Con el compromiso de brindar un servicio más eficiente y satisfactorio a la ciudadanía, a los justiciables, los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobaron por unanimidad de votos, una reingeniería en varios juzgados, al considerar que existen códigos especializados en materia civil y familiar, además de una disparidad en el número de los asuntos que se han registrado en los últimos años, de ahí la restructuración para contar con órganos jurisdiccionales especializados precisamente en las materias Familiar y Civil.
Por ello se dio a conocer que la especialización quedó de la siguiente manera: en el primer distrito judicial, que comprende la capital del estado, contará con siete juzgados que conocerán exclusivamente de materia familiar y tres juzgados que conocerán de materia civil y mercantil (tradicional); en el cuarto, sexto y noveno distritos judiciales en el municipio de Zacatepec, Cuautla y Jiutepec respectivamente, dos juzgados que conocerán exclusivamente en materia familiar y un juzgado que conocerá de materia civil y mercantil (tradicional), conservando todos los juzgados su competencia territorial, por lo que a partir del próximo día 29 del presente mes, entrarán en vigor estas disposiciones.
En este contexto los integrantes del pleno del poder judicial dieron a conocer que de acuerdo a las estadísticas de los últimos años, los asuntos iniciados en materia familiar para el año 2017 fueron del 69.54 por ciento, en el año 2018 la cifra fue de 67.70 por ciento, en el año 2019 del 66.69 por ciento, pero el año pasado la cifra se incrementó a un 72.54 por ciento lo que quiere decir que en los últimos cuatro años el promedio de asuntos ingresados en materia familiar es del 69.11 por ciento; por lo que se informó que a partir del día veintinueve de este mes entrarán en vigor estas nuevas disposiciones.
En la misma sesión Ordinaria, celebrada la tarde este miércoles, los integrantes del Pleno autorizaron por unanimidad de votos conceder licencia sin goce de sueldo por 30 días a la Magistrada Nadia Luz María Lara Chávez a partir del 4 de marzo de 2021, para que atienda asuntos personales.
También por unanimidad de votos, los 12 magistrados presentes en la Sesión Ordinaria aprobaron que el escrito remitido por los integrantes de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en el estado de Morelos, en la que se pide que el Juez Daniel Adán Rodríguez Apac, vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo sea separado del cargo y sea remitido a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos para que en uso de sus facultades, determine lo conducente, luego de que el juzgador señalado denunció recientemente que se violan sus derechos fundamentales como la presunción de inocencia, por parte de los que demandan que sea removido del cargo.
Por otra parte, se destacó en sesión que dicho juez en conflicto con la ley recientemente fue cambiado de adscripción pues tras ser Juez de control en material penal con sede en Cuernavaca, fue cambiado a un juzgado civil de Jojutla.
En otro tema los magistrados aprobaron por mayoría de votos, 10 a favor y dos abstenciones, hacer del conocimiento a todos los integrantes del Pleno sobre una deuda económica que existe al Fondo auxiliar por 60 millones de pesos, la cual fue autorizada por los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos en el año 2019, cuando la presidenta del TSJ era María del Carmen Verónica Cuevas López y dispuso de esos recursos, para el pago de aguinaldos.
Sin embargo se destacó que de acuerdo a la ley, esos recursos del Fondo Auxiliar que no son parte del presupuesto del Poder Judicial, sino recursos de abogados y justiciables, por ser producto de fianzas, garantías legales y pensiones alimenticias, sí pueden ser utilizados por la presidencia del TSJ, para atender cualquier necesidad económica, pero con la obligación de retribuirlos en el mismo año fiscal, lo que no hizo Cuevas López pues tras disponer de los 60 millones en diciembre de 2019, debiendo reponerlos ese mismo año como lo establece el marco jurídico y mediante un acuerdo ilegal, determinó que se pagarán al año siguiente, heredándole la deuda a la administración que hoy preside Rubén Jasso Díaz, por lo que dicho caso será turnado a la Auditoría Superior de Fiscalización para que determine lo que corresponda.