La seguridad social es útil para “amortiguar” los bolsillos de la población en materia de salud, y aún cuando en el sistema existe “tiempo de espera”, la institución absorbe el 80 por ciento del gasto de las familias entre medicamentos e intervenciones quirúrgicas, además de contar con otros beneficios como fondo de vivienda y fondo de retiro por medio de la cuenta individual, que servirá a la hora de que el trabajador no pueda realizar sus funciones, coinciden expertos.
Pero la realidad es que no todos cuentan con este servicio; tan solo en Morelos 552 mil 170 personas no están afiliadas a ninguna institución de salud, es decir, no tienen acceso a seguridad social, a diferencia del 1.4 millones de ciudadanos que están afiliados al IMSS, ISSSTE, Sedena o Servicios de Salud (SSM); sin embargo, la cifra es superior si la comparamos con estados como Aguascalientes y Coahuila, en donde el número de personas sin este derecho están por debajo de los 300 mil cada una.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los residentes en Morelos que no están afiliados a ninguna institución de salud, 287 mil son hombres, y 265 mil son mujeres. Representando el 29 por ciento de la población total en la entidad de 0 a 65 años y más.
Alrededor de 24 mil personas se atienden en hospitales privados, y arriba de 6 mil 800 dijo atenderse en otra institución. El grueso de la población que no tiene seguridad social se encuentra entre los 20 a 24 años, le siguen los de 25 a 29 años con un registro de más de 50 mil, y después están los de 15 a 19 años, con 49 mil personas.
La población mayor de 60 años y más suma más de 55 mil personas sin seguridad social. De acuerdo con el investigador y antropólogo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Emanuel Orozco Núñez, 70 por ciento de los adultos mayores padecen sobrepeso y obesidad, entre otras enfermedades crónicas. La diferencia, dijo, es la atención que reciben quienes sí cuentan con algún servicio de salud.
El municipio de Cuernavaca concentra el mayor número de personas sin seguridad social, con 108 mil 678 que no tienen el servicio o no están afiliadas a una institución regular: 55 mil 54 son hombres, y 53 mil 624 mujeres, el grueso se encuentra en la población de 20 a 24 años de edad, y de 60 hacia arriba. En segundo lugar está Jiutepec, le sigue Cuautla, Temixco, Emiliano Zapata, Ayala y Xochitepec.
Los "privilegiados"
El Inegi refiere que entre el 2010 y 2020, la población afiliada a alguna institución aumentó, pues del total de morelenses de 0 a 60 años y más afiliada en 2010 significaba el 63.2 por ciento, mientras que para 2020 incremento a 71.9 por ciento.
La población sin afiliación tuvo una disminución pasando del 35.3 por ciento en 2010, al 28 por ciento en 2020.
De esa población, el 43 por ciento está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 10.5 por ciento al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 0.8 por ciento a Pemex; 43.6 por ciento, al Insabi; 0.4 por ciento, al IMSS Bienestar; el 1.7 por ciento a alguna institución privada, y el 0.5 por ciento a otra institución.
Hasta el 80% de ingresos a la salud
El investigador y antropólogo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Emanuel Orozco Núñez, detalló que el 80 por ciento de las personas que no tienen acceso a la seguridad social gastan de su bolsillo por temas relacionados con la salud. En casos graves (alrededor del 5 por ciento) pueden gastar hasta el 30 por ciento, lo que se define como gasto catastrófico. El riesgo principal de quienes no tiene el servicio médico para atender su estado de salud y el de sus familias, sostiene, es la pérdida del patrimonio porque, al no tener con qué cubrir esas necesidades, comienzan a vender sus activos.
“A nivel nacional cerca del 50 por ciento de la población carece de seguridad social. El 10 por ciento se atiende en el sector privado y el 40 por ciento en lo que eran los servicios para población no asegurada, hasta 2018 Seguro Popular, y ahora el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI)”, sin embargo, en esa transición se perdió el padrón de quienes tenían acceso al Seguro Popular, relata.
Detalló que la población no asegurada no solo está en las clases sociales bajas, ni en las áreas marginadas, sino más bien depende de la situación laboral.
Frente a estas condiciones, una persona que no cuenta con servicios de salud deberá destinar un recurso importante en caso de una emergencia, como el pago al médico o proveedor, más los medicamentos; “hay una desprotección económica que los deja vulnerables, en lugar de comprar comida o pagar colegiatura, lo destina a pagar médicos”.
La pérdida de la vivienda, auto, y otros activos es un efecto de esto. Recordó que durante la pandemia por Covid-19 hubo familias que llegaron a gastar hasta 300 mil pesos para salvar la vida de su paciente; otras tuvieron que atenderse en los consultorios adyacentes; es decir, los que brindan las cadenas de farmacias.
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