La aprobación de la reforma que permite sancionar las terapias que pretendían “cambiar la orientación sexual” provocó que esta semana la Ciudad de México hiciera historia, pero en Morelos no hay datos específicos sobre este tipo de prácticas.
Sin embargo, el Observatorio de Derechos Humanos y Diversidad Sexual confirmó que conocen sobre morelenses que han asistido a dichas terapias impulsados por sus familiares, lo cual se considera una violencia directa hacia los derechos humanos.
A principios de este mes, Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de la ONU, tachó las terapias de conversión como “degradantes y discriminatorias”, por lo que pidió su prohibición a nivel mundial. En México, muchos han sido los activistas, artistas y organizaciones que buscan erradicarlas puesto que consisten en la privación de la libertad, tortura, violaciones correctivas, violencia económica y rechazo familiar.
De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), los ECOSIG son prácticas aplicadas a las personas que decidieron “salir del clóset”, principalmente niñas, niños y adolescentes; actos que pueden constituir tratos crueles, inhumanos, degradantes y hasta tortura, según lo establecido en el artículo 24 y 29 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tipos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Los ECOSIG son buscados, en primer lugar, por los mismos familiares justificándose con argumentos morales, científicos, ideológicos y políticos que tienen una herencia religiosa.
Expertos han señalado que las personas que acudieron a ECOSIG presentan sentimientos de culpa, vergüenza, depresión y falta de autoestima; mostrando la evidencia, además, que aumenta considerablemente la tendencia a tener pensamientos suicidas en las personas víctimas de dichas prácticas, “estas mal llamadas terapias provocan que se interiorice un sentimiento de rechazo hacia la propia orientación sexual, a vivirla con culpa y vergüenza”, indica la página #NoMásECOSIG.
A nivel local, Israel Dirzo, miembro del Observatorio de Derechos Humanos y Diversidad Sexual del Estado, confirmó que alrededor de seis a siete personas integrantes del colectivo LGBT+ fueron víctimas de este tipo de prácticas al ser llevados por sus familias a otras entidades federativas con el fin de cambiar su orientación sexual o identidad de género.
De esta cifra, una persona era menor de edad, los demás mayores de 18 años, aunque resaltó que al día de hoy las familias han comprendido más que no es un asunto de “corregir”.
“Las terapias de conversión son violatorias a los derechos humanos porque se les agrede su identidad física, se les violenta en cuestión psicológica y emocional, y hasta en algunos casos llegan a presentarse terapias de electroshock”, puntualizó, al tiempo de adelantar que siguiendo los pasos de la Ciudad de México, en Morelos estarían planteando una iniciativa para prohibirlos.
El estudio “Nada qué curar”, elaborado por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Copred, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la asociación Yaaj, Transformando tu vida, A.C, explica que algunos de los abusos que padecieron las personas víctimas de los ECOSIG son: Coerción y falta de consentimiento, Privación ilegal de la libertad, Violencia verbal y amenazas, Uso forzado de medicamentos, Violaciones sexuales y Terapias de aversión.
NADA QUÉ CURAR
De acuerdo con el estudio citado algunos de los abusos que padecieron las personas víctimas de los ECOSIG son Coerción y falta de consentimiento, privación ilegal de la libertad, violencia verbal y amenazas, uso forzado de medicamentos, violaciones sexuales, terapias de aversión