La actual legislatura se ha caracterizado por realizar aprobaciones rápidas, iniciativas, reformas o dictámenes que son votados al vapor o bajo el precepto de “urgente y obvia resolución”, como fue el Paquete Económico 2023, la creación del Órgano Calificador y la extensión en el cargo de magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Las decisiones del Congreso han llevado a los diputados a tener conflictos con otros poderes, en especial con el Ejecutivo, encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, principalmente por la aprobación del Paquete Económico 2023 y la cancelación de las libres transferencias, diferencias que llegaron, incluso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (TSJ).
El 26 de octubre de 2022, el grupo de diputados denominado G15 aprobó un presupuesto alterno al que presentó el Ejecutivo local, al argumentar que es facultad del Congreso la asignación del presupuesto.
Asimismo, en la última sesión del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, que se realizó el 15 de diciembre de 2022, aprobaron una modificación a la ley para crear un procedimiento para la destitución a la entonces titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América “N”, quien se encuentra sujeta a una investigación por presunto abuso de atribuciones y peculado.
Polémicos nombramientos
El 29 de septiembre de 2022, los diputados nombraron de último momento a la magistrada del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA), Adriana Pineda Fernández, y a Isela Guadalupe Chávez Cardoso como presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
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Durante la sesión hubo varios receso y solo acudieron 16 de los 20 legisladores. Los ausentes, la mayoría del G5: Ariadna Barrera, Arturo Pérez y Edi Margarita Solano, además del priista Eliasib Polanco.
Presidentes del TSJ estarán más tiempo en el cargo
En junio pasado, los legisladores aprobaron el decreto 1230 con el que se derogan y reforman dos artículos de la Constitución local, extendiendo el periodo de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de dos a cuatro años.
Con esta modificación que fue aprobado en fast track (vía rápida) se vio beneficiado el actual magistrado presidente del Tribunal, Jorge Gamboa Olea.
Posteriormente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) impugnó la ampliación del mandato en la presidencia del TSJ de Morelos al considerar que hubo invasión de poderes.
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Otra aprobación que causó la indignación del G5, inclusive de abogados, ocurrió el 7 de junio de este año, con la reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar el haber de retiro a los magistrados.
Se establece como una prestación periódica y vitalicia, es decir que al morir el magistrado el beneficio se extenderá a favor de cónyuge o concubina, así como hijos menores de edad. Días posteriores de su aprobación, el gobernador Cuauhtémoc Blanco vetó la reforma, al considerar que no se justifica, ni es procedente.
Comisión de feminicidios, sin resultados aparentes
Tras el asesinato de la legisladora Gabriela Marín y el caso de Ariadna Fernanda, el Congreso de Morelos, en específico a iniciativa del G15, crearon en noviembre del año pasado la Comisión Legislativa Especial para el seguimiento de feminicidios, misma que preside el diputado Alberto Sánchez Ortega; comprometiéndose a brindar un primer informe de resultados en un lapso de 15 días a partir de la presentación de los expertos.
A dos meses de que se cumpla el primer año de la creación de la comisión especial no se ha rendido ningún informe, argumentando reservas para no entorpecer las investigaciones.
Y muchos más...
El pasado mes de mayo, nuevamente el G15 aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado para la creación del Órgano Político Calificador, el cual sustituye las funciones de la Junta Política y de Gobierno en el proceso de selección de magistrados, convocatorias que ya fueron emitidas la semana pasada.
En la primera sesión ordinaria del actual periodo legislativo, el diputado de Movimiento Ciudadano Julio César Solís presentó y se aprobó como de urgente resolución el dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos y en la cual se reglamentan las ausencias de las personas titulares en los órganos constitucionales autónomos.
El gobernador Cuauhtémoc Blanco aseguró que se trató de una acción de los diputados “en los oscurito” para beneficiar al fiscal Uriel “N”, quien se encuentra detenido desde el 4 de agosto por el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda.
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Por su parte los legisladores del G15 han advertido que de acuerdo a la nueva reglamentación existe la figura de un fiscal ausente y no definitiva, por lo que no se puede nombrar uno nuevo.
Existen otros casos, como diversas leyes y disposiciones para garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres, o establecer penas más severas, que, si bien son necesarias, la crítica, sobre todo de los legisladores del G5 ha sido la falta de socialización y análisis previas de las misma, ya que muchas fueron presentadas de último momento en sesión y votadas como de urgente y obvia resolución.
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