para asegurar que prevalezcan los objetivos de salud en beneficio de la ciudadanía; y ajustar el diseño institucional de la estructura de algunas unidades de la Secretaría de Salud para separar las áreas operativas de las de evaluación y evitar así dar margen a conflictos de intereses. Al mismo tiempo, se debe establecer mecanismos para que se dé seguimiento estricto a las recomendaciones de la ASF, del Coneval y la Cofece, y dotar a los contratos de comunicación social de cláusulas que obliguen la presentación de la evaluación de impacto y penetración en la población.

En materia de financiamiento, se sugiere el impulso a licitaciones consolidadas para todo el sector y evitar compras por los subsistemas de salud, para maximizar el poder de negociación por volumen; también mejorar la trazabilidad del gasto para poder evaluar los precios comparativamente y revisar los contratos; implementar una plataforma de contrataciones de uso obligatorio en el sector que abarque planeación, licitación y ejecución bajo los criterios de costo-efectividad; vigilar los procesos para introducción de nuevos medicamentos y evaluar su costo-efectividad; e incluir el pago por desempeño de acuerdo con indicadores que permitan medir los resultados del control y prevención de las complicaciones en diabetes.

También establece MCCI la necesidad de “mejorar la transparencia en lo que concierne a las bases de datos del OMENT y fortalecer su uso para lograr una rectoría efectiva y mejorar la calidad de la atención, impulsando una política de datos abierta”. Y fortalecer el modelo de atención desde el primer nivel y sus redes de atención médica; mejorar la prescripción que reciben los pacientes con diabetes, incluyendo receta electrónica y perfiles especializados como el farmacéutico clínico, y establecer criterios e indicadores armonizados y homologados en los contratos de trasferencia de recursos del SP o de las delegaciones (IMSS, ISSSTE) a las unidades de primer nivel.