Empresarios del sector educativo decidieron abandonar las mesas de trabajo que se llevaban con el gobierno federal para la elaboración del proyecto de la Norma Oficial Mexicana 237 que busca “regular” las actividades “comerciales” de las escuelas privadas que operan en el país y que en números globales son más de 41 mil tanto en el nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria, medio superior, superior y posgrados.
Los representantes de la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM); Alianza para la Educación Superior (ALPES); Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE - ANEP); Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI) y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), anunciaron en conferencia de prensa virtual a nivel país que decidieron no acudir más a las mesas de trabajo pues es nula la respuesta que se tiene en las inconformidades manifiestas.
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Acusaron al gobierno federal de “utilizarlos” para darle legalidad a un proyecto que no lo tiene, que es anticonstitucional ya que la Secretaría de Economía y la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco) no tiene la facultad de regular la educación al haber una ley en la materia, además de que los “amordazaron” al hacerlos firmar un Acuerdo de Confidencialidad y Código de Ética para no revelar lo que en dichas mesas se trabajaba.
“Los representantes del Gobierno Federal que participan en este proceso: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Economía y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), así como asesores externos del gobierno, han marginado la participación de quienes representamos a instituciones particulares; han coartado nuestra libertad de expresión, haciendo uso hostil e intransigente de su calidad de “autoridad”; y han restringido la posibilidad de diálogo cuando se expresa algo contrario a lo que es su interés escuchar, hasta el punto de “expulsar” sin razón o justificación, a representantes de las escuelas particulares, y haciendo gala del autoritarismo cancelándoles la transmisión”, sentenció la presidenta de la CNEP, María de Jesús Zamarripa Guardado.
Graciela Meza Díaz, presidenta de la ANEPPI, dijo que cuatro de cada 10 planteles estarán en riesgo de cerrar sus puertas, es decir, “más de 18 mil planteles”, ya que en la NOM-237 no permite a las escuelas solicitar el pago durante tres meses consecutivos “pero sí nos obliga a seguir prestando el servicio”.
Tan solo en el estado son más de mil 200 los planteles que operan bajo este esquema particular.
En su turno, Alfredo Villar, presidente de la ANEP-ANFE, destacó que a nivel nacional son más de 41 mil planteles particulares que dan el servicio a 5.5 millones de alumnos para lo cual se cuestionó sobre si el gobierno federal podrá dar cobertura a todos ellos si las escuelas deciden cerrar sus puertas.
Anunciaron que acudirán a los tribunales nacionales, incluso internacionales, para defender la educación privada que debe ser asumida como un derecho universal y no como un acto comercial, como lo intenta dicha norma.
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