A 101 días de las elecciones del próximo mes de junio -consideradas las más grandes en la historia de México- un rubro que es fundamental ejercer para garantizar equidad en los procesos electorales, es el financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes.
A nivel nacional se cuenta con un sistema de financiamiento mixto para los partidos políticos: público y privado. Es decir, pueden recibir prerrogativas del INE, a lo cual se le denomina financiamiento público, aunque pueden recibir por igual financiamiento privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
Cada partido político tiene la obligación de informar y explicar de manera transparente y clara los montos, uso y destino de los recursos que utilizan para sus actividades.
La fiscalización, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE) asegura que el origen de los recursos que utilizan los partidos y candidatos provenga de las fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano.
Bajo ninguna circunstancia, los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles ni mercantiles; tampoco de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, ni de personas no identificadas.
La fiscalización que realiza el INE también tiene como fin asegurarse que los institutos políticos destinen los recursos exclusivamente a los gastos de actividades ordinarias como salarios, rentas, gastos de estructura partidista y propaganda de carácter institucional, así como todo lo necesario para el sostenimiento y funcionamiento de sus actividades en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional.
También los gastos de proceso electoral que realizan los partidos durante las precampañas y las campañas para difundir las propuestas de sus candidatos. Estos gastos incluyen la propaganda electoral, la publicidad, la realización de eventos públicos, anuncios y la producción de mensajes para radio y televisión, entre otros.
Los gastos en actividades específicas los cuales son la educación y capacitación para promover la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos. También incluyen los referentes a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
El INE cuenta con una Comisión de Fiscalización que tiene como facultades integrar la información relativa a los topes aplicables a los gastos de precampaña y campaña determinados por los Organismos Públicos Locales, que estarán vigentes en las elecciones locales, para conocimiento del Consejo General.
Así mismo, supervisa de manera permanente y continua las auditorías ordinarias de precampaña y de campaña; así como los procedimientos oficiosos, quejas y verificaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización; ordena la práctica de auditorías a las finanzas de los partidos políticos de manera directa o bien a través de terceros especializados en la materia.
Modifica, aprueba o rechaza los proyectos de dictamen consolidados y las resoluciones emitidas con relación a los informes que los partidos políticos están obligados a presentar, para ponerlos a consideración del Consejo General del INE; y elabora, entre otras cosas, a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización, los lineamientos generales que regirán en todos los procedimientos de fiscalización en el ámbito nacional y local.
Este año las prerrogativas a nivel local, en proceso electoral, para los partidos políticos será de 25 millones 312 mil 429 pesos, así como recibirán 5 millones 62 mil 486 pesos para actividades de representación política, y 2 millones 531 mil 243 pesos para actividades específicas.
A nivel nacional recibirán un total de cinco millones 250 mil 952 mil 127 pesos para actividades ordinarias; para los gastos de campaña, mil 575 millones 285 mil 638 pesos; y para actividades específicas, como edición de libros, 157 millones 528 mil 564 pesos.
Las fuerzas políticas recibirán para la franquicia postal 175 millones 31 mil 740 pesos y 693 mil 500 pesos de franquicia telegráfica. De los recursos que recibirán para sus actividades, deberán destinar para la promoción política de la mujer una bolsa de 157 millones 528 mil 564 pesos.
Pero, ¿en qué pueden y en qué no pueden gastar?
Las candidaturas independientes, candidaturas de partido, y funcionarios que buscan reelegirse sin dejar el cargo tienen la facultad de poder utilizar este refinanciamiento en espectaculares, perifoneo, trípticos aunque deben garantizar utilizan materiales respetuosos con el medio ambiente, así como pueden gastar en el uso de redes sociales, medio que ante la pandemia de Covid-19 ha tenido un mayor auge entre los partidos políticos y hasta el momento, precandidatas y precandidatos.
Las y los candidatos tienen prohibido recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, por cualquier persona física o moral. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie por sí o por intermediarios.
Mientras que no pueden gastar en propaganda de radio y televisión, así como prensa escrita, toda vez que estos espacios los ponen las autoridades electorales; y lo más importante, no puede comprar el voto, ya sea darle dinero a los ciudadanos o por medio de la entrega de despensas.
¿Cómo se denuncia?
La queja debe ser ante el Instituto Nacional Electoral (INE), misma que debe incluir los datos federales, el nombre de quien la promueve, a quien representa, y un domicilio para ser notificado. En el escrito se tiene que indicar a la persona física, fuerza política o asociación denunciada para concluir con la descripción de los hechos que motivan el reclamo.
El próximo seis de junio más de un millón y medio de morelenses elegirán presidentes municipales, diputados locales y federales. Se estarán disputando un total de 305 cargos de representación popular: 20 diputaciones locales, 33 alcaldías y sindicaturas y 219 regidurías; además de nueve curules federales en la Cámara de Diputados.
