La diputada local Paola Cruz Torres informó que la próxima semana podría ser votada en el Pleno la Ley Ingrid, con la cual se busca castigar a quien difunda imágenes de víctimas.
La legisladora local indicó que el dictamen de la Ley Ingrid se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se llevó a cabo su discusión y debate, y se tomó la decisión de hacer unas modificaciones, mismas que se espera queden listas la próxima semana y pueda ser sometida al Peno en sesión ordinaria.
“Recordemos que esta es una ley que penaliza la revictimización al sobreexponerse las fotografías de las víctimas, lo que queremos es precisamente la protección de los datos, de las imagines”, explicó.
Cruz Torres indicó que sobre todo, se busca actuar contra los primeros respondientes ya que son ellos quienes llegan en primera instancia al lugar donde se haya suscitado algún delito y, desafortunadamente, se trata en la mayoría de ocasiones de servidores públicos, quienes llegan de primera instancia a una escena de violencia y se difunde información e imágenes a medios de comunicación y en redes sociales.
Paola Cruz aseguró que existe voluntad política para continuar con el apoyo a las mujeres desde el ámbito legislativo, prueba de ello agrego es que en la sesión ordinaria del dos de diciembre se aprobaron la Ley Contra la Violencia Vicaria y la Ley Monse.
La Ley Contra la Violencia Vicaria busca evitar que las mujeres sean violentadas a través del arrebato de sus hijos y proteger a las infancias; mientras que la Ley Monse castigara a los que encubran a feminicidas.
Asimismo, la legisladora señaló que en el caso de la Ley Tres de Tres es más complicada su aprobación, ya que aún no ha sido dictaminada y tendría que ser aprobada por los 36 municipios.
La iniciativa ciudadana “3 de 3 Contra la Violencia hacia las Mujeres” fue presentada el 19 de octubre por Paola Cruz en conjunto con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala. Ésta, busca que sea requisito obligatorio para ocupar algún cargo público o de elección popular, incluyendo órganos autónomos y niveles de gobierno, que no sea deudor de pensión alimenticia, agresor sexual (incluyendo el acoso y hostigamiento sexual), así como no ser agresor de mujeres en el ámbito familiar, público o político.
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