El 6 de junio de 1990 fue creada La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México (CNDH), institución que a lo largo de 30 años de existencia ha emitido 102 recomendaciones a Gobierno del Estado de Morelos.

La CNDH es la principal entidad gubernamental mexicana responsable de promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por parte de funcionarios públicos o del Estado, señaló su actual presidenta es Rosario Piedra Ibarra.

El 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial la CNDH constituyéndose como un Organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob). Posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.

Cabe mencionar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, nació antes que la CNDH. Actualmente, por su trayectoria y experiencia en la lucha de causas sociales y estar al frente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, José Martínez Cruz se encuentra a cargo de la dirección general de la primera visitaduría de la CNDH.

En estos 30 años de historia de la CNDH, ha estado pendiente de Morelos, y en este tiempo ha emitido 102 recomendaciones al Gobierno Estatal, además de emitir medidas cautelares, exhortos, pronunciamientos y seguimientos de recomendaciones.

De acuerdo con el propio registro de la Primera Visitaduría General del organismo, el 9 de octubre de 1990 emitió su primera recomendación al estado de Morelos, por el caso del homicidio del juez Pedro Villafuerte Gallegos, misma que fue dirigida a la Procuraduría General de la República y al Gobernador Constitucional del Estado, por pruebas incumplimiento total, y derivado de una queja.

La segunda recomendación se emitió el 31 de enero de 1991 por la desaparición de José Ramón García Gómez, fue dirigida al gobernador constitucional de Morelos por pruebas de cumplimiento total.

Entre las recomendaciones más recientes se encuentra la emitida el 30 de septiembre de 2016 por la Segunda Visitaduría General, por el caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, por hechos violatorios: ocultar, destruir, sepultar un cadáver o feto humano, contraviniendo la legislación; prestar indebidamente el servicios público; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, e ineficacia en el desempeño de las funciones , empleos, cargos o comisiones; abstenerse de practicar diligencias para acreditar la probable responsabilidad del inculpado; entre otras violaciones.

Entre los derechos vulnerados por este caso se encuentran: derecho a la legalidad, derechos a la seguridad jurídica, derechos a la seguridad jurídica, entre otras; fue dirigida la recomendación al gobernador constitucional de Morelos, Fiscalía General del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de Cuautla.

La Segunda Visitaduria Genera de la CNDH el 8 de octubre de 2018 emitió una recomendación por el caso del Socavón de la Autopista de Cuernavaca por el Paso Exprés por lo hechos violatorios de privar d e la vida, omitir habilitar con la infraestructura y equipamiento adecuados a los prestadores de servicios. El derecho vulnerado fue fue el derecho a la vida, derecho a la igualdad.

Esta recomendación fue dirigida al gobernador de Morelos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes , Comisión Nacional del Agua, Ayuntamiento de Cuernavaca, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C..

Otra recomendaciones reciente, es del año pasado, fue la dirigida al Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el fiscal Uriel Carmona Gándara por la ejecución arbitraria de seis personas, entre ellas dos menores de edad, en un enfrentamiento entre civiles y personal estatal de seguridad en Temixco.

La CNDH acreditó que los elementos policíacos incurrieron en allanamiento de casa habitación, detención arbitraria, ejecución arbitraria, trato cruel y degradante, entre otros. Además de irregularidades en las resoluciones de las carpetas administrativas contra los elementos que participaron en los hechos el 30 de noviembre de 2017.

Se le pidió a la Fiscalía General del Estado continuar la investigación sobre la manipulación de tres cadáveres.

Mientras que se exhortó al gobernador del estado la reparación del daño integral, la reparación a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados.

Además de pedirles colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos internos que se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad, con el objetivo de determinar la identidad de los agentes y del médico que participaron en este suceso.