Ayer diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia penal por los delitos de ejercicio indebido de las funciones, peculado y desviación de recursos en contra de los ex presidentes de la Mesa Directiva, la Junta Política y de Gobierno (JPyG), y de la Comisión de Vigilancia en la LIII Legislatura ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González, esta acción fue consecuencia de los depósitos que los ex diputados debieron realizar al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, al desviar más de 20 millones de pesos.
La denuncia es específicamente hacia las perredistas Hortencia Figueroa Peralta, y Beatriz Vícera Alatriste, el priista Francisco Moreno Merino, como ex presidentes del Congreso y los perredistas Silvia Irra Marín, así como Julio Espín Navarrete, quienes fueron presidentes del Comité de Vigilancia, a quien señaló de haber permitido la malversación de los fondos del Poder Legislativo.
Precisó que la denuncia nació de una investigación que llevó a cabo al interior de la Comisión, presentando documentos probatorios y que en un ejercicio democrático dieron acceso a colegios, asociaciones y barra de abogados, para que también arroparan esta denuncia y que sea una denuncia que viene con el consenso de abogados del estado de Morelos y de los 20 diputados de la LIV Legislatura.
Detalló que dentro de la denuncia se integran los tres convenios que firmaron cada uno de los presidentes, el convenio da testimonio de que no hicieron los pagos de trabajadores, puesto que a pesar de haber descontando los pagos quincenalmente, el Congreso no los entregó al ICTSGEM y prefirieron hacer un convenio donde hacían un reconocimiento de deuda, "que hoy se traduce en reconocer que mal utilizaron los fondos para un destino muy diferente que era pagarle al Instituto. Hicieron esos convenios, los fallaron en tres ocasiones y lo más grave es que piden en uno al entonces secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna que sea haga un pago de 12 millones de pesos a costa de las participaciones del Congreso”.
Por su parte, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, aseveró que realizará las diligencias necesarias hasta determinar si existen los elementos de los delitos denunciados, ya que informó que existen dos denuncias más en contra de los integrantes de la pasada Legislatura; "son varios delitos, nosotros habremos, en su caso, de reclasificar si es necesario".
Sin embargo, reiteró que será imparcial en su trabajo, pese a haber sido designado en la pasada administración, al deberse actualmente a la ciudadanía apegando su actuar a derecho.
Durante la entrega, los legisladores asistentes entregaron y ratificaron la denuncia presentada en la oficina de la Vicefiscal Anticorrupción, Guadalupe Flores Servín.