En diversos momentos y discursos hemos escuchado que la Cámara de diputados es “la casa del pueblo”, eso significa que es ahí donde atienden las demandas más sensibles de la sociedad, pero qué sucede cuándo los legisladores entran en conflicto, cómo es que se puede atender esa obligación.
En las últimas dos legislaturas LIII (2015-2018), LIV (2018-2021) y la que actualmente está en funciones la LV (2021-2024), el Poder Legislativo se ha visto inmerso en una crisis interna que lo ha llevado a una parálisis legislativa por espacios prolongados.
En la LIII legislatura, la bancada del PRD logró “construir” una mayoría legislativa a través de la cual logró hacerse del control absoluto de la Cámara, relegando por completo a diputados del PAN, PRI, Nueva Alianza y PES. La legislatura comandada en aquel momento por la diputada Hortencia Figueroa Peralta avaló todos y cada uno de los actos del gobernador en turno, Graco Ramírez, pero además usó la mayoría legislativa para autorizarse un paquete de jubilaciones que a la postre fueron conocidas con el mote de “doradas” debido a los altos montos con las que fueron autorizadas y destinadas principalmente, para los colaboradores cercanos y familiares en primer grado de los diputados perredistas y sus aliados.
Los diputados de la LIV legislatura, la primera integrada por 20 diputados, de los cuales 14 era mujeres, asumieron funciones el 1 de septiembre del año 2018 y prometieron en ese momento “no parecerse a sus antecesores”. La realidad fue otra. Los diputados inauguraron la práctica de dividirse en bloques legislativos y evitar así que alguno de ellos tuviera la mayoría (de los 14 votos) que les permitiera avanzar en la designación de nombramientos y aprobación de los asuntos legislativos. Por un lado, el G-7 y G13, en el que estaban los diputados del PES, que de igual manera inauguró la práctica de despedir al personal del otro bloque, con el que no había coincidencias.
El G7 acusaba de manera reiterada al G13 de solapar la falta de resultados del gobernador en funciones, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Los enfrentamientos internos provocaron que la legislatura aprobara fuera del plazo legal el Presupuesto de Egresos para el gobierno de Morelos, lo cual incluso les fue señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no aprobaran tampoco las leyes de ingresos de los municipios, y que ni siquiera pudieran avanzar en una Agenda de Género pese a ser la primera legislatura en la que la mayoría de sus integrantes eran mujeres.
En el último día del ejercicio constitucional de la legislatura, los diputados del PES pretendieron avanzar en la designación de nombramientos como el de la directora del Instituto de la Mujer, pero fracasaron. Al final, el vicepresidente de la Mesa Directiva, José Luis Galindo, prácticamente en solitario tuvo que clausurar el último periodo ordinario de sesiones.
La LV legislatura entró en funciones el 1 de septiembre de 2021, y se comprometió a dignificar el papel del legislador pues reconocían que la ciudadanía ya está cansada de los pleitos en el Congreso. Sorprendieron cuando incluso días antes de entrar en funciones, pudieron ponerse de acuerdo respecto a quién presidiría la Mesa Directiva y quién la Junta Política y de Gobierno.
Cuando llegó el análisis del Paquete Económico enviado por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, otra vez todo cambió. La legislatura otra vez se dividió.
Los diputados del PAN, PRI, Nueva Alianza y MC conformaron lo que se conoce hasta ahora como el bloque del G-11 y por otro lado, MORENA, RSP, PES y PT, integran e G-9.
El PAN y aliados acusaron a Morena de negarse a “moverle una coma” a la propuesta presupuestal, luego les quitarían las presidencias de las comisiones legislativas que tenían, removerían a la diputada morenista Paola Cruz de la presidencia de la Junta Política y de Gobierno, y darían de baja al personal asignado al G-9.
Hasta ahora el enfrentamiento prevalece en el Congreso; Morena acusa al PAN de autoritarismo y el PAN y aliados sostienen que es el G9 el que se niega avanzar en el desahogo de los temas legislativos.
En su intervención del 15 de diciembre, último día del primer periodo ordinario de sesiones, en el que no se alcanzaron los 14 votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2022, el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez Zavala, lamentó que a la legislatura “la hubieran dividido”.
En su más reciente discurso, el 1 de febrero, con motivo del inicio del segundo periodo ordinario el diputado Zavala reprochó la intromisión del Ejecutivo en la vida interna del Congreso.
El ex diputado Othón Sánchez Vela, quien siendo único legislador de Nueva Alianza en la LII legislatura fue electo presidente de la Mesa Directiva por dos años, lamentó la crisis en la que se encuentra el Poder Legislativo que trae como consecuencia una serie de afectaciones al Estado; uno de esos temas tiene que ver con la falta de consensos para la aprobación del Presupuesto de Egresos para el actual ejercicio fiscal.
La LII legislatura que entró en funciones el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de agosto de 2012 fue una legislatura en términos generales estable, que se distinguió por el debate parlamentario.
Durante la entrevista, el ex presidente de la Mesa Directiva recordó que en la LII legislatura conformada por 30 diputados siempre prevaleció el diálogo “y logramos tener buenos acuerdos porque siempre predominó el diálogo para sacar acuerdos a favor del Estado”.
Lamentó que la LV legislatura se encuentre en parálisis legislativa y que castigue a un grupo de diputados con el retiro de sus comisiones y personal asignado.
En su consideración, la crisis actual por las que atraviesa el Legislativo se debe a la falta de oficio político “muy grande” y un exceso de soberbia.
“No se está privilegiando el diálogo, más bien hay un grupo que quiere imponer sus ideas y eso no está bien. En política se debe estar dispuesto a ceder y negociar, pero lo principal, anteponer el interés público”, recomendó.
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