Se esfumó la euforia que existía en las organizaciones civiles y partidos políticos en Morelos que se proclamaban defensores del Instituto Nacional Electoral (INE), la democracia y el voto.
El 13 de noviembre de 2022 Cuernavaca se sumó a la movilización nacional en defensa del INE, ante la Reforma Electoral que presentó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Para el 26 de febrero se ha convocado a una segunda marcha.
En esta ocasión, en Morelos participarán tres municipios: Cuernavaca, Cuautla y Jojutla; sin embargo, muchas organizaciones que asistieron al primer encuentro han declinado su participación en esta segunda ocasión, mientras que otros institutos han decidido no hacer declaraciones al respecto.
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Una de las organizaciones que en noviembre pasado convocó a la marcha fue Chalecos MX, que para la segunda movilización decidió no participar; lo mismo ocurre con algunos institutos políticos que han guardado silencio, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En otras fuerzas políticas, como Movimiento Ciudadano, no han recibido indicaciones por parte de la dirigencia nacional, sólo se sabe que integrantes de Acción Juvenil, del PAN, participarán en calidad de ciudadanos.
Al respecto, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Prado Alemán, junto con integrantes del Comité Directivo Estatal anunciaron que se sumarían a la movilización ciudadana, al considerar que el Plan B atenta contra la democracia del país, y por las repercusiones que tendrá para los avances en equidad de género. “El Gobierno Federal ha demostrado en los hechos que es adversario de las mujeres”, dijo.
Frente Cívico, presente
Jorge Messeguer Guillén, integrante del Frente Cívico Nacional capítulo Morelos, señaló que la movilización del 13 de noviembre de 2022 y la que se realizará el 26 de febrero defienden la democracia.
Señaló que en esta última marcha harán visible el rechazo al Plan B de la Reforma Electoral que impulsa el presidente de la república, que, asegura, “busca desmantelar el INE, despidiendo al 80 por ciento de los trabajadores”.
Dijo que esta segunda movilización es un mensaje para el partido oficial, a los senadores y diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), “que la sociedad civil, dejando de lado los protagonismos políticos, tomó las calles para defender la democracia y su voto”.
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De pasar el Plan B de la Reforma Electoral se podrían generar diversas impugnaciones; “de hecho expertos en la materia ya consideran que se puedan interponer amparos colectivos, además de los recursos que pueda promover el propio INE”, dijo el exfuncionario estatal.
“En caso de aprobarse el Plan B corre peligro la elección porque todo el aparato que organiza la elección estaría mermado y estaría disminuido al mínimo, sería un grave riesgo, hubiera conflictos post electorales, hasta violencia pudiera haber”, dijo. Messeguer Guillén
En defensa del Impepac
La Barra de Abogados Electorales, a través de su presidente, Gilberto González Pacheco, manifestó que ante la posibilidad de que transite el Plan B, hay confianza en que los diputados locales eviten el desmantelamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).
“En la autodeterminación que tienen los congresos estatales, yo espero que haya la valentía por parte de los diputados que, independientemente de lo que se haya aprobado a nivel nacional, se ajuste a las necesidades de lo que requiere el estado de Morelos para el proceso electoral 2024”, dijo.
Advierten de afectaciones al proceso electoral
La consejera del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Elizabeth Martínez Gutiérrez, explicó que el Plan B se compone de dos paquetes: el primero en materia de propaganda gubernamental que contempló la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado el 27 de diciembre de 2022.
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El segundo contempla las modificaciones a normas electorales y se encuentra pendiente en el Senado, y se espera que sea aprobado en el marco del inicio del segundo periodo de sesiones del segundo año de la LXV Legislatura; éste contempla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las cuales, asegura, transgreden lo dispuesto en la Constitución en el marco normativo que rige todo un proceso electoral.
Explicó que la reforma, en cuestiones de estructura, afectaría al Órgano Publico Locales Electoral (OPLE), ya que dispone que deben contemplarse dos áreas en específico: la organización de las elecciones y la administrativa- jurídica, dejando fuera a la unidad de género.
Asimismo, los limitará en cuestiones de salarios y percepciones de los consejeros; y en el caso de elecciones federales, el proceso electoral iniciaría la tercera semana de noviembre, cuando, de acuerdo con el reglamento acutal, empieza en septiembre de este año, “lo cual hace que se retrasen todos los trabajos que son necesarios para la organización de la elección, como la contratación de los capacitadores asistentes electorales (CAES), quienes organizan de manera directa con la ciudadanía las elecciones, e incluso la capacitación de los propios integrantes de las mesas directivas”, explicó.
El Plan B también podría obstaculizar las candidaturas de grupos vulnerables como personas con discapacitad, de la comunidad LGBT+, personas indígenas, así como afroamericanos o afrodescendientes, pues no habría especifidad, consideró la consejera Mayte Cazales.
Asimismo, el Programa de Resultado Preliminares (PREP) sufriría modificaciones en los tiempos, es decir que el domingo de elección arrancría el PREP junto con el cómputo de resultados, por lo que se necesitaría una mayor capacitación.
Son pocas empresas certificadas por el INE que pueden llevar el PREP, por lo que se deben contratar con antelación, y al no saber qué pasará con la reforma, seguramente saldrá más costoso y se tendría que adecuar a marchas forzadas.
En una entrevista que la consejera presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, sostuvo en días pasados con El Sol de Cuernavaca, explicó que el Plan A de la Reforma Electoral golpeaba de manera severa los OPLES, los desaparecía sin decir quién se haría cargo de las elecciones locales, “y con el Plan B, que son leyes secundarias, se puntualiza las adecuaciones que se harán a la Constitución Política Mexicana”.
Es preocupante, dijo, que el Plan B eche para atrás todo lo que se ha logrado con las acciones afirmativas; “considero que el tema de la representatividad de las minorías es muy importante, se ha demostrado con diferentes ejercicios que se han llevado a cabo, empezando con el tema de la paridad de género”.
Indicó que en caso de que el Plan B proceda, como OPLE, van a tener que tomar cartas en el asunto y apoyar en la logística de las elecciones y estructuras que le correspondían al INE.
Asimismo, indicó que no puede interponer una controversia constitucional porque no es la afectada directamente, puede interponer un juicio de protección de derechos políticos electorales (JDC) y otros recursos jurídicos.
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