La criminalización de la interrupción del embarazo viola el derecho a la discriminación de las mujeres o personas gestantes al penalizar ciertos procedimientos médicos que se aplican a las mujeres, lo que impide acceder a servicios de salud en igualdad de condiciones, informó la secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Nadxieelii Carranco Lechuga.
Lo anterior, luego de hacer entrega, junto con 35 organizaciones civiles y colectivas feministas, la iniciativa que busca reformar el Código Penal y la Ley de Salud, ambos del estado de Morelos, para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo al Congreso del estado.
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Carranco Lechuga dijo que la iniciativa está basada en los criterios de acción de inconstitucionalidad 148/2017 y del amparo en revisión 267/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como en estándares internacionales. Destacó que tiene como propósito despenalizar el aborto voluntario y legalizar los servicios de salud, públicos y privados, para la interrupción voluntaria del embarazo en el estado de Morelos.
¿Qué contempla la iniciativa para despenalizar el aborto?
- Eliminar la criminalización de las mujeres y personas gestantes que decidan voluntariamente realizarse un aborto.
- Reconocer como delito el aborto forzado.
- Eliminar las causales del aborto, a excepción del riesgo de vida o de salud de la mujer y persona gestante.
- Reconocer la obligación del Estado de proporcionar, de forma gratuita, segura y bajo estándares internacionales, interrupciones voluntarias del embarazo.
- Establecer 13 semanas como límite gestacional para la atención sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo.
- Establecer un plazo de dos días naturales para que los servicios de salud pública realicen la interrupción voluntaria del embarazo a partir de su solicitud.
- Definir un plazo de dos días naturales para que el Ministerio Público, el DIF estatal y los DIF municipales emitan la autorización cuando la solicitante sea menor de 12 años y no cuente con la autorización de su padre, madre, tutor o representante legal.
- Reconocer la objeción de conciencia del personal médico, pero también la obligación de los servicios de salud públicos para garantizar que siempre haya personal no objetor de conciencia que proporcione el acceso a abortos seguros, legales y gratuitos.
- Incluir la obligación de proporcionar información y servicios en materia de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar de forma integral en las instituciones públicas de salud del Estado.
La iniciativa fue entregada a la diputada Martha Melissa Montes de Oca Montoya, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, quien se comprometió a darle atención y seguimiento jurídico a la iniciativa.
Mi obligación como presidenta de la comisión es ponerme al servicio del pueblo de Morelos, y este recinto del Congreso del Estado es un recinto que va escuchar a todas las voces.
Esta es la tercera ocasión que la CDHM presenta esta iniciativa, misma que en la anterior legislatura fue rechazada para ser discutida en el pleno.