En 2021, el Poder Legislativo de Morelos se ubicó a nivel nacional entre los que menos recursos destinaron para su operación al órgano local encargado de fiscalizar el ejercicio del gasto público: la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
Un estudio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO) muestra el presupuesto asignado por los Congresos de los Estados a la operación de sus respectivas Auditorías estatales.
El Poder Legislativo de San Luis Potosí destinó en 2021 el mayor porcentaje del presupuesto de su Poder Legislativo a su Auditoría (50%), mientras que Morelos y Durango sólo aprobaron un 8% y 13% respectivamente.
De una revisión al Presupuesto de Egresos, obtenemos que la LIV legislatura morelense asignó a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización un presupuesto de apenas 33 millones 500 mil pesos frente a los 400 mdp que los propios diputados se autorizaron en el actual ejercicio fiscal de 2021.
La misma distribución presupuestal ocurrió en el año 2020; y pese que a que, en el ejercicio fiscal de 2019, la legislatura que para ese momento estaba recién ‘estrenada’ se aprobó un presupuesto de 468 millones 500 mil pesos, únicamente le asignó a la ESAF, la cantidad de 18 millones 500 mil pesos.
Para el IMCO, los Congresos estatales y sus Auditorías son una pieza fundamental del andamiaje institucional. De tal manera que si los Congresos no son vigilados pueden ignorar sus responsabilidades, mantener auditorías débiles y volverse cómplices de malas administraciones.
Además de sus limitaciones presupuestales, la ESAF carece de autonomía plena con respecto al Poder Legislativo, pese a que el órgano de fiscalización ha enfrentado diversas modificaciones en su “concepción jurídica”.
En 2015, la entonces diputada local de PRD Lucía Meza Guzmán presentó ante el pleno del Congreso, iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se creaba la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF), a partir de la cual se extinguió la entonces Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) del Congreso del estado de Morelos.
La ‘nueva’ Ley, dotó a la ESAF de una estructura con autonomía técnica y de gestión, pero no se le asignó autonomía plena respecto del Poder Legislativo, lo que la obliga a depender anualmente del presupuesto que las legislaturas en turno le quieran asignar.
Incluso, si bien “en el papel” la ESAF goza de autonomía respecto a su organización interna ya que así lo establece el artículo 4 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado, se ha convertido en una “tradición” que las legislaturas hacia el final de su periodo constitucional, designen con base en un criterio discrecional, a los titulares de las Auditorías Especiales y otros cargos directivos, como hace unos días sucedió.
Antes de concluir con su análisis, el IMCO realiza las siguientes recomendaciones que ayudarían a fortalecer a las Auditorías estatales:
1. Establecer que al menos el 20% del presupuesto del poder legislativo se destine a las Auditorías estatales para asegurar su funcionamiento y evitar presiones presupuestales por parte del gobernador o congresistas.
2. Incluir la participación de consejos ciudadanos en los procesos de elección de auditores para garantizar perfiles adecuados.
3. Verificar, para los procesos de selección de auditores, posibles conflictos de interés y cercanía con personas como el gobernador o el secretario de Finanzas.
4. Invertir en la profesionalización de los Congresos locales y en plataformas de datos abiertos que permitan a la ciudadanía conocer el trabajo legislativo y el uso de los recursos de los poderes legislativos.
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