/ lunes 23 de diciembre de 2019

Entre varios recesos, persiste el Congreso

En al menos 18 ocasiones, diputados han paralizado los trabajos legislativos

La suspensión y receso de las sesiones ordinarias se ha hecho presentes desde el inicio de la LIV Legislatura ante la falta de acuerdos entre los mismos diputados, lo cual ha ocasionado un retraso y parálisis en el trabajo legislativo. La primera suspensión fue en el marco de la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, registrando hasta este momento, en su Segundo Año de labores, cerca de 18 sesiones detenidas.

A finales de septiembre de 2018, pocas semanas después de haber ocupado el cargo como diputadas y diputados, se presentó el primer conflicto: la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, promovida por el entonces gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con el objetivo de reducir Secretarías en concordancia con la austeridad; además de que dentro de esta nueva Ley se plasmaba una Jefatura de la Oficina de la Gubernatura que tendría importantes responsabilidades dentro del estado y en la relación con los otros Poderes.

Este cambio en el Gobierno del Estado provocó diversas reacciones entre los legisladores, quienes empezaron a dividirse a favor y en contra de su aprobación, aunque rechazaban de manera reiterada una división entre ellos, pero sí suspendían las sesiones antes de ser votada la iniciativa, sin importar que había otros puntos pendientes.


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El 15 de noviembre al pretender aprobar la prórroga solicitada por el Gobierno Estatal para presentar el paquete económico 2019, un bloque de legisladores utilizó la presencia de maestros jubilados del IEBEM para provocar un jaloneo político teniendo que suspender la sesión de programada para ese día tras no obtener un acuerdo.

Luego de suspender en tres ocasiones la sesión convocada para desahogar este tema, el 22 de noviembre se tuvo que aplazar nuevamente, ya que de acuerdo a diputados de Morena la aprobación de la prórroga estaba siendo utilizada como un chantaje político por parte de un bloque de nueve diputados, quienes al no presentarse provocaban la falta de quórum.

A partir del 4 de diciembre y tras recibir la solicitud del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para iniciar el proceso de destitución del fiscal general, Uriel Carmona Gándara y el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez al no contar, en su momento, con los exámenes de control y confianza, descontrolo nuevamente la convivencia en el Congreso donde los legisladores se dividieron otra vez en dos grupos boicoteando las sesiones que buscaban continuar con este trámite.

Ante la aprobación del paquete económico 2019, la sesión programada para el sábado 22 de diciembre de 2018, donde pretendían desahogarlo, fue suspendida por falta de quórum, mientras que el sábado 29 de diciembre fue enviada a receso al no obtener los consensos para autorizarlo.

El cuatro de enero la sesión iniciada desde el 29 de diciembre seguía en receso al no vislumbrarse acuerdos entre los parlamentarios. El nueve de enero la sesión extraordinaria fue enviada a receso nuevamente a pesar de la inconformidad de cinco diputados, quienes deseaban aprobar el paquete económico 2019 autorizado en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Tras varios meses de trabajo, en junio, al requerir elegir al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) tras la renuncia de Vicente Loredo, los legisladores pidieron un receso de la sesión del 20 de junio dejando pendiente este nombramiento y la integración del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

El 16 de julio, y tras casi tres horas de receso, la LIV Legislatura no obtuvo los consenso para designar al nuevo auditor, quedando entrampado este tema en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legislativo.

El 22 de agosto los enfrentamientos se hicieron presentes entre los congresistas integrantes de la Diputación Permanente, en esta ocasión al aprobar el orden del día del periodo extraordinario de sesiones, al querer dos diputadas evitar se incluyera la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

Tras informarse el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quedaría al frente de la Mesa Directiva, mientras que el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) se disputarían la Junta Política, la primera sesión extraordinaria, el 26 de agosto, fue suspendida por la inasistencia de los legisladores y reagendada para el 31 de agosto. El 15 de diciembre, los legisladores suspendieron la última sesión ordinaria del período ordinario, en el marco de la aprobación de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y la Miscelánea fiscal 202 y las leyes de Ingresos.


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A finales de septiembre de 2018, pocas semanas después de haber ocupado el cargo como diputadas y diputados, se presentó el primer conflicto: la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, promovida por el entonces gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con el objetivo de reducir Secretarías en concordancia con la austeridad; además de que dentro de esta nueva Ley se plasmaba una Jefatura de la Oficina de la Gubernatura que tendría importantes responsabilidades dentro del estado y en la relación con los otros Poderes.

Este cambio en el Gobierno del Estado provocó diversas reacciones entre los legisladores, quienes empezaron a dividirse a favor y en contra de su aprobación, aunque rechazaban de manera reiterada una división entre ellos, pero sí suspendían las sesiones antes de ser votada la iniciativa, sin importar que había otros puntos pendientes.


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El 16 de julio, y tras casi tres horas de receso, la LIV Legislatura no obtuvo los consenso para designar al nuevo auditor, quedando entrampado este tema en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legislativo.

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