/ lunes 19 de diciembre de 2022

El Congreso actuó conforme a derecho al aprobar el presupuesto, dicen analistas

Los especialistas ven poco éxito en caso de que el Ejecutivo local interponga controversia ante la SCJN

El Congreso del Estado de Morelos no incurrió en exceso, por el contrario, actuó conforme a sus facultades en la aprobación del paquete presupuestal para el año 2023, coinciden expertos en el tema.

Sin embargo, también dejaron en claro que el Ejecutivo local está en su derecho de interponer una controversia constitucional, pero debe publicar el presupuesto porque si no incurría en irresponsabilidades.

Francisco Rubén Sandoval Vázquez, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Morelos, comentó que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo tiene el derecho al veto pero en este caso no procede, ya que ni en la Constitución local ni en la federal se prevé sobre el presupuesto, explicó el experto en la materia.

El Ejecutivo morelense ejerció su derecho a realizar observaciones al paquete presupuestal del ejercicio fiscal 2023, mismo que fue aprobado por unanimidad el 26 de octubre.

Se hicieron adecuaciones a las observaciones del Ejecutivo y el 2 de diciembre el Congreso del Estado de Morelos lo aprobó con 15 votos a favor.

“Sí tiene derecho no solo el Ejecutivo, sino también los presidentes municipales, a presentar una controversia constitucional si a su juicio el presupuesto es violatorio de derechos constitucionales”, argumentó el especialista y puntualizó que el Congreso local actuó conforme a su autonomía y no incurrió en excesos legislativos.

El paquete económico aprobado se debe publicar

Recordó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comentó que en caso de que el Poder Ejecutivo decidiera interponer una controversia presentará un caso diferente sin involucrar o afectar el presupuesto designado al Legislativo.

Sandoval Vázquez explicó que el Ejecutivo morelense debe publicar el paquete económico, trámite necesario para interponer una controversia constitucional, pero la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dependerá del sentido de la misma.

Es decir, si el Ejecutivo morelense controvierte el presupuesto en general, o solo las partes que previamente observó, como el retiro de la cláusula de libres transferencias, será la corte quien podría emitir algunas indicaciones ante de dar el fallo final.

Otras alternativas

Por su parte, el exdiputado local, Jorge Messeguer Guillén, consideró que el Congreso del Estado ejerció sus facultades que son legislar y aprobar el paquete económico 2023: "Eso me parece que saca de balance al Ejecutivo, no entiende que no está solo, que no gobierna solo, sino que debe gobernar con la anuencia de los diputados".

En caso de que el gobierno de Blanco Bravo interponga una controversia constitucional ante la SCJN no ve posibilidades de que tenga éxito porque el Legislativo ejerció su facultad y no violentó ninguna ley.

El también exsecretario de gobierno indicó que si el Gobierno del Estado se niega a publicarlo en el Diario Oficial Tierra y Libertad estaría incurriendo en irresponsabilidades:

“El Congreso puede publicarlo mediante otros medios, en un periódico de circulación, en una gaceta parlamentaria, en caso de que el Ejecutivo se negara a publicarlo”.



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Sin embargo, también dejaron en claro que el Ejecutivo local está en su derecho de interponer una controversia constitucional, pero debe publicar el presupuesto porque si no incurría en irresponsabilidades.

Francisco Rubén Sandoval Vázquez, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Morelos, comentó que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo tiene el derecho al veto pero en este caso no procede, ya que ni en la Constitución local ni en la federal se prevé sobre el presupuesto, explicó el experto en la materia.

El Ejecutivo morelense ejerció su derecho a realizar observaciones al paquete presupuestal del ejercicio fiscal 2023, mismo que fue aprobado por unanimidad el 26 de octubre.

Se hicieron adecuaciones a las observaciones del Ejecutivo y el 2 de diciembre el Congreso del Estado de Morelos lo aprobó con 15 votos a favor.

“Sí tiene derecho no solo el Ejecutivo, sino también los presidentes municipales, a presentar una controversia constitucional si a su juicio el presupuesto es violatorio de derechos constitucionales”, argumentó el especialista y puntualizó que el Congreso local actuó conforme a su autonomía y no incurrió en excesos legislativos.

El paquete económico aprobado se debe publicar

Recordó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comentó que en caso de que el Poder Ejecutivo decidiera interponer una controversia presentará un caso diferente sin involucrar o afectar el presupuesto designado al Legislativo.

Sandoval Vázquez explicó que el Ejecutivo morelense debe publicar el paquete económico, trámite necesario para interponer una controversia constitucional, pero la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dependerá del sentido de la misma.

Es decir, si el Ejecutivo morelense controvierte el presupuesto en general, o solo las partes que previamente observó, como el retiro de la cláusula de libres transferencias, será la corte quien podría emitir algunas indicaciones ante de dar el fallo final.

Otras alternativas

Por su parte, el exdiputado local, Jorge Messeguer Guillén, consideró que el Congreso del Estado ejerció sus facultades que son legislar y aprobar el paquete económico 2023: "Eso me parece que saca de balance al Ejecutivo, no entiende que no está solo, que no gobierna solo, sino que debe gobernar con la anuencia de los diputados".

En caso de que el gobierno de Blanco Bravo interponga una controversia constitucional ante la SCJN no ve posibilidades de que tenga éxito porque el Legislativo ejerció su facultad y no violentó ninguna ley.

El también exsecretario de gobierno indicó que si el Gobierno del Estado se niega a publicarlo en el Diario Oficial Tierra y Libertad estaría incurriendo en irresponsabilidades:

“El Congreso puede publicarlo mediante otros medios, en un periódico de circulación, en una gaceta parlamentaria, en caso de que el Ejecutivo se negara a publicarlo”.



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