De los últimos siete gobernadores que ha tenido el estado de Morelos, de los cuales dos fueron interinos, cuatro han enfrentado un proceso de juicio político, por diversas causas, señalamientos, y omisiones que grupos de ciudadanos presentaron en contra de los mandatarios. De esos cuatro intentos, sólo uno concluyó con una inhabilitación de 12 años; los otros tres fueron más mediáticos que sustentados en argumentos jurídicos.

CARRILLO OLEA Y LA ORDEN PRESIDENCIAL

Aunque la caída del priísta y experto en seguridad nacional, Jorge Carrillo Olea fue apoyada desde la presidencia de la República, fue el primer mandatario que recibió el repudio de los morelenses, y ante las presiones tanto políticas y sociales, se vio obligado a pedir licencia para separarse del cargo y enfrentar un juicio ante el Congreso desde 1988, ante el aumento incontenible de la inseguridad.

Por eso, el 25 de mayo de 1999, la Comisión de Gobernación del Congreso de Morelos, convertida en Gran Jurado, declaró culpable a Jorge Carrillo Olea en cuatro de las acusaciones incluidas en el juicio político tras haber dejado la gubernatura.

Hugo Carbajal Aguilar, en ese entonces presidente de la Gran Comisión del congreso local, señaló que Carrillo Olea desatendió sus responsabilidades constitucionales al no haber garantizado la seguridad pública a los morelenses, y desatendió las denuncias contra autoridades que estaban bajo su responsabilidad supuestamente involucradas con el crimen organizado, luego de que la Comisión de Justicia del PRD del Congreso local presentara en 1998 una denuncia en su contra por delincuencia organizada.

En un amplio legajo, el Congreso había solicitado que fuera arraigado, para que la PGR integrara una averiguación previa en su contra por presunta participación en el narcotráfico y los secuestros cometidos en el estado.

Debido al enjuiciamiento del gobernador con licencia, Morelos cobró relevancia nacional, sobre todo cuando 11 de 13 magistrados del Tribunal estatal desecharon la solicitud de los diputados, al sostener que el juicio político contra Carrillo Olea era inconstitucional. El ministro de la SCJN, Mariano Azuela en su proyecto de sentencia, validó esos argumentos al advertir que la constitución de Morelos es la única que señala que el gobernador de esa entidad no es sujeto de juicio político.

Finalmente el 13 de febrero del 2013, Jorge Carrillo Olea fue exonerado, la juez Primero de lo Penal en el estado de Morelos, María del Rosario Rojas, determinó su libertad con el argumento que no había encontrado elementos suficientes para afirmar que Carrillo Olea fue responsable por no denunciar uno de los primeros secuestros cometidos en su administración, aunque su inhabilitación sí se aplicó, y el juicio político nunca se consumó.

SERGIO ESTRADA Y EL CIRCO MEDIÁTICO

El 5 de mayo del 2004, con 18 votos a favor y 10 en contra, el pleno del Congreso local aprobaba el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para iniciar juicio político contra el gobernador del PAN Sergio Estrada Cajigal. Un día antes, la Junta había votado y envió el caso al pleno, por 19 votos contra 10, el expriísta Gustavo Rebolledo no votó, porque ya era declarado independiente, incluso no asistió a esa sesión.

A pesar de los intentos de priistas, y perredistas por enjuiciar al ex gobernador, el 29 de marzo, 13 magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobaron por unanimidad el dictamen que declaró absuelto al gobernador de Morelos, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, en el proceso de juicio político que se le inició en 2004 en el Congreso local por omisión en sus funciones.

GRACO RAMÍREZ Y LA COMPRA DE DIPUTADOS

El perredista Graco Ramírez fue el gobernador que más solicitudes de juicio político enfrentó, sin embargo, todos fueron archivados y no pasaron más allá de la oficina de recepción. Los diputados siempre protegieron al exmandatario, incluso para lograr una mayoría "compró" a diputados para mantener el control de la legislatura que le correspondió.

El 12 de enero del 2016, el Congreso determinó que como improcedente la solicitud del juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, presentado por el ciudadano Valentín Pobedano Arce, informaba la presidente de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), diputada Hortencia Figueroa Peralta.

El 4 de enero del 2017, diputados federales del PRI, como Matías Nazario y Rosalina Mazari presentaron un juicio político ante el Congreso local en contra de Ramírez Abreu por las omisiones en el paso exprés, y los daños causados a los ciudadanos.

El 18 de octubre del 2018, un grupo de abogados y ciudadanos acudían al Congreso local, para presentar una solicitud de juicio político en contra del ex titular del Poder Ejecutivo estatal, Graco Ramírez Garrido Abreu.

La última petición ahora con la actual legislatura fue el 28 de septiembre del 2019, cuando en representación del Poder Ejecutivo estatal, el titular de la Consejería Jurídica, Samuel Sotelo Salgado, acudió a la Coordinación de Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para entregar una solicitud de juicio político en contra del ex gobernador.

Además del exgobernador, en estas dos demandas por diversos hechos se señala a los ex titulares de las secretarías de Hacienda y de la Contraloría durante ese año, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, respectivamente.

BLANCO BRAVO TAMBIÉN ENFRENTÓ UN INTENTO DE JUICIO

El actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo también enfrentó un juicio político aunque siendo alcalde buscaron que no fuera candidato al Gobierno estatal que a la postre ganó.

El juicio político que se había presentado en diciembre de 2016, posteriormente el 05 de diciembre del 2018 resolvió el desistimiento de los hechos que motivaron el juicio político y con esto como consecuencia el sobreseimiento de la misma y "esto es lo que se resuelve en esta mañana por unanimidad de los 16 votos de los magistrados que integran el pleno del TSJ”.

PROCESO BUROCRÁTICO

Para los abogados el proceso para instaurar un juicio en contra de una mandatario estatal o una autoridad es en realidad muy largo, algo que debe cambiarse, comentó, José Luis Uriostegui integrante de la Barra de Abogados y exprocurador estatal.