Morelos, que bien podría ser reconocido como pionero en la integración de las libertades de la diversidad sexual al marco legal y la convivencia social en general, vive hoy una realidad que contrasta con el santuario de tolerancia y aceptación que una vez se pretendió construir.
Desde que en 2016 la entidad se convirtió en una de las primeras del país en legalizar el matrimonio igualitario, se perfiló como un faro de inclusión y diversidad. En el año 2021 los legisladores dieron otro paso al aprobar la Ley de Identidad de Género, que permite a las personas elegir legalmente el género con el que se identifican.
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Pero, ¿cómo un movimiento que surgió para propiciar el respeto y libertad de ser cayó en la desacreditación?
Autocrítica
Para entender el descontento que prevalece actualmente resulta esencial considerar las opiniones de quienes han estado inmersos en la lucha por los derechos LGBTQ+. Por ejemplo, Israel Dirzo, representante del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos y Diversidad Sexual en Morelos, proporciona una perspectiva crítica sobre este asunto:
“Las marchas son históricas y son sociales y son de reclamos, son de exigencia y el hecho de que hoy haya personas políticas o funcionarios públicos que quieran hacer una marcha a modo llamándole incluso marcha, se me hace aberrante”, opina el activista sobre el curso que han tomado las manifestaciones públicas de la comunidad, últimamente repletas de marcas y nombres de funcionarios públicos o aspirantes a algún cargo de elección popular.
Las marchas del orgullo LGBTQ+ tienen sus raíces en la resistencia y el desafío a la discriminación y violencia. Su origen se remonta a finales de junio de 1969, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, con los disturbios de Stonewall.
En una época donde la sociedad era tremendamente hostil hacia las personas con identidades sexuales y de género no normativas, la redada policial al bar Stonewall Inn, un lugar de encuentro para la comunidad LGBTQ+, desató una serie de protestas y disturbios que marcaron un punto de inflexión.
Este evento provocó una oleada de activismo que finalmente condujo a la primera marcha del orgullo gay en 1970, en el primer aniversario de los disturbios de Stonewall.
Manoseo político y de marcas
La irrupción de fuerzas políticas y comerciales en las marchas LGBTQ+ es uno de los principales elementos detrás de esta percepción de pérdida de autenticidad. En lugar de ser espacios de protesta y reivindicación las marchas han adquirido un tono más comercial y político, alejándose del espíritu original que impulsó su creación.
“Las marchas son sociales, son para seguir gritando lo que nos hace falta y también recordar lo que hemos avanzado”, añade Dirzo.
La evidente disociación entre las promesas comerciales y las acciones reales también es un problema. Ejemplo de ello es el caso de Angie Vilchis, una empleada trans de Walmart en Cuautla que fue despedida por no estar “a la altura del puesto”, según recuerda Vilchis, quien denunció públicamente esta situación en el año 2015. Vilchis trabajó por más de 10 años en la compañía y, tras su despido, denunció a la empresa por discriminación.
Esta situación deja al descubierto la doble moral de ciertas marcas que buscan mostrarse como aliadas del movimiento, pero cuyas prácticas internas contradicen ese posicionamiento, opina.
Es hora de volver a proponer y actuar
Carlos Batalla, otro defensor de los derechos LGBTQ+ en Morelos, y particularmente de quienes viven con VIH, comparte una preocupación similar sobre el uso indebido del movimiento por personas ajenas a la causa, que tergiversan los motivos originales.
“Tenemos casos como el de la marcha Pride en la Ciudad de México que se vio comercializada. Esto nos hace ver a la comunidad de una u otra forma, como que estamos vendiendo el tema, y no es así”, explica.
Para Batalla el desafío no es solo recuperar la esencia de la protesta y la reivindicación en las marchas, sino también trabajar para sancionar los discursos de odio que se han infiltrado en las instituciones gubernamentales.
“El estigma y la discriminación persisten, y aunque ha disminuido un poco, los discursos de odio ahora también provienen del gobierno”, lamenta.
Consciente de los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en Morelos, el activista ha presentado dos iniciativas al Congreso de Morelos:
- La primera busca agregar una categoría de diversidad sexual al Premio Estatal de la Juventud, y parece tener buenas perspectivas de ser aprobada.
- La segunda es una propuesta más desafiante que busca derogar el artículo 136 del Código Penal del Estado de Morelos, que se considera ambiguo en relación con las enfermedades contagiosas y que, en su opinión, criminaliza a quienes viven con VIH.
“A quien sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio a otro, mediante cualquier medio de transmisión del mal, se le aplicará de seis meses a un año de prisión y tratamiento en libertad hasta por un año”, dice el artículo.
Y continúa: “Si fuese incurable la enfermedad que padece el agente, se duplicará la sanción privativa de libertad establecida en el párrafo anterior”. La aprobación de estas iniciativas es incierta, especialmente en un clima político donde algunos legisladores son reacios a abordar temas que puedan ser controvertidos.
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