El pasado 11 de mayo la Barra de Abogados del Estado de Morelos y la Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México (NAAME) anunciaron su solicitud de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el Comisionado Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, debido, dicen, a las marcadas omisiones en esta materia.
Al respecto, Luis Ignacio Reyes Andraca, vocero y presidente de la NAAME, observó dos puntos fundamentales en la elaboración de este recurso para juzgar al mandatario estatal.
Primero, que tal como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las corporaciones señalan que debe existir coordinación entre los tres poderes, las Fiscalías y las diferentes instituciones.
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Lo que lleva al segundo punto y que a todas luces se ha desentendido, agrega Reyes Andraca, es decir, la unión entre cada uno de estos componentes para brindarle seguridad a las y los morelenses.
“Al final lo que vemos son resultados nulos, salvo la mejor opinión de cada quien, vemos el agravamiento de la violencia todos los días; y derivado de los últimos asuntos de alto impacto generamos un manifiesto”, externó.
El primer paso para promover el juicio político contra el mandatario estatal fue presentarlo ante las y los diputados el once de mayo. La diputada del PT, Tania Valentina, fue la encargada de recibir, en primer término, un exhorto.
No era para menos, ya que el estado de Morelos atraviesa su peor crisis en materia de seguridad en los últimos ocho años, pues se ha mantenido a la cabeza en delitos como el homicidio doloso con 864 casos hasta el mes de agosto.
Además, en cuanto al feminicidio las cifras son también alarmantes: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra 28 casos reconocidos por la Fiscalía General del Estado, pero colectivas feministas ya reportan cerca de 57 casos en lo que va de 2023 en cuanto a muertes violentas de mujeres.
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Otros delitos en los que Morelos va en los primeros lugares son el robo de vehículo, con mil 944 casos, de los cuales un mil 810 corresponden a autos de cuatro ruedas y mil 134 a motocicletas. Despojo, 726 casos; robo a transportistas, 99 casos y secuestros 18. Lo anterior, dice Reyes Andraca, entre un sin fin de delitos que se cometen en Morelos sin que la Comisión Estatal de Seguridad y las Policías Municipales puedan lograr, con acciones preventivas contundentes, mejorar esta situación, de ahí que las asociaciones de abogados decidieran promover este recurso para que Blanco Bravo sea juzgado.
“No hay unión. Vemos lamentablemente que entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil hay una distancia”. Agregó que se tiene registro de que cada año los delitos de alto impacto en Morelos crecen más del cuatro por ciento y tienen un 10 por ciento de repunte lo delitos en general, situación que se agrava más si no se tienen detenciones en flagrancia.
“¿Esto qué te está diciendo? Que a ti te pueden matar en la calle y que no hay policía que responda en una persecución y que ponga a disposición a los responsables ante un ministerio público”, mencionó.
“¿Cuál es el drama penal? La noticia criminal, de ahí empieza todo, la Fiscalía está sobrecargada, como muchas otras instituciones, por los asuntos que le llegan, ¿por qué? Porque no hay prevención”, agregó.
Pero además el grupo de abogados que promueve el juicio político ha sido relacionado y acusado de estar al servicio de la Fiscalía de Morelos, ya que es bien sabido que el hoy detenido Fiscal Uriel “N” y el mandatario estatal se han vuelto enemigos políticos.
Con declaraciones como esta para exigir también a la Fiscalía que haga su labor se han buscado deslindar del organismo encargado de procurar justicia en Morelos.
“También debemos exigirle exactamente lo mismo que se les ha exigido a los demás actores, también a la Fiscalía del Estado como parte del sistema de seguridad pública como un elemento fundamental para la persecución e investigación de los delitos, a que ya se den resultados”.
Tras un largo mes de declaraciones finalmente el 12 de junio acudieron al Congreso del Estado y presentaron de manera formal el juicio político al gobernador, mismo que aún se encuentra en la Junta Política y de Gobierno.
Cabe señalar que el viernes 14 de julio y la madrugada del 15, a más de un mes de que las y los diputados morelenses recibieron la promoción del juicio político decidieron nuevamente mandarlo a la congeladora en la última sesión del periodo ordinario de sesiones.
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De última hora este punto ya no se discutió en el pleno del Poder Legislativo, lo cual recriminaron, pues dijeron que como abogados y ciudadanos morelenses presentaron en tiempo y forma la solicitud.
“Nosotros presentamos esta iniciativa de manera legítima, bien llevada, bien concatenada, con argumentos lógico-jurídicos y elementos probatorios contundentes, por las acciones terribles de este desgobierno que tenemos”, explicó.
El viernes 1 de septiembre dio inicio un nuevo periodo legislativo en el Congreso, donde se espera que luego de la travesía que ha pasado este juicio político por fin pueda turnarse en el último año de gestión tanto para el gobernador como para las y los diputados de la 55 legislatura.
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