“Traemos con qué y nos los vamos a chingar a todos”, la amenaza al personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción vino desde el 14 de septiembre, pero sigue viva y se verifica hasta en la retención de salarios a más de 30 funcionarios de la dependencia. No tenemos miedo, dicen, pero es evidente que temen, por su futuro, su patrimonio, sus familias, y aún así continúan trabajando, “porque alguien lo tiene que hacer”. La del último mes es una historia de colusión de autoridades, intrigas, violencia institucional e incertidumbre laboral por la crisis que ha generado el conflicto entre las fiscalías de Morelos.

Para entrar al órgano autónomo hay que esperar varios minutos. Los más de cincuenta policías y marinos que custodian los alrededores ya tuvieron un altercado con la prensa hace unos días, pero ahora se portan amables, aún con ello la tensión existe. Estamos en un edificio en disputa, los rifles asoman por donde uno mire y después de cinco semanas de jaleo todo mundo mira con sospecha a los extraños. Dentro del edificio las cosas se relajan pero no bastante, el personal limpia la mesa, hace días que los funcionarios tienen que entrarle a todas las tareas. “Parece que durmieran aquí”, tratamos de bromear para liberar la tensión pero no funciona.

El 13 de septiembre, el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, solicitó una licencia al cargo por un mes para competir por una magistratura del Tribunal Superior de Justicia. En su oficio de licencia, nombró como encargado del despacho al segundo al mando, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, quien asumió el cargo de forma inmediata.

Núñez Urquiza empezó a trabajar en la Fiscalía desde marzo del 2019 y fue nombrado vicefiscal adjunto en marzo del 2022, después de haber estado como encargado del mismo despacho por casi dos años. “Tengo mi nombramiento, incluso, de vicefiscal adjunto”, dice a El Sol de Cuernavaca en entrevista exclusiva.

Cuando Juan Salazar le dijo, otra vez, que pretendía continuar su carrera como magistrado, el vicefiscal no se sorprendió. “Siempre quiso volver a ser magistrado porque le gusta más el estudio de las cosas jurídicas, y por eso me dijo antes de la convocatoria que tenía la intención de competir para ello, y para darle más certeza dejaría el cargo para que no pareciera una cuestión de manejo político o de coacción, porque él tenía la obligación constitucional de investigar a los servidores públicos y también a los diputados… y él siempre me externó que yo iba a quedar a cargo durante todo el periodo que le restaba”.

Así que el trece de septiembre Salazar llamó a Núñez Urquiza y le informó que solicitaría licencia, y que ya había girado el oficio a quien estaba encargado de la Fiscalía General del Estado, Carlos Montes Tello, por la ausencia de Uriel Carmona Gándara, que por entonces cumplía un mes y diez días en prisión preventiva. En el oficio se indicaba que el responsable sería Núñez Urquiza conforme a la ley.

Y entonces todo se fue al demonio

Apenas se reorganizaba la oficina, recibieron un documento de la Fiscalía General de la República por el delito de tortura, “donde nos indican que la carpeta está totalmente integrada y que por la competencia nos tocaría a nosotros ejercer acción penal. Una carpeta de casi tres tomos y tres anexos de pruebas, bastante voluminosa, y así decía el oficio literalmente con datos eficientes y concretos para ejercer acción penal, yo me entrevisto con las personas que traían la carpeta y me explican que está totalmente integrada, que hay elementos y que si nosotros no lo valoramos correctamente podríamos incurrir en omisión, y lo comprendemos porque tenemos amplia experiencia en esto, sabemos que nuestra obligación es ejercer acción penal cuando hay un hecho con apariencia de delito. Yo chequé personalmente la carpeta, la vi integrada… se la turno a dos agentes del Ministerio Público para que la verifiquen… y tuvimos que solicitar las liberaciones de las órdenes de aprehensión en contra de los policías y del fiscal General del Estado”.

Horas antes el mismo día, el fiscal Uriel Carmona había logrado una tercera orden de liberación que tendría que cumplirse ese mismo día. Eso no pasaría, en la audiencia para liberar las órdenes de aprehensión, “un agente del Ministerio Público le preguntó a la juez si consideraba que el fiscal tenía fuero y en caso afirmativo hiciera caso omiso de nuestro planteamiento porque nosotros considerábamos que no tenía fuero local, porque la Corte ya se había pronunciado al respecto, se lo propusimos a la juez pero nos dijo que sí es procedente el ejercicio de la acción penal y se libera la orden de aprehensión”. Entonces Núñez Urquiza ordenó a los elementos policiales que cumplimentaran la orden de aprehensión en donde se encontrara. Para lo que se trasladaron al Penal del Altiplano en el Estado de México, con el apoyo de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

El personal de la Fiscalía se quedó a trabajar el casi toda la noche del 13 y madrugada del 14 de septiembre para preparar la audiencia. Había que sacar copias de constancias y revisar la carpeta de más de mil hojas. “El personal se quedó hasta las cinco de la mañana… porque esta preparación iba a ser más complicada que otras porque era contra una persona que era titular de la Fiscalía General del Estado. Entonces yo me retiro a las dos de la mañana y les dejo a disposición mi oficina de la vicefiscalía, mi computadora y el espacio que yo tengo para que acomoden la carpeta, preparen el hecho... Les dejo las llaves para que cierren al terminar… posicionan la carpeta original de ese delito de tortura sobre mi escritorio a un lado de la computadora y se retiran del lugar”.

La mañana del 14 de septiembre pintaba para ser normal. Los trabajadores de la Anticorrupción se preparaban para un día común a pesar de lo delicado del asunto que llevarían ese día, la audiencia para vincular a proceso al fiscal general del estado. Pero alrededor de las ocho de la mañana quedó claro que no sería así. Edgar Nuñez Urquiza recibió la llamada del agente de seguridad responsable de la entrada del que ya era el despacho a su cargo. El coordinador General de Administración de la Fiscalía, Homero Fuentes Ayala, quería entrar junto con más de sesenta elementos armados y equipados de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, FIDAI. Núñez Urquiza pidió al guardia que lo esperara para recibirlo, pero cuando el agente iba a decirlo, Fuentes Ayala aprovechó para entrar, junto con todos los elementos que le acompañaban a la fiscalía.

“Los actos que ellos llevaron a cabo son de completo intervencionismo y violatorios a la autonomía de esta fiscalía, aunado a ello, la FIDAI es la fiscalía élite de la General, está por encima de todas, excepto de la Fiscalía Anticorrupción, o sea ellos no pueden meterse en nada, sin embargo, realizaron estos actos con más de sesenta efectivos y con apoyo de otros elementos de la policía de investigación criminal y agentes de otras regiones, oriente, sur poniente y metropolitana. O sea, de toda la gente que vino, administrativamente llegó solamente el coordinador, el supuesto nuevo fiscal anticorrupción, el área de control interno y el de visitaduría, que quiero señalar que tampoco pueden intervenir en estas oficinas porque tenemos nuestro órgano de visitaduría interna”, acusa Núñez Urquiza.

Eran pasadas las ocho de la mañana, muchos de los funcionarios de la Anticorrupción habían estado trabajando toda la noche anterior y parte de la madrugada, así que fueron llegando poco a poco, pero no se les permitió el ingreso a sus áreas de trabajo. Tenían que pasar un cerco policial, los obligaron a poner sus teléfonos en una barra. Los policías que habían cumplido la orden de aprehensión contra Carmona fueron puestos contra la pared para ser interrogados por la FIDAI sobre las razones para ejecutar la orden de aprehensión. Una pregunta era recurrente “¿Dónde están Edgar Núñez Urquiza, Ignacio Zeus Gutiérrez (fiscal de delitos diversos de la Anticorrupción) y Miriam Lariza Rodríguez?”, quienes habían trabajado el caso.

Núñez Urquiza aún no llegaba a su oficina cuando fue alertado de lo que estaba ocurriendo. “Mi primera reacción fue presentarme a ver qué estaba pasando, pero me llamaron y me dijeron que no fuera, que me iban a detener, y luego se acabó la comunicación con todos”.

Y no era para menos, los testimonios de los funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción son consistentes “traemos con qué y nos los vamos a chingar a todos”, advertían los funcionarios de la Fiscalía General a trabajadores en medio de una tensión que crecía por minuto, mientras avanzaba la toma del órgano autónomo hasta sus comunicaciones.

Nadie salió de la Anticorrupción por las doce horas siguientes, nadie pudo ir a comer, los estudiantes que trabajan en las oficinas no pudieron ir a sus clases. Tampoco podían usar libremente “nos prestaban nuestros teléfonos pero no podíamos hacer llamadas”.

Un solo conflicto, escenarios múltiples

La audiencia contra el fiscal General por el delito de tortura estaba programada ese mismo día a las dos de la tarde.

“Trataron de notificarnos (a la Fiscalía Anticorrupción), pero nosotros les indicamos que no traíamos la carpeta de investigación” esa que se había quedado la noche anterior en la oficina de Núñez Urquiza que en ese momento ya había sido tomada por agentes de la Fiscalía General.

“Entonces se comunican a las oficinas tomadas y logran grabar un video donde a las dos de la tarde está la carpeta todavía al lado de mi escritorio, pero en ese inter de tiempo ya habían revisado las oficinas, porque mi oficina estaba cerrada con llave y este auxiliar logra entrar, lo que quiere decir que alguien le había abierto y logra grabar donde se encontraba la carpeta original”.Explica Núñez Urquiza, y abunda “nos manda el video, nosotros denunciamos ante la Fiscalía General de la República, porque se empezó a manejar que el supuesto nuevo fiscal Anticorrupción designado recientemente estaba tratando de desistirse del ejercicio de la acción penal en contra del fiscal general (de Morelos)... el supuesto fiscal anticorrupción (Isaías Rodríguez Moreno) comparece y pide el desistimiento o el retiro de la formulación de imputación en contra del fiscal general, y el juez, al ver esta cuestión de conflicto de intereses y de la falta de conocimiento del supuesto fiscal que es evidente y notorio en la audiencia…decide revocar la solicitud y la Fiscalía General de la República hace valer la facultad de atracción y toma ese asunto”.

El juez pidió entonces la salida de los representantes que presumían ser de la Fiscalía Anticorrupción. “Y entonces regresa a la fiscalía y simula una carpeta de investigación donde indicaba que la carpeta había sido robada e indebidamente ingresan al cuarto de evidencias, la carpeta. Y simulan, porque la inician supuestamente a la 1:45 de la tarde y dicen que la encuentran hasta las seis de la tarde, pero si en realidad hubiera iniciado una carpeta a esa hora, lo hubiera dicho el supuesto fiscal anticorrupción en la audiencia, y no lo dijo”.

En cambio, ese mismo día personal de la Fiscalía General, asegura Núñez Urquiza, sacó documentos, sellos, vehículos, evidencias, equipos de cómputo de la Fiscalía Anticorrupción para llevarlos a otros lugares.

La supuesta renuncia definitiva de Juan Salazar Núñez

La Fiscalía General de Morelos, el mismo 13 de septiembre a las once de la noche había acudido al domicilio del Fiscal Anticorrupción Juan Salazar para notificarle que su oficio de separación del cargo no había surtido efecto por lo que tendría que reincorporarse a sus actividades. En medio de la coacción, Salazar Núñez fue obligado a firmar una carta de renuncia a mano, documento que resultaría sin efectos por haber sido presentado ante un fiscal encargado de despacho (quien suplía la ausencia de Uriel Carmona), sino de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso tendría que darse ante el propio Legislativo, fundada y motivada debidamente y ratificada por la Mesa Directiva, explica Núñez Urquiza, de acuerdo con las reformas legales del 6 de septiembre aprobadas por el Congreso para dar certeza a la falta de titulares de órganos autónomos.

¿Y dónde estaban Núñez Urquiza, Zeus y Miriam?

Más de veinte personas no pudieron llegar el 14 de septiembre a la fiscalía por las amenazas de ministerios públicos, fiscales, policías y auxiliares.

“Nos refugiamos en una casa, ocultos, con temor por las acciones tomadas por estas personas” que ya tenían sometidos, amenazados, incomunicados y detenidos a la mitad del personal de la Fiscalía Anticorrupción. “Presentamos nuestras denuncias ante la Fiscalía General de la República, y esperamos a ver qué va a pasar. Nos enteramos de lo que pasaba. Seguíamos exiliados, hubo un puente que dio cuatro días de pausa. Yo no pude presentar mi amparo porque los juzgados federales también se fueron… Seguimos trabajando, se instruyó al personal que siguieran trabajando, acudiendo a audiencias, montamos el trabajo desde nuestras casas. El 18 de septiembre presento mi amparo”.

Los primeros contactos con la Fiscalía General

“Tuve algún tipo de contacto de algunas personas de la Fiscalía General para que yo declarara en contra de alguien que me hubiera obligado a pedir una orden de aprehensión en contra del fiscal general, pero yo claramente lo dije, a mí nadie me obligó a hacer nada, yo hice mi trabajo objetivo, leal, y con base en los principios de legalidad, y no me voy a prestar a decir mentiras de ninguna persona, y menos de favorecer a nadie”, explica Núñez Urquiza los hasta ahora hechos desconocidos ocurridos en los días de la toma de la Fiscalía Anticorrupción.

Se presentaron amparos, denuncias de hechos sobre lo que ocurría en las oficinas tomadas por la Fiscalía General.

Núñez Urquiza contraataca el 20 de septiembre

El juzgado otorgó la suspensión provisional a Edgar Núñez Urquiza para no ser removido del cargo de vicefiscal, y con ello de la titularidad temporal de la Fiscalía Anticorrupción. “Yo no tenía problema porque a mí nadie me había notificado de una posible destitución… podía acudir de inmediato a las oficinas, pero tenía preocupación, temor porque seguían elementos policiacos resguardando la oficina. Yo esperé a tener un documento que me amparara para no sufrir detenciones, ceses o procedimientos administrativos indebidos. Cuando obtuve la suspensión pedí el apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública para que garantizaran mi seguridad”, señala el vicefiscal. La petición a la policía estatal era para proteger a Núñez Urquiza, pero también las instalaciones de la Fiscalía.

Al llegar, a las ocho de la noche para reducir el riesgo de enfrentamientos, se le negó el acceso. Pero ayudado de casi un centenar de elementos de la policía estatal y la Marina la resistencia duró poco. “Gente de la fiscalía general empezó a agredirnos. No quisieron retirarse, nos mandaron drones, les indico que cualquier persona puede entrar o salir. No quisieron, simularon que estaban enfermas o se sentían mal, pedimos una ambulancia para atenderlas, se negaron a la atención y a retirarse, y se mantuvieron ahí hasta las tres de la mañana. Pedí un notario para que verificara las condiciones, mandaron otro notario y entonces dos fedatarios revisaron las condiciones en que estaba la Fiscalía”.

Núñez Urquiza dio esa noche declaraciones a medios de comunicación para explicar lo que estaba ocurriendo y especialmente la presencia de la enorme cantidad de policías estatales y marinos. Hoy insiste: “yo me hago responsable de esa situación… Mandé oficios de acuerdo con los protocolos y mecanismos de seguridad que se tenían que llevar, porque es un tema de la seguridad de una instalación amplia, con varias entradas y accesos y donde trabajan más de cincuenta personas… el auxilio se solicitó en protección, no en reacción, de actos que ya habían cometido otras dependencias de intervencionismo. Este mecanismo de seguridad está planeado para salvaguardar las instalaciones y evitar algún otro tipo de incursión o actos que vulneren la autonomía de la Fiscalía”.

Ya en las oficinas, abunda Núñez Urquiza “nos enteramos de que había una coalición de servidores públicos para perpetrar o controlar la Fiscalía Anticorrupción, para intervenir en la autonomía, para favorecer a determinados entes políticos, a determinadas personas sujetas a proceso, al fiscal general, al tratar de desistirse de la acción penal”.

Un infierno a fuego lento

Desde el 21 de septiembre hasta ahora, los servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción trabajan normalmente, o eso dice Edgar Núñez Urquiza, porque entre el impresionante cerco formado por marinos y policías estatales, las dudas sobre su futuro y la ahora hasta la retención del pago de sus salarios, la vida no es normal aquí.

Entre el 14 y 21 de septiembre, se les coaccionó para que presentaran sus renuncias, se les amenazaba con procesos penales en su contra en caso de no firmarlas. Ninguno les concedió la petición, y entonces, los renunciaron.

El 22 de septiembre la otra Fiscalía Anticorrupción notificó a los medios de comunicación el cese de catorce funcionarios públicos:

• Edgar Rodolfo Núñez Urquiza,
• Carlos César Antonio Díaz Ramírez,
• María Elena Luengas Páez,
• Jonathan Arias Larios,
• Zayra Labra Delgado,
• Joan Bryan Zulbarán Vergara, Carlos Rodríguez Pérez,
• Reynaldo Silva Trejo,
• Hugo Alberto Hernández Denova,
• Nadia Karina Figueroa Castro,
• Miriam Lariza Rodríguez Galindez,
• Brayan Senado Solís,
• Ignacio Zeus Gutiérrez Córdova
• y Rosalba Irene Ortega Villa.

Y luego, se cesó desde la Fiscalía General a casi 30 trabajadores más, indebidamente “nadie de la Fiscalía General puede cesar a alguien de la Fiscalía Anticorrupción, y como ellos tienen a su cargo la nómina les dejaron de pagar”, acusó Núñez Urquiza. No sólo eso, los trabajadores también “enfrentan procesos de destitución sin ser escuchados, sin ser vencidos, sin brindarles las cortesías mínimas del servicio público, sin pagarles sus vacaciones, aguinaldos, primas de antigüedad”.

Así, “personas que llevan 22 años trabajando en la Fiscalía, otros que están el servicio de carrera, que son ministerios públicos fiscales, y de acuerdo a la constitución si los cesa la Fiscalía General entonces nunca pueden volver a trabajar, en ningún lado, en ninguna dependencia de seguridad pública”, lamenta Núñez Urquiza. Los salarios retenidos van desde los seis a los sesenta mil pesos y afectan a estudiantes que apenas empiezan su vida, a padres de familia, a personal que tiene créditos que no podrá pagar. Y siguen trabajando. Las oficinas tampoco han recibido recursos desde hace una semana.

“¿Qué justificación les van a dar? ¿que no nos hincamos al uso de las armas, a favorecer a las personas, que no nos sometimos o nos quedamos contra la pared, que activamos los mecanismos jurídicos para defendernos?”, reclama el vicefiscal. “No vamos a consentir ese tipo de cosas, y nos vamos a defender entre nosotros, y yo los voy a defender porque es mi gente”.

Y llama a la Fiscalía General a tratarlos con dignidad y respeto, “porque no es negociable nuestra dignidad, nuestro trabajo, nuestro sacrificio”.

Quienes sí están cobrando, alega Núñez Urquiza, son el supuesto fiscal anticorrupción y la supuesta nueva vicefiscal, “y eso es un delito que nosotros no vamos a consentir y creo que es un problema ya no de instituciones, sino de lesa humanidad, con el que están afectando a más de 25 o 30 personas. Yo pido el apoyo de la sociedad porque los trabajadores merecen su salario”.

La carpeta contra el fiscal general, ¿una novatada?

Dada la sucesión de los hechos, la salida de Juan Salazar y la casualmente inmediata entrega de la carpeta de investigación por tortura contra el Uriel Carmona, la coincidencia en tiempos y la certeza en muchos de que el fiscal general de Morelos es víctima de una persecución política, preguntamos al vicefiscal que solicitó las órdenes de aprehensión en el caso si no le habrían tendido una trampa, o lo habrían usado en un intento de mantener a Carmona en la cárcel.

“Pues el calificativo de novatada espero que no sea así, ya llevo mucho tiempo en esto y tengo mucha experiencia. Si es una cuestión política o no, eso no me toca a mí, porque yo no tengo más que una carpeta, así que no conozco los otros casos. Conozco el contenido de la carpeta de tortura en contra de la víctima conocida como “El Diablo”, y para mí estaba perfectamente integrada. De acuerdo con mi experiencia tenía elementos para una vinculación a proceso. No recibí ninguna amenaza porque nadie vino a decirme o ejerces acción o vas tú, realmente no. Recibo una carpeta la verifiqué y si yo consentía que conocía un acto jurídico, una investigación ya integrada y permitía que no se ejerciera acción penal de forma inmediata, no es que alguien me amenazara, yo sabía que estaba cometiendo delitos y no iba a ser auxiliador ni encubridor de nadie. Yo no soy político, soy de campo, de carpeta, de audiencia. No era una novatada, podría ser una papa caliente, pero a esas se les tiene que entrar con legalidad. ¿Qué hubiera pasado si pasada esta situación la ciudadanía se hubiera enterado de que la Fiscalía Anticorrupción tenía una carpeta integrada perfectamente para proceder contra el fiscal general? Yo no tengo que quedar bien con nadie. Esta Fiscalía no ha tenido ese tinte, la Fiscalía General sí ha sido señalada por ello, por auxiliar a feminicidas, a servidores públicos que participaron en eso”, responde.

En efecto, Núñez Urquiza es probablemente el menos político de los servidores públicos de Morelos. No tiene enlaces más allá de su oficina y hasta podría pensarse que se ha peleado con todos.

Antes de que iniciara la gestión de Núñez Urquiza, los polarizadores ubicaban a las fiscalías General, Anticorrupción y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como oficinas aún controladas por el ex gobernador Graco Ramírez. Con el pleito entre las fiscalías hubo quienes aseguraron que la Anticorrupción se había cambiado de bando al del actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco. ¿Esto es así?, le cuestionamos.

“No. Yo no puedo hablar por otras personas. A mí el único que me daba instrucciones era Juan Salazar. Pueden revisar mi teléfono, yo no hablaba con el fiscal general, con el gobernador, con nadie. Quien me invitó a trabajar aquí, quien me dio mi nombramiento fue Juan Salazar. Y él nunca me dio una instrucción para que hiciera o dejara de hacer, nunca me dijo que procediera en contra de alguien. Así es el tema político. Nunca protegí a nadie”. Y cita casos en contra de más de veinte políticos de diversos grupos, incluidos el ex gobernador Graco Ramírez, el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, ex diputados, diputados y el fiscal general. “La política de aquí es transparentar nuestro trabajo, someternos al juicio público, a la valoración de los jueces. Hoy Morelos necesita una Fiscalía Anticorrupción completamente autónoma, más que nunca, y también lo necesita la Fiscalía General, porque si dicen que hay una persecución política contra el fiscal, que se ponga a juicio de un órgano autónomo”.

Ninguna autoridad ha buscado al vicefiscal

“No he hablado con el gobernador, ni con el fiscal general, me he comunicado unas veces con Juan Salazar por el tema de su entrega-recepción y de su mecanismo de seguridad. El contacto que tuve con la Comisión Estatal de Seguridad Pública fue por las áreas operativa y jurídica, pero ni con el almirante (José Antonio Ortiz Guarneros), ni con nadie de ellos. He pedido mi resguardo de instalaciones y personal. No tengo que comunicarme con nadie, sólo en apoyo institucional… no aceptaré ninguna petición, señalamiento o instrucción personal”, advierte Núñez Urquiza quien anticipa que incluso si tomara la decisión de renunciar sería por cansancio o por motivos familiares, pero no por presiones. La fiscalía anticorrupción está abierta para recibir denuncias”, asegura el vicefiscal.

Y a pesar de la cantidad de gente que se requiere para cuidar el edificio, a sus funcionarios y a él mismo, Núñez Urquiza rechaza tener miedo, aunque teme que se afecte a su personal. “Pero tengo el valor de defenderlos y ponerme al frente de ellos y lo he estado haciendo. Me preocupa mi integridad física por mi familia. Temo que tomen las instalaciones y fabriquen delitos y se roben carpetas y que se nos señale como delincuentes, sí temo que me inventen cosas porque en el amparo he visto como han falsificado pruebas. Temo que me finquen acciones legales, no he hecho nada, pero conozco cómo pueden actuar ellos. Pero miedo no tengo, si lo tuviera abandonaría mi profesión”.

Con tanto político que el vicefiscal ha perseguido parecería que es el funcionario más solo de un Morelos en que toda la alta burocracia se agrupa para defenderse. En tus fiestas no has de tener muchos amigos a quienes invitar ¿no? Le preguntamos y él ríe.

“No me siento tan solo porque tengo a mi familia, que ha estado conmigo en todo momento, tengo al personal de la Fiscalía Anticorrupción que me ha tendido su mano y su apoyo. Nunca me voy a sentir solo, porque la gente que he formado está aquí. Obviamente las llamadas y los mensajes (de amenaza) ya no son tantos como eran antes, pero siguen. Pero no me siento solo, estoy tranquilo y en paz, porque he sido justo. No me siento solo porque tengo a 25 personas que están conmigo, que no les han pagado ni un solo peso y aquí siguen. Tengo a gente que sabe que tal vez está metiéndose en un problema pero prefieren estar conmigo porque saben que estamos haciendo lo justo. Estas posiciones son solas, no de muchos amigos. Pero no me siento solo porque toda la sociedad me escucha y quiero abrir a la sociedad y a la ciudadanía lo que está pasando aquí, y que ellos hagan su juicio”, responde.

El conflicto va para largo

Los recursos jurídicos por agotar apuntan a que el diferendo y la tensión que provoca duren mucho tiempo, le preguntamos al vicefiscal si tiene idea de cuándo habrá solución.“No sé cuánto va a durar, será lo necesario, pero no se va a negociar nada con nadie. Debe venir una determinación en el juzgado federal y en los órganos jurisdiccionales respectivos para poder establecer claramente los lineamientos que vamos a tener y la circunstancia de mi permanencia o no. Me voy a sujetar a las determinaciones judiciales lo máximo posible, tengo que hacer valer mi derecho de impugnación y todo lo que corresponda. Llevará tiempo porque se trata de restablecer el estado de derecho en las fiscalías General y Anticorrupción. No podemos estar con este temor institucional toda la vida, tiene que haber paz y voy a contribuir a ello, si el dejar de estar aquí contribuirá a la paz, lo acepto. No estoy apergollado con el cargo, estoy para proteger a la gente que quiere tener servidores públicos que obedezcan la ley. Yo voy a hacer lo posible para preceptuar en paz todo esto. No voy a convenir, a sujetar a nadie mi renuncia, ni las acciones que voy a tomar solamente lo que por derecho corresponde. Hasta en tanto estaremos aquí el tiempo que sea necesario”, concluye.

La salida de la Fiscalía es mucho más ágil que la entrada. Ayuda que el vicefiscal y algunos de su equipo nos acompañan algunos pasos. En el estacionamiento un pequeño gato gris juega con la basura, debe tener casi la misma edad que el pleito entre las fiscalías, ojalá el felino dure mucho más.

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