En el primer semestre del 2022, se registraron 960 casos de feminicidio en el país, de los cuales 50 se cometieron en Morelos, afirmó la Senadora por Morelos, Lucía Meza Guzmán.
Ante ello, informó que el pleno del Senado de la República discutirá y aprobará reformas a cinco ordenamientos jurídicos en los próximos días, con los que se refuerzan las investigaciones, se establecen agravantes para las sanciones y se garantiza la reparación integral del daño causado por el delito de feminicidio.
Indicó que en las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, se aprobó el dictamen que se presentará la próxima semana a discusión del pleno, por lo que manifestó su confianza en que será avalada para proteger a las mujeres de sus agresores.
Las leyes que serán reformadas para dicho objetivo son: El Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
“El feminicidio constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer y representa una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia nosotras, en razón que culmina con la privación de la vida".
Por ello, dijo, es el deber de los legisladores garantizar la prevención, dar garantías de justicia y reparación del daño.
Meza Guzmán lamentó que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han declarado haber experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral.
Por esta situación, agregó es necesario establecer un agravante para aquellos casos en que las víctimas sean personas menores de edad, embarazadas, adultas mayores o con discapacidad.
Con las reformas planteadas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se implementarán fiscalías especializadas, así como la no utilización de estereotipos de género.
Asimismo, en las modificaciones a la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Publica, se plasmará un sistema de alerta y protocolos para buscar y localizar a las mujeres desaparecidas y con los cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, se incluye una definición de perspectiva de género, para que los ministerios públicos, la policía y los los jueces realicen sus funciones con perspectiva de género, así como puntualizar la prisión preventiva oficiosa para el delito de feminicidio.
Sobre la reforma a Ley General de Víctimas, la Senadora detalló que se reconocerán derechos de las víctimas, como el otorgar tiempo de espera y estabilización a las víctimas para rendir su declaración, la inclusión de las disculpas públicas, así como el pago, el resarcimiento y la reparación integral del daño.
Lucy Meza indicó confió en que las modificaciones abonarán a la lucha en contra de la violencia feminicida desde el ámbito de la prevención, la investigación y la sanción, pero principalmente, en la sensibilización del problema para la implementación de políticas públicas con perspectiva de género.
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