En una época en la que parece que las instituciones son obligadas a tomar partido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) toma partido por la ciudadanía, aseguró el ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, durante su segundo informe de actividades en el que destacó la reducción de hasta 30 por ciento en el índice de violación a los derechos humanos por parte de las autoridades morelenses, y la disminución en casi la mitad de las quejas interpuestas contra las instituciones.
Para el presidente de la CDHEM, uno de los logros en su segundo año de gestión fue la reducción de casi 50 por ciento en las quejas, mecanismo del que se radicaron sólo 516 en 2017, contra más de mil que hubo en 2016. La disminución en el índice, explicó, se debe principalmente a la importancia que se ha dado a buscar soluciones a través de la gestoría, asesoría jurídica y acompañamiento en trámites, para atender los problemas de la gente, antes que hacerla enfrentar el largo trayecto que significaría la queja.
Hace falta mayor participación y conciencia de los agentes estatales sobre el respeto a los derechos humanos fundamentales, reconoció el ombudsman local; así como hacer a un lado la renuencia oficial a la capacitación de los cuerpos policíacos, lo que ha mantenido un estado de violencia en el estado “en el que mucho tienen que ver los cuerpos policíacos al no atender los protocolos que se tienen previstos para la detención”, afirmó.
No obstante, hay una disminución favorable en el número de violaciones a los derechos humanos que se registran en el estado, aunque nunca será suficiente “una sola violación a los derechos humanos es muy grave”, aunque reconoció que la reducción de entre 25 y 30 por ciento en el índice resulta significativa.
Los números más altos en materia de quejas los tienen la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), “esto hay que entenderlo en virtud de que es una población mus amplia la que se encuentra atendida, no menos de 450 mil escolares, 350 mil padres de familia, y 22 mil trabajadores, es natural que en ese contexto sucedan una serie de violaciones a los derechos humanos”, agregó.
En su informe, Olivares Brito estuvo acompañado por representantes del Gobierno del Estado y presidencias municipales, empresarios, instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales y otros ombudsperson.
