A la fecha y en menos de tres años un total de ocho activistas han sido asesinados en Morelos, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz.
Agregó que la situación de inseguridad para todos es alarmante e incluyéndose aseguró que de alguna manera “el gobierno estatal quiso silenciarnos”.
Lo anterior lo sostuvo ante autoridades federales y estatales durante el Diálogo para impulsar una iniciativa de ley general de prevención y protección ante agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En ese contexto, sobre las personas privadas de la vida dijo: “Eran activistas y defensoras de derechos humanos en la entidad; mujeres y hombres a quienes la vida les fue arrebatada y que jamás sabremos si dichos actos injustos pudieron evitarse en caso de haber contado con los mecanismos y las garantías necesarias para desempeñar su labor con seguridad”.
Antes de denunciar que el organismo que encabeza ha recibido amagues y acoso por parte del Ejecutivo morelense ironizó: “No podemos concebir que las mismas autoridades que violan derechos humanos, al menos en Morelos, tengan a su cargo la política pública de 'proteger' a quienes ellos mismos violentan”.
Señaló que estas presiones han sido para no ejercer una labor de hacer valer y defender los derechos humanos de las y los morelenses frente a los abusos, arbitrariedades y el ejercicio desmedido de este gobierno, “quien ha destinado toda la fuerza del Estado para tratar de minar y socavar nuestra autonomía; personalmente lo he vivido y he sido perseguido, al igual que muchos y muchas de ustedes compañeras y compañeros periodistas y personas defensoras de derechos humanos, por lo cual promoví un amparo, en el que por cierto la semana pasada me concedieron la razón, en contra del gobernador (Cuautémoc Blanco), del secretario de Gobierno (Pablo Ojeda Cárdenas) y de otras autoridades a quienes durante el juicio un juez federal les ordenó, porque demostré su existencia, que se abstengan de amenazarme o presionarme como ómbudsman”.
Además, subrayó, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en lugar de preocuparse y destinar los recursos de que dispone a crear el reglamento de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que ha omitido en lo que va de gobierno (ya son 42 meses), hizo un esfuerzo desmedido y desesperado para recurrir a dicha sentencia e insistir en lograr destituirlo de su cargo y someter a la CDHM para callarla.
“Esta semana fui notificado de ello. En fin, todo un esfuerzo que será infructuoso porque los volveremos a vencer con la Constitución, la ley y la razón, que son nuestras únicas armas”, expresó.
Asimismo, propuso que ninguna persona servidora pública a quien se le haya emitido una recomendación o sentencia por violaciones a derechos humanos pueda ser integrante del Mecanismo de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que el Mecanismo de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tenga reconocimiento como un organismo de relevancia constitucional para que la persona titular sea nombrada por el Congreso de la Unión o los Congresos estatales y sea independiente del Poder Ejecutivo.
Recordó que en 2019-2022 se iniciaron 19 expedientes de queja relacionados con agravios a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en los cuales de manera oficiosa se dictaron medidas precautorias en favor de las y los agraviados, consistentes en el requerimiento expreso a la Secretaría de Gobierno a efectos de que se les incorporara al Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; sin embargo, todas y cada una de esas solicitudes fueron incumplidas por la falta de activación que había prevalecido.
El gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha omitido crear el reglamento de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humano, opinó la CDHM.
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